Hamás ha disuelto ayer el órgano de gobierno que ha controlado la Franja de Gaza durante casi 20 años, un movimiento que he analizado con detenimiento porque abre la puerta —al menos sobre el papel— a la implementación del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. El anuncio, difundido por el portavoz de la milicia islamista, Ismail al-Thawabta, confirma la dimisión del jefe del comité de emergencia, Mohammed al-Farra, y la disolución del propio comité para dar paso al Comite Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), el organismo tecnocrático previsto en el acuerdo de alto el fuego del año pasado.
La decisión llega tras meses de presión de la Junta de Paz —el órgano supervisor del cumplimiento del acuerdo de paz alcanzado en 2025 entre Hamás e Israel bajo mediación estadounidense— y en un momento en que persisten las profundas diferencias sobre el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes del territorio.
El fin de casi dos décadas de gobierno de Hamás en Gaza
El comité de emergencia disuelto era la máxima autoridad administrativa de Gaza desde que Hamás se hiciera con el control de la franja en 2006, tras las últimas elecciones legislativas palestinas. Mohammed al-Farra, que presentó su dimisión el 6 de julio, era su cara visible. Con la medida, Hamás cede —formalmente— el poder a un órgano no islamista en un gesto que pocos analistas esperaban hace tan solo un año.
Ismail al-Thawabta, portavoz de Hamás, declaró a la agencia AFP:
“El jefe del comité de emergencia del gobierno, Mohammed al-Farra, ha presentado oficialmente su dimisión. Y ha decidido también disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).”
La maniobra busca dar legitimidad al NCAG, creado por el propio presidente Trump dentro del plan de paz que puso fin —sobre el papel— a más de un año de invasión terrestre israelí. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es tozuda: Israel ha bloqueado durante meses la entrada a Gaza de los miembros del NCAG y exige el desarme completo de Hamás antes de cualquier retirada militar. Ambas partes siguen sin ponerse de acuerdo sobre la secuencia del desarme y el repliegue de tropas, mientras la ayuda humanitaria sigue atascada en los puntos de fricción.
El NCAG se declara listo, pero los mimbres fallan
Ali Shaath, jefe del NCAG, aseguró en X que el comité “está plenamente preparado” para asumir sus responsabilidades nacionales. Pero añadió un matiz que, a mi juicio, encierra la clave del conflicto:
“Los requisitos fundamentales para el éxito del comité son una sola autoridad, una sola ley con un mandato claro y una sola fuerza armada bajo la autoridad de esa entidad única.”
Ese “brazo armado único” implica, en la práctica, que Hamás tendría que entregar sus armas al NCAG. Esa entrega es precisamente el punto que Israel considera innegociable y que Hamás vincula a la retirada completa de los soldados israelíes del enclave. La Junta de Paz —con representación de Washington— ya ha tomado nota del gesto y ha insistido en que “todas las armas deben ser transferidas al NCAG”.
He repasado los comunicados de las partes y lo que veo es un círculo vicioso: Hamás cede poder, pero no las milicias; Israel bloquea al NCAG, pero exige el desarme para dar pasos. Mientras tanto, la población gazatí, agotada por años de guerra, bloqueo y crisis humanitaria, apenas recibe los suministros que el acuerdo de paz prometía.
🌍 El impacto en España y Europa
Para España —que mantiene el reconocimiento del Estado palestino y aboga por una solución de dos Estados— la disolución del gobierno de Hamás representa una oportunidad diplomática relevante, siempre que el NCAG logre ejercer una autoridad real sobre el terreno. Si la transición se consolida, las empresas españolas de infraestructuras y servicios podrían optar a contratos de reconstrucción financiados por la UE y los organismos internacionales, un escenario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido en Bruselas como parte de una paz duradera.
Ahora bien, con los miembros del NCAG bloqueados y el conflicto sobre el desarme lejos de resolverse, el proceso sigue siendo frágil. Una escalada en Gaza presionaría al alza los precios del gas natural licuado (GNL) en el Mediterráneo oriental, afectando indirectamente al consumidor europeo y al tejido exportador español, muy expuesto a los vaivenes energéticos. Más inmediato es el impacto político: un vacío de poder prolongado en la Franja podría reavivar las tensiones migratorias hacia Europa a través del norte de África, un riesgo que los servicios de inteligencia europeos monitorizan de cerca.
