Verifactu acumula dos aplazamientos y una creciente desorientación entre los obligados a aplicarlo. Apenas seis meses separan a empresas y autónomos del 1 de enero de 2027, la nueva fecha prevista para que entre en vigor el sistema de facturación en tiempo real de la Agencia Tributaria, pero los datos de Holded muestran que casi un tercio de los empresarios no sabe exactamente qué se espera de ellos.
Claves de la operación
- El Gobierno pospuso Verifactu a última hora y por segunda vez consecutiva. El aplazamiento se comunicó apenas quince días antes del 1 de enero de 2026, minando la confianza en el calendario oficial.
- Un 27% de los empresarios encuestados por Holded admite no estar familiarizado con la norma. Además, un 22% cree erróneamente que ya está en vigor, lo que agrava el riesgo de incumplimiento inadvertido.
- La factura electrónica de la ley Crea y Crece solapa sus exigencias con Verifactu y duplica la confusión. Ambas normativas afectan a la misma factura pero persiguen objetivos distintos, y Hacienda se niega a unificarlas.
Un segundo tropiezo que daña la credibilidad de la norma
El calendario original situaba el arranque de Verifactu el 1 de enero de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo decidió retrasarlo otros doce meses cuando apenas quedaban dos semanas para la fecha límite. José Rodríguez, responsable de producto en Holded y líder del proyecto de adaptación en la compañía, describe el efecto como un nuevo episodio de «Pedro y el lobo»: «Fue un retraso que se anunció quince días antes y eso le resta credibilidad a la normativa», explica a esta redacción durante la presentación de la encuesta interna de la firma.
Ese golpe de timón ha generado una inercia peligrosa. Muchos autónomos y pequeños negocios, que ya habían empezado a prepararse, han desconectado del proceso. El 27 % que reconoce no estar al tanto de qué exige Verifactu es solo la punta del iceberg: el 22 % que piensa que la norma ya está operativa podría estar facturando incorrectamente sin saberlo.
Rodríguez subraya que la comunicación de la Agencia Tributaria no ayuda. «Es muy técnica, y para una persona que no maneje estos términos resulta difícil de digerir», señala. La consecuencia es que las asesorías y los propios desarrolladores de software han asumido el rol de traductores: se ha delegado en ellos la evangelización de los empresarios, sin que Hacienda haya lanzado una campaña divulgativa masiva.
El problema no es técnico, sino comunicativo: Hacienda habla un idioma que el autónomo no entiende.
Autónomos y pequeños negocios, los más expuestos al doble aprendizaje
Los negocios que ya utilizan un software de facturación certificado apenas notarán el cambio cuando Verifactu entre en vigor: el envío telemático de los registros se hará de forma automática. Sin embargo, quienes aún elaboran facturas a mano o con herramientas no adaptadas se enfrentan a un salto brusco. «Los negocios más tradicionales o antiguos son los que más complicado lo tienen», advierte Rodríguez, «porque implica un doble aprendizaje: no solo Verifactu, sino toda la ley antifraude que lo rodea».
Un primer punto de fricción ya está activo desde el verano de 2026: cualquier factura creada con un software certificado debe bloquearse y no puede ser modificada en sus datos esenciales. Esta exigencia ha sacado a la luz prácticas asentadas durante años, como la emisión de facturas negativas cuando correspondía una rectificativa, o la edición directa de facturas ya emitidas. «Eran flujos que no cumplían la normativa, pero se habían normalizado por costumbre», aclara el responsable de producto de Holded.
En paralelo, la factura electrónica regulada por la ley Crea y Crece añade otra capa de complejidad. Aunque ambos sistemas afectan al mismo documento, la Agencia Tributaria ha rechazado unificarlos porque tienen objetivos distintos: Verifactu combate el fraude fiscal mediante el envío inmediato a Hacienda, mientras que la factura electrónica persigue el control de los plazos de pago entre proveedores. Rodríguez confirma que esta duplicidad es la duda más recurrente entre los empresarios: «La gente no entiende por qué dos leyes diferentes regulan aspectos distintos de la misma factura».
Análisis: el riesgo sancionador acecha mientras el ecosistema espera el tercer movimiento de Hacienda
El calendario que manejan hoy empresas y autónomos es claro, al menos sobre el papel: el 1 de enero de 2027 para las compañías y el 1 de julio de 2027 para los trabajadores por cuenta propia. Quedan fuera de la obligación los negocios de País Vasco (que opera con su propio sistema TicketBAI) y Navarra (que avanza hacia un modelo similar), así como las grandes empresas que facturan más de seis millones de euros anuales y ya están sujetas al Suministro Inmediato de Información (SII). La exención para los autónomos que realizan «facturas sencillas» sigue siendo una zona gris, porque la definición de «sencilla» —qué automatización o macro convierte una factura en compleja— no está resuelta.
Desde la perspectiva de Merca2, esta indefinición recuerda al arranque del propio SII, que también generó resistencias antes de consolidarse como un estándar de control. La diferencia ahora es que Verifactu apunta directamente al tejido de micropymes y autónomos, un colectivo con menos músculo administrativo y menor capacidad de absorción de cambios normativos. Las multas previstas —hasta 50 000 euros por año para el contribuyente y hasta 150 000 euros para el software que incumpla— son disuasorias, pero sin una pedagogía eficaz pueden transformarse en un coste oculto para el ecosistema emprendedor.
La recomendación de Rodríguez es pragmática: «Si ya usas un software de facturación, asegúrate de que cumple la ley antifraude. Si no lo utilizas, empieza a probar uno cuanto antes». Pero el autónomo que factura poco puede pensar que el riesgo es menor, cuando en realidad lo que cambia es el proceso, no el volumen. «Aunque factures muy poco al mes, el cambio puede ser muy gordo», insiste.
Queda por ver si Hacienda mantendrá el calendario actual o habrá un tercer aplazamiento. A estas alturas, la confianza en la fecha del 1 de enero de 2027 es frágil. Lo razonable, desde esta redacción, es prepararse como si no hubiera marcha atrás y, al mismo tiempo, exigir a la Administración una campaña informativa a la altura del reto. El margen de seis meses es suficiente para adaptarse, pero solo si el mensaje llega claro. Y, de momento, no llega.
