La polémica estaba servida. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ante empresarios vascos, calificó el absentismo laboral de «cáncer que no podemos pagar», mencionó que 1,2 millones de personas no acuden a su puesto cada día y cifró el coste en más de 30.000 millones de euros. Su propuesta: reducir la prestación por baja para desincentivar el fraude. La izquierda se lanzó al cuello. Pedro Sánchez habló de recortes; Yolanda Díaz, de desproteger a los vulnerables; Mónica García, de que las bajas son un acto médico y no hay fraude posible. En este contexto, el canal de Juan Ramón Rallo ha decidido poner orden. Critica a Feijóo por endulzar su discurso, pero defiende la necesidad de reflexionar sobre un problema que los datos muestran en toda su crudeza.
El crecimiento imparable de las bajas laborales
Rallo comienza dimensionando el fenómeno. En 2016 se iniciaron 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal; en 2019, antes de la pandemia, 6,6 millones; y en 2025 se rozaron los casi 10 millones de bajas en 2025. Eso supone duplicar la cifra en una década. Aunque parte del incremento se explica por el aumento de la población ocupada, si miramos el porcentaje de trabajadores que no acudió a su puesto por incapacidad temporal, la Encuesta de Población Activa muestra que ha pasado del 2% hace diez años al 4,4% en 2024. España se coloca a la cabeza de Europa en tasa de absentismo.
El coste real: de 20.000 a más de 90.000 millones
Feijóo lanzó la cifra de 30.000 millones, pero Rallo la corrige. El coste directo de 20.000 millones es la factura que se reparten empresas y Seguridad Social: 5.000 millones asumen las compañías y 15.000 millones el sistema público. La cantidad de 30.000 millones, explica el economista, está inflada porque cuenta dos veces la misma partida: las cotizaciones empresariales que financian las prestaciones. Pero el agujero no termina en el coste directo. A él hay que sumar la producción perdida mientras el trabajador está de baja. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas estima que el coste total, añadiendo el valor de la producción perdida, supera los 90.000 millones de euros. Para dar perspectiva, Rallo recuerda que todo el mercado del alquiler en España movió 28.000 millones en 2022, casi la misma magnitud que el coste directo de las bajas. «Los alquileres son un problemón y aquí minimizamos la relevancia de las bajas», ironiza.
Indicios de fraude: cuatro señales que no se pueden ignorar
Para el economista, sería tan ingenuo negar el fraude como afirmar que todas las bajas lo son. Señala cuatro indicios: el 26% de las bajas se concentran en lunes, la concentración en repetidores, la prociclicidad y la evidencia internacional. Primero, el ‘efecto lunes’: el 26% se concentra en lunes y el porcentaje desciende a lo largo de la semana. Segundo, los repetidores: el 16% de empleados que piden dos o más bajas al año concentra el 70% de todas las bajas y, según detalla Rallo, todo el incremento de la última década se debe exclusivamente a este perfil. Tercero, la prociclicidad: el número de bajas se dispara cuando el mercado laboral está boyante y se contrae en las crisis, lo que sugiere un componente oportunista. Cuarto, la evidencia internacional muestra que recortar la prestación reduce las bajas. En España, la eliminación de complementos para funcionarios en 2012 provocó un desplome de las bajas en ese colectivo.
¿Por qué es tan fácil cometer fraude con una baja?
La clave, detalla Rallo, está en la información asimétrica. El trabajador sabe si realmente está enfermo; el médico dispone de tiempo y pruebas limitadas para verificarlo. Patologías como la depresión, la ansiedad o las lumbalgias no cuentan con un test objetivo que las confirme, y en un sistema sanitario saturado, el facultativo a menudo emite la baja sin una comprobación exhaustiva. La estadística lo respalda: entre quienes llevan año y medio de baja por álgias, el 64% ve denegada la incapacidad permanente, mientras que en los casos de depresión el rechazo alcanza el 79%. Y donde más ha crecido el absentismo laboral desde 2018 es precisamente en las bajas por enfermedades mentales y álgias, que lideran el incremento.
«Tan irresponsable es la posición de quien afirma que todas las bajas son fraude como la de quien dice que en las bajas no existe el fraude», sostiene Rallo.
— Juan Ramón Rallo
La propuesta de Feijóo y el silencio de las alternativas
Para Rallo, el planteamiento de Feijóo —reducir la prestación por baja para desincentivar el abuso— puede discutirse, pero lo inadmisible es negar el problema y no ofrecer salidas. Reconoce que en un sistema redistributivo como el español, paguen justos por pecadores, pero lanza un reto: «Si a uno no le gusta esta propuesta, alguna alternativa debería formular. ¿O es que no proponemos nada porque creemos que no existe el fraude o porque, como pagan los contribuyentes, nos da igual?». La reacción de la izquierda, despachando el debate con el argumento de que toda baja es un acto médico sagrado, le parece «demagógica e irresponsable».
El debate está servido. Mientras la clase política se enreda en etiquetas, los números muestran un agujero que crece año tras año. Y como subraya Rallo, entre bomberos no se pisan la manguera.
Puedes ver el análisis completo de Juan Ramón Rallo en el siguiente vídeo:
