El consorcio español que integrará Telefónica, ACS y Banco Santander presentará en septiembre su candidatura para albergar una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que Bruselas proyecta levantar en la Unión Europea. La iniciativa, pilotada por el Gobierno a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) — la antigua SEPI Digital — y con la Generalitat de Cataluña como socio, movilizará una inversión cercana a los 5.000 millones de euros y opta a uno de los desarrollos tecnológicos más ambiciosos del bloque.
El reparto del capital: 51% privado, 49% público
La estructura accionarial del consorcio refleja un equilibrio inusual entre iniciativa pública y privada. Telefónica, ACS y Santander controlarán cada uno un 15,67% del capital, sumando un 47% conjunto. Con la entrada de Multiverse Computing, que aporta un 4%, el bloque privado alcanza el 51% y se asegura el control de la sociedad. En el lado público, la SETT ostenta un 47,99% y la Generalitat dispone inicialmente de un 1%.
La gobernanza queda así definida con mayoría privada, un detalle que marca diferencias frente a otros consorcios europeos donde el peso del sector público es muy superior. Francesc Fajula, ex consejero delegado de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, asume la dirección ejecutiva de la gigafactoría.
Inversión y respaldo: 719 millones de la SETT y 300 millones a EuroHPC
El Consejo de Ministros autorizó en julio una inversión de 719 millones de euros a través de la SETT para el proyecto, a lo que se suma la contribución voluntaria de 300 millones aprobada en junio con destino a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC). Estas cuantías son la semilla de los 5.000 millones que se espera movilizar entre fondos públicos y privados.
El proyecto contará con una doble sede en Móra la Nova (Cataluña) y San Fernando de Henares (Madrid), y aspira a convertirse en un polo de computación avanzada que dé servicio a universidades, pymes, centros de investigación y administraciones públicas.
El control privado del consorcio, con un 51% del capital, marca un modelo de colaboración que diferencia la candidatura española del resto de propuestas europeas.
España ante la convocatoria europea: una carrera de 30.000 millones
La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para crear hasta siete gigafactorías de IA con un plan que prevé movilizar más de 30.000 millones de euros en inversión público-privada. Bruselas aportará hasta 10.000 millones de financiación comunitaria y nacional, y confía en atraer al menos otros 20.000 millones de capital privado. Las instalaciones, que se destinarán al entrenamiento e inferencia de modelos a gran escala, estarán al servicio de empresas, startups y organismos de investigación.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre de 2026, y las decisiones de adjudicación se esperan a principios de 2027. España quiere estar entre las elegidas apoyándose en sus fortalezas en conectividad, energía renovable y supercomputación.
Las ventajas competitivas de la candidatura española
Nuestro país llega a la carrera con argumentos técnicos sólidos: la cobertura de fibra óptica alcanza el 95,97% de la población (74,13% en la media europea) y el despliegue 5G supera el 99%. En el ámbito energético, el coste de la electricidad es inferior al de Alemania, Reino Unido o Italia, y las renovables ya superan el 60% del mix eléctrico. A ello se une una infraestructura pública de supercomputación de primer nivel, con el Mare Nostrum 5 como buque insignia, y una agencia de supervisión de IA pionera.
Qué supone la gigafactoría para el tejido productivo y el sector inversor
La dimensión del proyecto trasciende lo tecnológico. Para Telefónica, supone anclar su presencia en el negocio de la infraestructura de datos a escala continental. Para ACS, la operación conecta con su estrategia de diversificación hacia concesiones de alta tecnología, y para Santander es una apuesta por el ecosistema de innovación del que extraerá clientes y financiación especializada. En conjunto, el trío de grandes empresas españolas que controlan el 47% del capital está tomando posiciones en un segmento que Bruselas considera crítico para la autonomía estratégica.
El modelo de gobernanza privada otorga agilidad, pero también concentra el riesgo de ejecución y de demanda futura de los servicios de computación. La experiencia de otros megaproyectos europeos — como los grandes centros de procesamiento de datos en los países nórdicos — muestra que el éxito depende tanto de la oferta de capacidad como de que exista una demanda cautiva. En este caso, el respaldo público y los contratos con la administración juegan a favor.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La fecha de cierre de la convocatoria europea, el 12 de noviembre de 2026, y cualquier filtración sobre la posición relativa de la candidatura española frente a las otras aspirantes.
- Reacción del valor: Aunque el proyecto no impacta directamente en las cuentas a corto plazo, un desenlace favorable reforzaría la percepción de Telefónica, ACS y Santander como actores clave en la digitalización europea, un factor que el mercado suele premiar con múltiplos más altos.
- Precedente sectorial: El desenlace de las gigafactorías de baterías y semiconductores (IPCEI) ha mostrado que la adjudicación final suele recaer en consorcios con fuerte músculo inversor y amplio respaldo público, un perfil que la candidatura española cumple.
