Iberdrola ha puesto en marcha el proceso de venta de su negocio de cogeneración industrial en España, una cartera de 264 megavatios (MW) instalados que podría alcanzar un valor de hasta 300 millones de euros, según estimaciones del banco de inversión Lazard. La operación, adelantada por ABC y confirmada por fuentes del sector, se reactiva tras varios intentos fallidos desde 2018, y se produce en un momento clave: el Gobierno acaba de aprobar el real decreto que da luz verde a las futuras subastas de renovación del parque de cogeneración, lo que podría revalorizar estos activos.
La decisión de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán se enmarca dentro del plan de rotación de activos para concentrar la inversión en renovables y redes. La cogeneración, que utiliza gas natural para producir electricidad y calor útil en procesos industriales, representa apenas un 2% de la producción total de Iberdrola, un peso insignificante frente al 4-6% que supone para el conjunto del sistema eléctrico nacional.
Una cartera menguante: de 300 MW a 264 MW y con la producción en retroceso
La compañía ya dio el primer paso este mismo año con la venta de su cartera de activos de gas para el tratamiento de purines a Edison Next. Aquella operación incluyó cinco plantas de tratamiento de purines con gas natural que sumaban 52 MW en operación, más cuatro proyectos de biometano en desarrollo con una capacidad de 340 GWh anuales. Con esa venta, Iberdrola Cogeneración ha reducido su presencia en este segmento hasta los 264 MW actuales, frente a los más de 300 MW que llegó a tener en cartera.
Los números no invitan al optimismo. En lo que va de 2026, la producción de las plantas de cogeneración ha caído un 30% respecto al mismo periodo de 2025, un desplome que refleja tanto la baja utilización como la pérdida de atractivo comercial de estos activos en el contexto actual. El objetivo de la compañía es desprenderse de este negocio por completo: «quedarse a cero lo antes posible», como señalan fuentes cercanas.
El valor de la cartera en venta fluctúa entre los 200 y 300 millones de euros, según la valoración que Lazard realizó en su día. La horquilla es amplia porque el mercado de la cogeneración ha sido especialmente volátil. Durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, muchas plantas no pudieron repercutir los altos costes de la electricidad a sus industrias asociadas, se vieron obligadas a parar y perdieron una parte sustancial de su valor. Iberdrola, de hecho, frenó en seco la venta en aquel momento al no encontrar comprador dispuesto a pagar un precio razonable.
El ‘salvavidas’ regulatorio: un nuevo marco de subastas para la cogeneración
La reactivación del proceso de venta no puede entenderse sin el movimiento del Gobierno. El real decreto de cogeneración, aprobado recientemente, establece el marco para convocar futuras subastas destinadas a renovar hasta 1.200 MW de potencia instalada. La norma está alineada con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y busca sustituir instalaciones antiguas por otras de alta eficiencia, con tecnologías que incluso podrán funcionar con hidrógeno renovable o biomasa, incentivando el el uso de estas soluciones.
La cogeneración de Iberdrola es un activo estratégico para la industria, pero la eléctrica ya lo considera residual: 264 MW que apenas representan un 2% de su generación.
Este nuevo régimen retributivo es la clave para que los activos de Iberdrola recuperen atractivo ante los potenciales compradores. Las plantas actuales, aunque en declive productivo, tienen un derecho de participación en esas subastas —o al menos la posibilidad de ser renovadas— que las revaloriza. Iberdrola y los inversores interesados esperan ahora la publicación de las órdenes ministeriales que concretarán el calendario, las condiciones técnicas y los parámetros económicos de cada convocatoria.
Sin embargo, la incertidumbre persiste. El retraso acumulado por la administración en la regulación del sector ha sido una fuente constante de inestabilidad. La asociación sectorial Acogen ha venido denunciando que la demora en la publicación de las subastas ha provocado la pérdida de competitividad industrial. Para Iberdrola, el riesgo es doble: si las órdenes ministeriales se demoran demasiado, el interés comprador podría enfriarse de nuevo.
La jugada de la eléctrica tiene un timing calculado. Sacar ahora estos activos al mercado, justo después de la aprobación del real decreto pero antes de que las subastas se concreten, puede maximizar el precio: el comprador compra una opción sobre un futuro marco retributivo, y el vendedor se desprende de un negocio que ya no encaja en su estrategia. Los fondos de infraestructuras y las compañías de servicios energéticos medianas son los candidatos naturales para esta operación.
Riesgos, contradicciones y el largo adiós a la cogeneración
Iberdrola ha intentado vender estas plantas al menos desde 2018, pero la combinación de precios bajos de la electricidad, la crisis de Ucrania y la incertidumbre regulatoria lo habían impedido. Ahora, con el nuevo marco, la oportunidad de oro se presenta, pero la decisión de esperar a las órdenes ministeriales introduce un factor de riesgo: los plazos administrativos no son controlables y la volatilidad del gas natural sigue ahí. Además, la cartera que se vende es menos atractiva que la inicial, tras la desinversión de los purines: los 264 MW restantes son plantas más antiguas y con menor tasa de utilización.
Para los potenciales compradores, el cálculo es distinto. La cogeneración en España sigue siendo necesaria para garantizar el suministro de calor a la industria, especialmente en sectores como el textil, el alimentario o el químico, donde no hay sustituto eléctrico viable. La promesa de las subastas de renovación abre la puerta a modernizar las instalaciones y obtener una retribución regulada durante años. Pero la competencia será alta: los 1.200 MW en juego no son exclusivos para los activos de Iberdrola; habrá que pujar en igualdad de condiciones.
El movimiento de Iberdrola revela una estrategia consistente: concentrar el capital en redes y renovables, los dos pilares del nuevo modelo energético, y desprenderse de tecnologías puente como la cogeneración, que ni suman a la descarbonización acelerada ni generan el retorno deseado. La compañía ya ha completado con éxito otras rotaciones de activos —como la venta de sus negocios de gas en Italia o la participación en Wikinger—, y esta operación se inscribe en esa misma lógica de optimización de cartera.
Sin embargo, el sector de la cogeneración arrastra una contradicción estructural: es una tecnología eficiente y necesaria para la competitividad industrial, pero su dependencia del gas natural y la dificultad para trasladar sus costes lastran su rentabilidad. El nuevo marco retributivo intenta resolverlo, pero hasta que no se convoquen las primeras subastas —se especula con que podría ser a finales de 2026 o ya en 2027—, será difícil evaluar el éxito real de la medida.
La venta de Iberdrola es, en definitiva, un test para ver si el mercado de la cogeneración ha superado la página de la crisis energética y está dispuesto a invertir bajo las nuevas reglas. El resultado podría marcar el ritmo de futuras desinversiones en el sector, y las decisiones de la vicepresidenta Sara Aagesen al frente del Ministerio para la Transición Ecológica serán determinantes para que el proceso termine de desatascarse.
