La multinacional tecnológica y de defensa Indra ha encargado al bufete catalán Maluenda una investigación interna sobre partidas de gastos y posibles irregularidades de su anterior cúpula directiva, liderada por Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos. La contratación, adelantada por El Confidencial y confirmada por fuentes internas de la compañía, se produce apenas tres meses después de que Ángel Simón asumiera la presidencia del grupo controlado por la SEPI.
Desde su llegada el pasado 2 de abril, Simón ha manifestado su sorpresa al revisar determinados ‘cajones’ de la empresa y ha denunciado «gastos irracionales y no justificados». Como primera medida, eliminó a cerca de de una veintena de consultoras que su antecesor, Ángel Escribano, mantenía contratadas durante el escaso año y tres meses que estuvo al frente de Indra.
Una ‘forensic investigation’ con un bufete de alto voltaje
El bufete Maluenda, fundado por el abogado Andrés Maluenda —quien participó en la defensa del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por blanqueo de capitales—, se ha especializado en ‘asuntos complejos del ámbito económico y de los negocios, que a menudo se entrelazan con delitos de otra índole’, según su propia descripción. Cuenta con un área específica de Forensic Investigations y un equipo de penalistas, peritos informáticos, económicos e incluso expertos en reputación digital.
Según las fuentes, algunos directivos interrogados se han visto sorprendidos por el tono de las preguntas y el conocimiento de datos personales que, en teoría, deberían ser privados. La investigación se desarrolla bajo estricta confidencialidad y se apoya en métodos de auditoría forense, una práctica cada vez más habitual en compañías que abordan cambios bruscos de gobernanza.
El precedente de los Aperribay y el dosier de los Escribano
El encargo a Maluenda no surge de la nada. Como publicó El Confidencial en octubre de 2025, determinados accionistas y consejeros de Indra fueron objeto de un dosier con información personal y críticas a su situación financiera. El caso más emblemático afectó a SAPA Placencia, titular del 8% del capital, propiedad de la familia Aperribay.
Los Aperribay se habían opuesto a la fusión con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Escribano. En represalia, según denunciaron, circularon tres documentos que detallaban sus movimientos financieros y atacaban su reputación. Ángel Escribano negó cualquier vinculación con el dosier, aunque fuentes internas señalaron que había sido distribuido por un asesor cercano al entonces presidente.
La contratación de Maluenda no es una simple auditoría: es una señal de ruptura total con la etapa de los Escribano y un mensaje al accionariado sobre el nuevo estándar de gobernanza.
McKinsey sustituye a BCG en el plan estratégico hasta 2030
Paralelamente a la investigación, Simón ha firmado ya el contrato con la consultora McKinsey para diseñar el nuevo plan estratégico de Indra. La firma estadounidense releva a Boston Consulting Group (BCG), que era el socio de cabecera de la etapa anterior. De hecho, Simón paralizó la actualización de la hoja de ruta 2026-2030 que BCG ya tenía ultimada y que iba a presentarse en mayo pasado.
El presidente ha encargado el proyecto a David González, socio de McKinsey con quien ya colaboró cuando presidía Agbar. En la reciente junta general de accionistas, Simón anunció que el lanzamiento del plan se retrasa a finales de año, no en octubre como se había previsto inicialmente. Una demora que lo sitúa cerca de las elecciones generales, las cuales podrían condicionar la orientación de Indra, dado que el Estado controla un 28% a través de la SEPI.
Análisis: un giro radical en la gobernanza de Indra
La decisión de Simón de encargar una ‘forensic investigation’ y cambiar de socio estratégico marca un punto de inflexión en la corta pero convulsa historia reciente de Indra. Tras una etapa de acelerada rotación de directivos y tensiones accionariales, el nuevo presidente ha optado por una línea de tolerancia cero con cualquier sospecha de mala praxis. La investigación interna, más allá de su resultado, envía un mensaje nítido a la SEPI y al mercado: el estándar de cumplimiento y transparencia será el de las empresas cotizadas más exigentes.
El movimiento recuerda, salvando las distancias, a procesos similares vividos en otras compañías con participación pública como la antigua Bankia o, más recientemente, en Abengoa, donde la limpieza de responsabilidades precedió a reestructuraciones profundas. En el caso de Indra, la investigación podría derivar en acciones legales si se constatan irregularidades, aunque por el momento la compañía no ha comunicado ningún hecho relevante a la CNMV. La contratación de Maluenda, con su perfil de derecho penal económico, sugiere que la empresa se prepara para escenarios más contundentes que un mero reproche interno.
Mientras tanto, la sustitución de BCG por McKinsey en el plan estratégico indica también un cambio de orientación en las prioridades de la compañía. Con el negocio de defensa como eje central, Simón buscará probablemente reforzar la rentabilidad y la percepción de seguridad corporativa, aspectos clave para un valor que, pese a la estabilidad bursátil, arrastra una reputación de volatilidad directiva.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: la presentación del nuevo plan estratégico a finales de año y cualquier hecho relevante que pueda derivarse de la investigación interna de Maluenda.
- Reacción del valor: la acción de Indra apenas se ha movido en las últimas sesiones, pero un hallazgo de irregularidades significativas podría generar volatilidad, especialmente entre los inversores institucionales.
- Precedente sectorial: otras compañías con accionariado público, como Abengoa o la antigua Bankia, experimentaron procesos de saneamiento que condicionaron su apoyo estatal y su valoración futura.
