Hace justo 48 horas que cualquier coche nuevo matriculado en la Unión Europea debe contar con el sistema ADDW de detección de distracción del conductor, pero la pregunta que realmente inquieta a conductores y abogados es otra: ¿quién protege los datos biométricos que esa cámara interior capta de forma continua? El reglamento europeo no exige auditorías independientes, así que la privacidad de las imágenes depende de la palabra del fabricante.
Claves de la operación
- El sistema ADDW ya es obligatorio desde el 7 de julio. Analiza en tiempo real la dirección de la mirada y solo emite una señal ‘atento/distraído’, pero la norma no prohíbe almacenar ni transmitir el vídeo si el fabricante lo decide.
- Los escándalos de Tesla y General Motors pesan sobre la confianza. Empleados compartieron imágenes íntimas de clientes y se filtraron datos de conducción a aseguradoras sin consentimiento, lo que demuestra el riesgo de acumular datos biométricos sin control externo.
- Bruselas ampliará el seguimiento a distracciones cognitivas en 2027. El nuevo estándar incluirá sensores aún más intrusivos, pero la Comisión no ha definido un mecanismo de privacidad ni auditorías para verificar el circuito cerrado.
La letra pequeña que Bruselas dejó en blanco
El Reglamento General de Seguridad describe el ADDW como un avisador, no como un grabador. Su Artículo 6(3) establece que el sistema no debe grabar ni conservar datos más allá de lo estrictamente necesario para cumplir su función: detectar si el conductor mira a la carretera y emitir una alerta si no lo hace. En la pratica, el sistema solo emite una señal binaria.
Este vacío contrasta con el Event Data Recorder (EDR) —la caja negra obligatoria desde 2024—, que solo almacena segundos de datos técnicos y necesita conexión física al puerto OBD para ser extraído. El EDR es ciego por diseño, mientras que el ADDW capta imágenes del interior del habitáculo de forma continua.
Sin embargo, la arquitectura legal no obliga a ningún mecanismo de auditoría externa que demuestre que los sistemas ADDW operan realmente en circuito cerrado. Tampoco define qué se considera ‘necesario’ ni durante cuánto tiempo pueden retenerse esos datos antes de borrarse. Esta ambigüedad, según reconoce la propia normativa, deja la puerta abierta a que los fabricantes interpreten el texto a su favor.
Cuando la palabra del fabricante falló (y costó caro)
Una investigación de The New York Times reveló en 2024 que varios grupos automovilísticos, incluido General Motors, compartieron datos de comportamiento de sus conductores con intermediarios como LexisNexis, que a su vez los revendían a aseguradoras. Consecuencia: primas al alza para conductores que desconocían estar siendo evaluados.
Un reportaje de Reuters documentó que entre 2019 y 2022, empleados de Tesla compartieron internamente vídeos especialmente sensibles grabados por las cámaras de los coches: escenas de accidentes, peleas de tráfico e imágenes captadas en garajes privados. La palabra del fabricante no fue suficiente.
La seguridad vial justifica la cámara, pero sin auditoría externa, el conductor se convierte en el producto que las marcas pueden monetizar sin que él lo sepa.
El mercado español se prepara para una batalla regulatoria
España no es ajena al debate. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha sancionado a empresas por videovigilancia laboral sin consentimiento y ha advertido sobre el uso de datos biométricos en vehículos. Con la entrada en vigor del ADDW, fuentes del sector asegurador señalan que compañías como Mapfre (IBEX 35) podrían acceder a patrones de conducción si los fabricantes los monetizan, lo que abriría un conflicto de intereses regulatorio de primer orden.
El caso de la autoridad sueca IMY, que multó a Securitas por analizar con IA el comportamiento de sus conductores, demuestra que el argumento de la seguridad no basta por sí solo. Y la UE planea dar un paso más: en 2027, el ADDW deberá detectar distracciones cognitivas, lo que implica sensores aún más capaces de leer expresiones faciales. Si entonces no hay estándares de privacidad, la credibilidad del sector en mercados como el español, donde el cumplimiento normativo es un activo de venta, sufrirá un golpe difícil de reparar.
