EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Tres incidentes en obras de movilidad en Barcelona en dos semanas: un socavón en la L9, un derrumbe en el soterramiento de la R2 y una explosión de gas en las obras de la L5 en Plaça de Sants con ocho heridos, dos de ellos graves.
- ¿Quién está detrás? Las obras son competencia de la Generalitat (L9 y L5) y de Adif (R2). Los gobiernos autonómico y municipal están en manos del PSC y el PSOE.
- ¿Qué impacto tiene? La oposición (Junts, ERC, PP, BComú, Vox) reclama responsabilidades políticas y pide dimisiones, elevando la presión sobre el alcalde Jaume Collboni y el president Salvador Illa.
Barcelona ha encadenado tres incidentes graves en obras de movilidad en apenas dos semanas. El último, una explosión de gas durante los trabajos de mejora de accesibilidad de la estación de metro de Plaça de Sants (L5), ha dejado ocho heridos —dos de ellos graves— y ha prendido la mecha política.
Cronología de una cadena de fallos: del esvoranc de la L9 al incendio en Sants
El primero de los sucesos se registró en la zona alta. Las obras de prolongación de la L9 de metro entre Sarrià y Mandri provocaron un esvoranc (socavón) en Sant Gervasi-La Bonanova que estuvo a punto de engullir a un trabajador que operaba una grúa. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas.
Apenas unos días después, un derrumbamiento en el soterramiento de la R2 de Rodalies a su paso por Vallbona volvió a encender las alarmas. El desprendimiento de tierras, en obras ejecutadas por Adif, obligó a cortar la circulación ferroviaria durante horas, aunque tampoco dejó heridos.
Pero la noche del 22 de julio de 2026 cambió el signo. Una fuga de gas durante los trabajos de accesibilidad de la L5 en la céntrica plaza de Sants desencadenó una deflagración y una gran llamarada. El balance fue dramático: ocho personas heridas, dos de ellas en estado grave, cinco vecinos desalojados y varias calles cortadas durante horas. Los servicios de emergencia tardaron más de doce horas en extinguir por completo el fuego.
La oposición exige dimisiones: ‘La crisis de la obra pública en Barcelona tiene nombres y apellidos’
La oposición (Junts, ERC, PP BComú y Vox) ha reaccionado con contundencia. Jordi Martí (Junts) aseguró que “la crisis de la obra pública en Barcelona tiene nombres y apellidos, que son PSC y PSOE”, y pidió dimisiones. Jordi Coronas (ERC) advirtió de que “un incidente puede ser mala suerte, dos son preocupantes y tres indica que tenemos un problema serio con la seguridad de las obras” y se preguntó “si hay alguien al volante en el Govern”.
Tres incidentes graves en dos semanas no es casualidad: es un síntoma de que la supervisión de las obras públicas en Barcelona ha fallado estrepitosamente.
Daniel Sirera (PP) reclamó que se asuman responsabilidades y subrayó que “Barcelona merece unas obras seguras y bien supervisadas” porque “está habiendo demasiados errores y muy poco control”. Jess González (BComú) expresó su “preocupación” y “apoyo a las personas heridas”, mientras agradecía la labor de los servicios de emergencia.
Con un tono más irónico, Gonzalo de Oro (Vox) ironizó en redes sociales: “Un socavón casi se traga a un trabajador, en Sants ocho heridos y calles cortadas… A ver qué pasa esta tarde”. El ambiente político se caldea a medida que se acumulan los fallos.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
Los tres accidentes consecutivos —dos sin víctimas, uno con ocho heridos— agitan el tablero político catalán en un momento en que las grandes obras de movilidad (L9, soterramiento de Rodalies, ampliación de la L5) acumulan retrasos y sobrecostes. La zona cero es Barcelona, pero el temblor llega a los despachos de la Generalitat y del Ministerio de Transportes.
En términos de impacto, lo inmediato es la exigencia de responsabilidades políticas. Junts y ERC buscan erosionar al Govern de Salvador Illa y al Ayuntamiento de Jaume Collboni, ambos controlados por el PSC. La cifra que resume la crisis —tres siniestros en catorce días— es difícil de despachar como simple mala suerte.
Desde una perspectiva más amplia, el pulso entre administraciones es evidente: Adif (dependiente del Ministerio) y TMB (del Área Metropolitana de Barcelona) comparten la titularidad de obras que han fallado, pero la supervisión de la seguridad está repartida. La oposición subraya la coincidencia de que los gobiernos autonómico y municipal estén en manos socialistas, lo que añade munición parlamentaria.
La lectura a futuro es compleja: si no se depuran responsabilidades técnicas y políticas, la confianza ciudadana en las grandes infraestructuras podría resentirse. Además, cualquier nuevo incidente podría acelerar las peticiones de comparecencias e incluso la exigencia de una comisión de investigación.
Mientras tanto, los vecinos de la plaza de Sants y los usuarios de Rodalies se preguntan cuál será el siguiente punto negro. La Generalitat ha prometido reforzar las inspecciones, pero el episodio deja la sensación —y el dato— de que las obras de movilidad en Barcelona necesitan un control mucho más férreo.
