El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha abierto un nuevo frente en el debate sobre el precio de la electricidad en España: la fiscalidad del recibo de la luz. Durante la presentación de los resultados del primer semestre, el directivo señaló que “la manera más fácil y rápida de reducir el precio de la electricidad al consumidor consiste en eliminar las cargas y los impuestos que se le aplican”. Según sus cálculos, casi el 50% de la factura eléctrica corresponde a impuestos y cargas, una proporción “infinitamente superior a lo que soportan los combustibles fósiles”.
La intervención coincide con una decisión de calado en Reino Unido: el recién estrenado primer ministro, Andy Burnham, ha suprimido el IVA de la electricidad para los hogares. Galán, que conoce bien al equipo del laborista tras años de presencia de Iberdrola en el país, celebró la sintonía. “Es clave tener una reducción de impuestos aplicables a la electricidad. Ellos van a hacerlo con el IVA, así que están totalmente en línea con nuestros planes”, afirmó, dejando entrever que la compañía aspira a extender esa lógica a otros mercados, incluido España.
La presión fiscal sobre el recibo eléctrico español dista de ser anecdótica. El IVA de la electricidad se sitúa actualmente en el 21% para la mayoría de los consumidores, aunque ha vivido rebajas temporales durante las crisis de precios. A ello se suman el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y otros conceptos como el alquiler de contadores o los pagos por capacidad. El resultado es que, para un hogar medio, el coste puramente energético apenas representa la mitad del importe final.
Resultados récord y un horizonte expansivo
Iberdrola llega a este pulso fiscal con las cuentas saneadas. El grupo obtuvo un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros en el primer semestre, un 21,7% más que en el mismo periodo de 2025, y reafirmó sus previsiones para el conjunto de 2026: un crecimiento del beneficio neto ajustado superior al 8%. Galán se permitió incluso adelantar que, si las tendencias positivas del segundo trimestre continúan, podrían llegar “buenas noticias después del verano”.
Ese optimismo se apoya en la aceleración de las inversiones orgánicas en redes en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, pero también en la inteligencia artificial como palanca de eficiencia. “Hoy ya estamos trabajando para seguir superando nuestras previsiones para los próximos años”, remató el presidente.
En paralelo, la compañía acaba de dar otro paso en su estrategia de crecimiento inorgánico con la compra de la finlandesa Caruna, la mayor distribuidora eléctrica del país nórdico. La operación valora el 100% de la empresa en unos 5.000 millones de euros, deuda incluida. Galán restó hierro a la magnitud relativa de la transacción: “Estamos invirtiendo casi 40.000 o 50.000 millones al año y esto representa menos de 5.000 millones, lo cual es relativamente pequeño en comparación con otras operaciones”.
El espejo británico: ¿un modelo exportable?
La supresión del IVA eléctrico en Reino Unido supone un giro considerable. Burnham, que fue alcalde de Manchester —zona donde Iberdrola actúa como operador de distribución—, ha hecho de la rebaja de la factura energética una de sus primeras medidas. Galán, que conoce “muy bien a su equipo”, se mostró convencido de que podrán trabajar “estupendamente bien” con el nuevo Gobierno.
El gesto británico no es aislado. La Comisión Europea lleva tiempo recomendando a los Estados miembros que revisen la fiscalidad energética para evitar que los impuestos distorsionen las señales de precio necesarias para la electrificación y la descarbonización. En esa línea, Galán insistió en que una fiscalidad más ligera es “absolutamente necesaria” para lograr una red “más robusta, resiliente y de mejor calidad”.
El 50% de la factura eléctrica son impuestos, una anomalía que castiga al consumidor justo cuando la electrificación debería ser la opción más barata.
La paradoja es evidente: mientras Europa subvenciona la compra de coches eléctricos o bombas de calor, el recibo de la luz sigue soportando una mochila fiscal que los combustibles fósiles no cargan en la misma proporción. Para Galán, la solución más eficaz es aliviar esos gravámenes de forma estructural, no mediante bonificaciones temporales sujetas a vaivenes políticos.
El riesgo de trasladar el debate sin mover el marco español
La llamada de Galán acompasa el interés empresarial con un problema real de los hogares, pero choca con la realidad presupuestaria de España. El IVA eléctrico y el IVPEE aportan varios miles de millones anuales a las arcas públicas, y cualquier rebaja permanente exigiría compensar ese hueco fiscal en un contexto de reglas europeas de déficit. Además, la estructura de la tarifa regulada (PVPC) ya intenta amortiguar las subidas del mercado mayorista, aunque sin tocar la base impositiva.
El debate tiene otra arista delicada: una rebaja generalizada de impuestos a la electricidad beneficia por igual a todos los consumidores, incluidos aquellos con rentas altas que menos sufren el peso del recibo. La alternativa —bonificaciones focalizadas, como el bono social— choca con la posición de Iberdrola, que prefiere una reducción horizontal de la carga fiscal para acelerar la electrificación.
Mientras tanto, la compañía sigue fortaleciendo su posición en mercados con marcos regulatorios que Galán considera más predecibles, como el británico. La compra de Caruna y la confianza en el nuevo Gobierno laborista refuerzan esa apuesta por entornos donde la señal fiscal acompaña, en lugar de penalizar, a la energía limpia. En España, la pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda y del de Transición Ecológica, que deberán decidir si el ejemplo británico es replicable o si la prioridad sigue siendo consolidar las cuentas públicas.
