He seguido con atención la votación que acaba de celebrarse en Nueva York. La Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) ha destituido hoy a su fiscal jefe, Karim Khan, por considerar probada una «falta grave» y un «grave incumplimiento de sus deberes» conforme al artículo 46 del Estatuto de Roma. La decisión, que contó con 82 votos a favor de los 125 Estados con derecho a voto —muy por encima de la mayoría absoluta de 63—, se produce tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) sobre acusaciones de conducta sexual indebida presentadas por una antigua colaboradora.
La votación que apartó al fiscal: 82 Estados contra Khan
La presidenta de la Asamblea, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, fue la encargada de comunicar el resultado. La acusación se basa en supuestos contactos sexuales no consentidos ocurridos entre marzo de 2023 y abril de 2024 durante viajes oficiales y en dependencias vinculadas a la Fiscalía. Khan ha negado los cargos «desde el principio» y su defensa ya ha anunciado que impugnará la destitución por todas las vías legales disponibles.
«La decisión no está respaldada por ninguna conclusión jurídica ni debidamente fundamentada que determine que el jurista británico incurrió en mala conducta o incumplió sus obligaciones como fiscal.» — Equipo jurídico de Karim Khan, comunicado oficial, 24 de julio de 2026
El ya exfiscal sostiene que el procedimiento vulneró sus derechos fundamentales. El principal argumento de la defensa es que un panel jurídico independiente nombrado por la Mesa de la Asamblea —órgano ejecutivo de la CPI que reúne a 21 de los 125 miembros— concluyó por unanimidad que la investigación de la OIOS no acreditaba una conducta de mala conducta «más allá de toda duda razonable». Sin embargo, la Asamblea ignoró ese dictamen.
Las irregularidades que la defensa considera invalidantes
Varios elementos del proceso han encendido las alarmas entre juristas. La defensa de Khan enumeró en un comunicado fallos graves: la Mesa ignoró el informe de los jueces independientes, ni Khan ni sus abogados pudieron intervenir en la sesión en la que se votó su destitución, y las reglas procedimentales fueron modificadas durante la tramitación del caso. En palabras de su equipo, «cualquiera de estos defectos habría sido grave. Juntos significan que la destitución de Khan fue decidida mediante un procedimiento en el que nunca se le dio una oportunidad justa de ser escuchado».
Khan también recordó que se encontraba sometido a sanciones personales —sin precisar cuáles— mientras se desarrollaba la investigación. Su entorno advierte de que la independencia de la CPI «depende de que sus cargos electos estén protegidos frente a procesos de destitución que sean políticos, procesalmente injustos o incompatibles con las conclusiones de órganos judiciales independientes».
¿Qué implica esta destitución para la CPI y la justicia internacional?
Lo que veo aquí no es solo la caída de un alto funcionario. Es una sacudida a la credibilidad del único tribunal permanente con jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. La CPI ya arrastraba críticas por su escasa eficacia y por la percepción de que sus investigaciones se concentran en África mientras las grandes potencias escapan a su alcance. Añadir ahora un cese polémico, en medio de acusaciones de irregularidades procesales, alimenta el discurso de quienes sostienen que la Corte actúa guiada por presiones políticas, no por estándares judiciales sólidos.
El momento es especialmente delicado. La CPI mantiene abierta una orden de arresto contra Vladímir Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos y ha emitido otras contra altos cargos israelíes y de Hamás. La destitución de Khan, que había impulsado esas líneas de investigación, puede ser interpretada por los adversarios de la Corte como un síntoma de debilidad y descomposición interna. La pregunta que me hago es si los Estados Partes —empezando por los europeos, que son los principales financiadores y defensores de la CPI— serán capaces de restaurar la confianza con un proceso de sustitución impecable o si el daño reputacional será lo bastante profundo como para restar eficacia a las futuras decisiones del tribunal.
En los próximos meses habrá que observar quién ocupa el cargo interinamente y, sobre todo, con qué mandato. La credibilidad de la CPI no se mide solo en votaciones; se mide en la percepción de que sus fiscales actúan sin sesgos y con todas las garantías. Esa percepción hoy está seriamente dañada.
🌍 El impacto en España y Europa
La Unión Europea es uno de los bloques que más apoyo político y financiero presta a la CPI. España, en particular, ha sido un firme defensor del tribunal desde su creación y alberga a varios de sus magistrados. Esta crisis llega en un momento en que la UE necesita una justicia internacional robusta para mantener el aislamiento diplomático de Rusia y para sostener el orden liberal que sustenta el comercio y la seguridad globales. Si la CPI se debilita —o si sus decisiones dejan de ser percibidas como legítimas—, se corre el riesgo de que los Estados abusen de la impunidad. Para las empresas europeas con intereses en zonas de conflicto o en países sancionados, un deterioro de los mecanismos de rendición de cuentas añade inseguridad jurídica y reputacional. Bruselas tendrá que calibrar si sigue apostando por un organismo cuya gobernanza interna muestra fisuras evidentes.
