El Gobierno ha frenado en el Congreso la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares, que daba a un comité poder sobre vuelos.
El veto de Moncloa y las cifras que blinda Aena
La decisión, adelantada por Preferente, responde al impacto directo sobre los ingresos de Aena. Según el informe del Gobierno, una tarifa media de 10,35 euros por pasajero en 2026, frente a los 11,02 euros aprobados, restaría 32,85 millones de euros anuales de ingresos aeronáuticos al gestor. A esa cifra se suma el efecto de limitar el crecimiento del tráfico: si los cuatro aeropuertos baleares se quedaran en los 47,2 millones de pasajeros de 2025 en lugar de los 49 millones previstos para 2026, Aena perdería otros 20,55 millones. En el periodo 2027-2031, el impacto acumulado se elevaría a 359,99 millones si se congelan las tarifas y a 231,01 millones si se impide el crecimiento del tráfico.
La proposición balear contemplaba, además, que un comité con mayoría no estatal pudiera intervenir en el volumen de vuelos, las inversiones y las tasas. Para Moncloa, introducir decisiones vinculantes de ámbito autonómico alteraría la planificación de Aena y el sistema de tarifas de toda la red. También advierte de que limitar el crecimiento o las inversiones podría reducir la conectividad de las islas. El Ejecutivo respalda así el modelo de red unificada de Aena, que permite sinergias entre aeropuertos con diferente rentabilidad.
El veto incluye argumentos jurídicos. El Gobierno entiende que atribuir al Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares informes vinculantes sobre determinadas decisiones limitaría competencias que la Constitución reserva en exclusiva al Estado en materia de aeropuertos de interés general. La lectura de Moncloa es que un sistema específico para Baleares rompería el equilibrio financiero del conjunto de la red.
El choque jurídico y la batalla por el control
En esta redacción observamos una contradicción: Moncloa defiende el modelo de Aena pese a las críticas constantes de las aerolíneas por las tasas, y a la vez impide que una comunidad autónoma intente moderarlas. La tensión no es nueva, pero el veto deja una cosa clara: la cogestión aeroportuaria autonómica no forma parte de la agenda del Gobierno. El choque entre Baleares y el Estado apunta, además, a una batalla más amplia por el control de las infraestructuras turísticas, con las aerolíneas, los residentes, y las instituciones locales en primera línea.
Con este veto, Moncloa no solo protege los ingresos de Aena: cierra la puerta a que una comunidad autónoma decida cuántos vuelos pueden aterrizar y a qué precio.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto de este veto se siente en tres niveles. Primero, en el bolsillo del viajero: las tarifas aeroportuarias seguirán marcadas por Aena y el Estado, sin que Baleares pueda aplicar una tarifa plana para residentes. Segundo, en la planificación: las decisiones de inversión en los cuatro aeropuertos de las islas quedarán centralizadas. Tercero, en la conectividad: el Gobierno vincula el rechazo a evitar una pérdida de tráfico que golpearía el turismo.
La zona cero es Baleares, que mantiene uno de los mayores volúmenes de pasajeros de la red Aena. En 2025 movió 47,2 millones de pasajeros, una cifra que supera a la de muchos aeropuertos internacionales. El dato resume bien la pugna: 359,99 millones de euros es el coste acumulado que el Gobierno calcula para Aena entre 2027 y 2031 si se congelan las tarifas.
El precedente histórico está en la construcción de la red unificada de Aena, un sistema que desde hace años concentra en Madrid la planificación y en el Estado la decisión final sobre aeropuertos de interés general. Frente a las presiones territoriales, el Ejecutivo ha optado por blindar ese esquema. La duda de fondo es si otras comunidades seguirán el camino balear y si el Gobierno mantendrá la misma firmeza cuando el debate se plantee en Cataluña o Canarias.
El siguiente hito será la votación definitiva en el Congreso y la eventual presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de Baleares. Hasta entonces, las tasas actuales de Aena quedan intactas. Moncloa gana tiempo; Baleares, y sus aerolíneas, tendrán que decidir si la cogestión sigue viva o se queda en un pulso político.
