Más de 7.000 municipios españoles no comunican a la DGT la retirada de puntos de las multas gestionadas por sus policías locales. La consecuencia es rotunda: los conductores sancionados en esas localidades pagan la multa económica, pero conservan intactos los puntos de su carnet de conducir.
Qué está fallando con el carnet por puntos
El sistema del carnet por puntos, que cumplió veinte años en julio de 2026, se tambalea por una brecha administrativa que arrastra desde su nacimiento. Según una investigación publicada por El Debate, menos de 1.000 ayuntamientos de los 8.100 que existen en España comunican diariamente a la DGT las sanciones que conllevan pérdida de puntos. El resto —más del 87 % del total— no lo hace, lo que permite que los los conductores infractores sorteen la merma de saldo sin ninguna consecuencia en su permiso.
La Dirección General de Tráfico ha optado por no difundir la lista de municipios incumplidores para no convertirlos en “oasis” de la infracción. Sin embargo, las estimaciones que manejan fuentes cercanas al organismo apuntan a que alrededor del 40 % de la población española reside en territorios donde la retirada de puntos nunca llega al registro central. La sanción económica, en cambio, sí se ejecuta sin excepción: para muchos consistorios es una línea de ingresos que no están dispuestos a entorpecer.
La pérdida de puntos depende de que el ayuntamiento conecte con la DGT, y en la mayoría de los casos esa conexión no se produce ni se vigila.
Las razones de un vacío de veinte años
Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha el carnet por puntos en julio de 2006, varios municipios se mostraron abiertamente contrarios a la medida y se negaron a facilitar los datos a la DGT. Dos décadas después, aquella oposición inicial ha mutado en una inercia que el propio sistema no ha sabido corregir. Hoy la excusa principal son los problemas informáticos y de conexión con los sistemas de Tráfico, aunque para muchos expertos resulta difícil de creer que en veinte años no se haya podido resolver un simple cruce de datos.
La verdadera clave es que no existe ningún mecanismo legal que obligue a los ayuntamientos a comunicar las retiradas de puntos ni que los sancione si no lo hacen. La DGT carece de potestad para multar dentro de los municipios, salvo que la denuncia la tramite un agente de la Guardia Civil. Así, los puntos que deberían restarse por infracciones cometidas ante la policía local se quedan en el limbo administrativo.
Entre las localidades que no notifican hay ejemplos de todo tipo, incluidos núcleos que superan los 20.000 habitantes. El agravio comparativo es evidente: un conductor que cometa la misma infracción en dos municipios distintos puede salir con tres puntos menos en uno y con el saldo intacto en otro, aunque en ambos casos haya pagado la misma cuantía económica.
Análisis: una brecha que debilita todo el sistema
La situación no es un simple desajuste técnico; es un agujero que mina la credibilidad del permiso por puntos. Si casi la mitad de la población puede conducir sin el temor real a perder puntos mientras circula por su municipio, el efecto disuasorio se diluye. Y lo hace de forma injusta: el peso de la sanción recae de manera desigual según el código postal del infractor.
La DGT guarda silencio oficial sobre el problema, pero es previsible que busque una solución legislativa que dote a Tráfico de herramientas para exigir la colaboración municipal. Mientras tanto, la recomendación para cualquier conductor es clara: cuidado con el espejismo de que “aquí no quitan puntos”. El historial del carnet es único y las sanciones tramitadas por la Guardia Civil sí se reflejan en el Registro de Conductores e Infractores. Además, los ayuntamientos podrían empezar a comunicar en cualquier momento, de modo que las infracciones cometidas en el pasado también podrían ser objeto de notificación retroactiva si se establece un protocolo de regularización.
En definitiva, lo que nació como un pulso político en 2006 se ha convertido en una desigualdad que carece de justificación técnica a estas alturas. La pelota está en el tejado de la DGT y del Ministerio del Interior, que deben cerrar cuanto antes una fisura que beneficia a unos conductores y perjudica la seguridad vial colectiva.
🚨 Ficha de la Normativa
- Infracción / Novedad: La mayoría de los ayuntamientos no comunican a la DGT la retirada de puntos derivada de multas de tráfico locales, lo que permite a los infractores conservar el saldo del carnet.
- Sanción económica: No aplica (no hay sanción prevista para los municipios incumplidores).
- Puntos del carnet: No se retiran en los municipios que no notifican; el conductor mantiene intactos sus puntos.
- Entrada en vigor: La situación es actual y se arrastra desde la creación del carnet por puntos en 2006.
