El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene previsto debatir y votar este jueves el dictamen que podría dar luz verde a la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. La cita se produce tras el aplazamiento de la semana pasada y supone el paso previo a la decisión definitiva que deberá tomar el Gobierno en un plazo de dos meses.
El pleno del CSN está integrado por un presidente y cuatro consejeros. La aprobación de cualquier dictamen requiere una mayoría simple de los miembros presentes: bastarán tres votos favorables para que el informe salga adelante. Según fuentes del organismo, el análisis se centra en los sistemas de seguridad, las inversiones realizadas y las condiciones que debería cumplir la instalación para operar seis años más allá de su calendario de cierre actual.
Un voto técnico con consecuencias políticas
El dictamen del CSN es un informe preceptivo pero no vinculante. Su contenido condiciona la decisión final del Ejecutivo, que deberá autorizar o denegar la extensión de la vida útil de los dos reactores de Almaraz, actualmente programados para cesar su actividad el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028. Si el CSN considera que la planta puede operar con seguridad, el Gobierno dispondrá de aproximadamente dos meses para firmar la autorización. De no hacerlo en ese plazo, las empresas propietarias tendrían que solicitar formalmente el cierre.
El retraso de la semana pasada se debió, según fuentes del sector, a la necesidad de incorporar alegaciones de última hora. El organismo ya ha evaluado en los últimos meses las inspecciones periódicas de la central y el plan de inversiones presentado por Iberdrola, Endesa y Naturgy, que incluye mejoras en los sistemas de refrigeración y en la protección contra incendios. La decisión del jueves llega en un momento de máxima tensión para la política energética española, con un calendario de cierre nuclear pactado en 2019 que ahora enfrenta presiones de la industria y de las propias compañías eléctricas.
Almaraz: el 7% de la electricidad española y 3.000 empleos en juego
La central nuclear de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, genera el 7% de toda la electricidad de España y sostiene unos 3.000 empleos directos e indirectos, según datos de las compañías propietarias. Sus dos reactores, de 1.049 y 1.044 megavatios, llevan operando desde la década de 1980. El cese escalonado previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) supondría la pérdida de una fuente de generación firme y descarbonizada en un momento en que el sistema eléctrico encara picos de demanda crecientes y una electrificación acelerada. La región extremeña, donde el empleo industrial es escaso, ve en Almaraz un pilar económico de difícil sustitución.
La prórroga de Almaraz es un pulso entre la política industrial y los compromisos de cierre nuclear heredados. El dictamen del CSN dará la medida de hasta qué punto el regulador prioriza la seguridad frente a las presiones del momento.
Iberdrola (53% del accionariado), Endesa (36%) y Naturgy (11%) presentaron conjuntamente la solicitud formal de prolongación hasta junio de 2030. En declaraciones recogidas por El Periódico de la Energía, el director de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, afirmó que “no nos parece razonable cerrar una central nuclear en este momento en España”. Las tres eléctricas consideran que Almaraz es rentable y técnicamente apta para seguir funcionando una década más del plazo original.
La encrucijada nuclear española: seguridad, descarbonización y política
El dictamen del CSN se produce en un contexto de debate abierto sobre el futuro del parque nuclear español. El Protocolo de Cierre del parque nuclear, firmado en 2019, establece un apagón escalonado entre 2027 y 2035. Sin embargo, la crisis energética disparada por la guerra de Ucrania y la necesidad de garantizar el suministro han llevado a varios países europeos —como Bélgica, Alemania o Francia— a revisar sus calendarios de cierre atómico. En España, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO en la región extremeña han presionado para mantener la central abierta.
Desde el punto de vista de la descarbonización, Almaraz evita la emisión de unos 5 millones de toneladas de CO₂ al año, según estimaciones del sector. Sustituir esa generación por ciclos combinados de gas natural incrementaría las emisiones nacionales en un momento en que la UE endurece sus objetivos climáticos. Por otro lado, las organizaciones ecologistas mantienen que alargar la vida de las nucleares retrasa la inversión en renovables y almacenamiento. El debate se enmarca en la revisión en curso del PNIEC, que podría flexibilizar los plazos si se acreditan problemas de suministro.
El plano político añade una capa de incertidumbre. El Gobierno central debe decidir si mantiene la hoja de ruta de cierre o cede ante la presión industrial. La ministra para la Transición Ecológica ha evitado pronunciarse públicamente, pero fuentes próximas al Ejecutivo señalan que la decisión podría demorarse hasta septiembre, una vez se conozca el contenido exacto del dictamen.
Un informe favorable del CSN no garantiza la prórroga, pero sí reduce drásticamente el margen del Gobierno para negarla. La seguridad, si está acreditada, deja la decisión en el terreno de la política energética pura.
Si finalmente se deniega la extensión, las propietarias deberán solicitar el cierre formal y comenzar los trámites de desmantelamiento, un proceso que se prolongaría durante años y que conlleva costes elevados. En el caso contrario, el Gobierno dispondría de una ventana de dos meses para autorizar la reanudación de la licencia, con el consiguiente impacto en la planificación energética y en la estabilidad de la red eléctrica del oeste peninsular.
El dictamen no es vinculante pero condiciona la decisión política de un Ejecutivo que navega entre sus promesas de cierre y la realidad de un sistema eléctrico tensionado. La votación del jueves en el CSN es, en realidad, el primer acto de una decisión que se jugará en los despachos ministeriales durante el verano.
