EFPA, la asociación que agrupa a los asesores financieros en España, ha lanzado una propuesta que abre un debate necesario: la fiscalidad del ahorro en España es un 57% superior a la media de la Unión Europea. La organización reclama una reforma estructural que eleve los límites de aportación a planes de pensiones, PIAS y SIALP, y corrija lo que considera un lastre para el ahorro a largo plazo.
La cifra, que aparece en los últimos informes comparativos de la UE y que la propia EFPA ha hecho suya, revela que un ahorrador español soporta una carga impositiva un 40% mayor de lo que necesitaría para equipararse al estándar europeo. Esta brecha se repite año tras año y, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), actúa como un desincentivo silencioso para la inversión productiva.
Un 57% más de presión fiscal que Europa: el motivo de la queja
La comparativa es demoledora. Por cada 100 euros de rendimientos del ahorro, un ciudadano español entrega al fisco una cantidad significativamente mayor que un francés, un neerlandés o un portugués. El diferencial del 57% no es anecdótico: se repite en productos tan comunes como los depósitos, los fondos de inversión y los seguros de vida-ahorro.
EFPA pone el dedo en la llaga señalando que, mientras en otros países europeos los límites de aportación a planes de pensiones se actualizan con la inflación, en España llevan años congelados. La última reforma del sistema, en 2021, recortó los topes de las aportaciones empresariales y personales, una decisión que ahora los asesores califican de ‘contraproducente’.
Planes de pensiones, PIAS y SIALP: los productos que EFPA quiere blindar
La petición de la asociación no se limita a una rebaja general de impuestos. Apunta directamente a tres figuras que considera clave: los planes de pensiones individuales y de empleo, los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP).
En los tres casos, EFPA reclama que los límites de aportación se dupliquen respecto al escenario actual. ‘Hoy un trabajador apenas puede desgravar 1.500 euros al año en un plan individual. Es ridículo’, resume una fuente de la asociación, muy consciente del cambio cultural que supondría.
La inercia fiscal de las últimas décadas ha construido un sistema que penaliza el ahorro disciplinado y premia el consumo inmediato, justo lo contrario de lo que recomienda cualquier manual de planificación financiera.
La propuesta llega en un momento en que el ahorro de las familias se ha disparado tras la pandemia, pero la mayor parte reposa en cuentas corrientes sin remunerar o en depósitos de baja rentabilidad, devorados por la inflación y por la propia tributación.
Análisis: la reforma fiscal del ahorro que nunca llega
Llevo años escuchando a la industria financiera pedir una reforma de la fiscalidad del ahorro y sé que el mensaje suele chocar con dos muros: la urgencia recaudatoria y una cierta incomprensión política sobre la función social del ahorro a largo plazo. Cada euro que no tributa hoy parece una renuncia, pero cada euro que no se ahorra es un problema estructural que estallará dentro de quince o veinte años.
El propio IEE, en su último informe, vincula la baja tasa de ahorro financiero con la escasa inversión empresarial, un círculo vicioso que solo se rompe con incentivos claros. Países como Suecia o los Países Bajos llevan décadas demostrando que una fiscalidad amable con el ahorro no penaliza los ingresos públicos: los aumenta a largo plazo porque genera más actividad económica gravable.
Sin embargo, en el contexto político actual, con un gobierno que acaba de prorrogar los Presupuestos Generales y sin mayoría parlamentaria suficiente, una reforma de este calado se antoja improbable a corto plazo. Los asesores lo saben. Por eso la ofensiva de EFPA tiene más de pedagogía de largo alcance que de maniobra táctica.
La pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda. Si el Gobierno opta por no mover ficha, el ahorro seguirá pagando un peaje del 57%, y los asesores seguirán recomendando a sus clientes que diversifiquen en productos financieros más líquidos y, a menudo, con menor tributación efectiva. Esa es, quizás, la conclusión más amarga del informe: que la mejor estrategia de ahorro en España sigue siendo buscar los rincones menos castigados del sistema, no el producto que mejor se adapta a cada horizonte vital.
