2,9 puntos del PIB. Esa es la distancia que ha recorrido la presión fiscal española en la última década, según el informe anual sobre fiscalidad que la Comisión Europea ha hecho público este viernes. España se convierte así en el país de la UE donde más han subido los impuestos en relación con el tamaño de la economía desde 2015, un incremento que se explica casi por completo por la recaudación derivada del trabajo.
El dato, que sitúa a España por delante de Lituania (+2,3 puntos) y Luxemburgo (+2,2), contrasta con la evolución a la baja de otros socios como Malta y Hungría, que han recortado su presión fiscal en 2,8 puntos porcentuales en el mismo periodo. Sin embargo, la lectura de Bruselas no es alarmista: la economía española sigue tributando por debajo de la media de la eurozona y la brecha no se cerrará en los próximos ejercicios.
El motor del incremento: los impuestos sobre el trabajo
Los números del ejecutivo comunitario son contundentes: casi la totalidad del aumento recaudatorio —un 97%— procede de la imposición sobre el trabajo. Cotizaciones sociales e IRPF han liderado el avance, mientras que los impuestos sobre el capital se han mantenido prácticamente planos y los ingresos ligados al consumo han retrocedido. Esta disparidad explica por qué el ciudadano asalariado siente con más intensidad el peso de las arcas públicas.
La Comisión apunta en su análisis a que los ingresos por IVA y otros gravámenes indirectos han caído en términos relativos, lo que ha forzado al Estado a depender todavía más del esfuerzo de los trabajadores. En la práctica, esto significa que el mercado laboral ha financiado el aumento del gasto público, una dinámica que podría inquietar a los inversores si el consumo no remonta o la creación de empleo se enfría.
En paralelo, Bruselas recuerda que España es el único país de la UE que mantiene un impuesto sobre el patrimonio neto, cuyo diseño y capacidad administrativa para hacerlo cumplir condicionan su eficacia real. La presencia de este tributo, sumada al hecho de que las comunidades autónomas gestionan el 16,9% de los ingresos tributarios totales —solo Alemania, Bélgica y Austria tienen una estructura similar—, configura un paisaje fiscal heterogéneo que el informe no censura pero sí pone bajo vigilancia.
España, aún lejos de la media de la eurozona
Pese al fuerte incremento, la presión fiscal española se mantiene claramente por debajo del promedio de los países de la moneda única. En 2024, los ingresos tributarios representaron un 36,8% del PIB, frente al 39,8% del conjunto de la eurozona. La distancia se redujo ligeramente en 2025, con una presión del 37,8% frente al 40,3%, pero Bruselas anticipa que la brecha se estabilice en torno a los 2,5 puntos en los próximos dos años: las previsiones apuntan a un 38,2% en 2026 y un 38,4% en 2027 para España, contra un 40,6% en ambos ejercicios para la eurozona.
Este desfase es relevante para el inversor en renta fija porque España financia su deuda con una tributación que todavía no alcanza los estándares europeos, lo que deja margen de subida adicional si el crecimiento económico se debilita y el déficit exige nuevos ingresos. De momento, el Tesoro Público se beneficia de tipos bajos y de una demanda sólida en las subastas, pero el informe aporta munición a quienes defienden que el esfuerzo fiscal puede intensificarse sin alcanzar siquiera la media continental.
Un hándicap estructural que no asusta a los mercados (todavía)
Desde el punto de vista del inversor, la lectura inmediata del informe es mixta. Por un lado, el aumento de la presión fiscal sobre el trabajo supone un lastre para el consumo interno, que es precisamente uno de los motores que han sostenido el PIB español en los últimos trimestres. Un bolsillo menos lleno para las familias se traduce en menor facturación para las cotizadas más expuestas al mercado doméstico: cadenas de distribución, inmobiliarias patrimonialistas y buena parte del sector servicios. Por otro, la brecha todavía amplia con la eurozona resta dramatismo a la cifra y aleja el temor a un descontrol presupuestario que castigue la deuda.
El mercado de bonos está descontando una España con margen fiscal, no una economía asfixiada por el recaudador.
A mi juicio, la clave está en el componente estructural. Que el incremento de la presión fiscal se concentre casi exclusivamente en el factor trabajo revela un riesgo de concentración que, en un escenario de desaceleración económica o de corrección del empleo, podría traducirse en una caída brusca de ingresos y, por tanto, en un deterioro de las cuentas públicas. Es la cara B de un mercado laboral que ha actuado como colchón recaudatorio: si ese colchón se desinfla, el déficit y la prima de riesgo podrían reaccionar con mayor rapidez de lo que muchos analistas anticipan.
El hecho de que España mantenga un impuesto sobre el patrimonio que no existe en ninguna otra economía de la UE añade además un factor de incertidumbre regulatoria que los grandes patrimonios miran con lupa. No es descartable que algunos inversores internacionales retrasen decisiones de entrada en activos españoles —especialmente inmobiliarios— mientras persista la singularidad fiscal. Sin embargo, la cotización de los REITs españoles y de las SOCIMIs no ha mostrado hasta ahora un castigo diferencial atribuible a este tributo, lo que sugiere que el mercado lo tiene más que interiorizado.
La pregunta que deja abierta el informe de Bruselas es si el diferencial positivo de crecimiento que España ha mantenido frente al núcleo de la eurozona podrá sobrevivir a un entorno en el que el trabajo carga con el grueso de la recaudación. La respuesta no llegará hasta que no veamos la evolución del consumo en la segunda mitad de 2026 y los presupuestos para 2027. Hasta entonces, la narrativa se mantiene en terreno neutral para las cotizadas españolas.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre: El IBEX 35 apenas ha reaccionado al informe y cede un 0,2% en la sesión, en línea con el resto de plazas europeas. Los grandes valores bancarios y energéticos, principales contribuyentes, ignoran por completo los datos fiscales y se mueven por otros catalizadores.
Clave técnica: El diferencial de rentabilidad del bono español a 10 años frente al bund alemán se sitúa en 88 puntos básicos, apenas dos puntos por encima del cierre de ayer. No hay señal de que el mercado de deuda esté penalizando el repunte fiscal; la prima se mantiene cómoda dentro del rango de los últimos meses.
Apunte macro: La calificación soberana de España sigue en ‘A’ con perspectiva estable por S&P y en A3 por Moody’s. El incremento de la presión fiscal no cambia la narrativa de consolidación presupuestaria que defienden las agencias, siempre que el crecimiento nominal mantenga el rumbo. La prima de riesgo española cierra en 82 puntos básicos.
