EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva el concurso de parkings del entorno del Santiago Bernabéu, un proyecto diseñado por el Ayuntamiento de Madrid a iniciativa del Real Madrid.
- ¿Quién está detrás? El delegado de Movilidad, Borja Carabante, defiende la legalidad del procedimiento y anuncia un nuevo plan de aparcamientos, sin aclarar si el consistorio tendrá que indemnizar al club blanco.
- ¿Qué impacto tiene? Si el Real Madrid reclama, podría desencadenar una indemnización millonaria a cargo del erario municipal. La oposición teme que la factura recaiga sobre los madrileños.
La sentencia del Supremo ha tumbado sin paliativos el concurso de parkings que el área de Movilidad sacó para la zona del Bernabéu. Carabante compareció en la comisión de su ramo y, lejos de admitir errores, esquivó cualquier disculpa. El concejal socialista Antonio Giraldo le había exigido garantías públicas de que el fiasco no le costaría «ni un solo euro a los madrileños y las madrileñas».
El delegado optó por un escueto ‘nos atenemos a lo que digan los tribunales’ y, a renglón seguido, anunció que su departamento trabaja en una nueva solución de estacionamiento. «Estamos analizando desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de la demanda de los vecinos cuál es la mejor solución», declaró. La intención, dijo, es ofrecer una alternativa «sin coste para los madrileños», aunque no concretó si eso incluye una posible indemnización al Real Madrid.
El concurso a medida y una defensa sin autocrítica
Carabante insistió en que el concurso ahora anulado era una «iniciativa privada» del club blanco, que el Ayuntamiento abrió a concurrencia pública «precisamente para que se pudieran dar los procesos de libre competencia». Una lectura que choca con el fallo judicial: el Supremo considera que la licitación fue un traje a medida del Real Madrid y vulneró los principios de igualdad y transparencia.
Giraldo no dejó pasar la oportunidad. Recordó otros reveses judiciales del equipo de Almeida y señaló que el parking bajo Padre Damián, uno de los dos previstos, ha quedado definitivamente descartado. «Ahora hay un agujero ahí, que tendrán que cerrar, habrá que hacer una obra… o intentarán alguna otra chapucilla para dar una apariencia de legalidad que seguramente acabará en el mismo sitio», espetó, mostrando su preocupación por que el Real Madrid pueda exigir responsabilidades patrimoniales al consistorio.
El temor a una factura millonaria y el nuevo proyecto
Aunque Carabante evitó dar cifras, en su intervención manejó un dato relevante: en el entorno del Bernabéu hay 13.257 turismos que necesitan estacionamiento. Con esa cifra justificó la necesidad de seguir adelante con un plan de aparcamientos. Sin embargo, la asociación vecinal que recurrió el concurso nunca ha considerado prioritaria esa demanda y recuerda que el parking de Castellana, el que el Ayuntamiento quiere mantener, no contemplaba plazas para residentes en el pliego original.
El delegado tampoco despejó la principal incógnita: ¿qué pasará si el Real Madrid reclama daños y perjuicios? «Nos atenemos a lo que digan los tribunales» fue su única respuesta. El PSOE teme que, como en anteriores contratos anulados, el Ayuntamiento termine pagando una indemnización multimillonaria que, en última instancia, recaería sobre los contribuyentes.
Carabante contraatacó señalando un proyecto del Ministerio de Hacienda para un parking de 1.400 plazas en un entorno cercano que, según dijo, no ha recibido ninguna reclamación judicial, en un intento de restar hierro al varapalo del Supremo. La jugada, no obstante, no contentó a la oposición, que sigue exigiendo transparencia y responsabilidades.
El Ayuntamiento se aferra al argumento de la iniciativa privada, pero el Supremo ha dejado claro que la licitación fue un traje a medida del club y que ahora toca asumir las consecuencias.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
La anulación del concurso de parkings del Bernabéu es el enésimo revés judicial que sufre el área de Movilidad de Almeida. Sienta un precedente incómodo sobre cómo se gestionan las grandes infraestructuras vinculadas a equipamientos privados y abre un interrogante financiero que puede salpicar al contribuyente. Si el Real Madrid reclama, la factura podría ascender a varios millones, y Carabante, de momento, no ha comprometido ni un euro de protección para las arcas municipales.
Desde el punto de vista técnico, el nuevo proyecto que anuncia el delegado deberá sortear los mismos escollos legales que tumbaron el anterior: garantizar la libre concurrencia, encajar el plan con las necesidades reales del barrio —los vecinos no piden plazas de rotación— y no repetir un diseño a medida del club. Si no se hace con transparencia, las posibilidades de otro varapalo judicial son altas, y eso prolongaría el vacío de estacionamiento en una zona que, cada día de partido, colapsa el tráfico de la Castellana.
La autocrítica ausente de Carabante es un síntoma de la estrategia del equipo de gobierno: defender la legalidad formal de los procedimientos sin entrar en el fondo de por qué los tribunales los tumban. Mientras tanto, la oposición rentabiliza el error y los madrileños esperan saber si acabarán pagando un agujero que el Ayuntamiento insiste en que no existe. Lo que observamos es un pulso entre la gestión municipal y el control judicial que, con el Bernabéu de por medio, tiene mucho de emblema.
