ACER admite que es imposible rastrear el gas ruso en la UE: alerta para consumidores españoles

El regulador europeo explica que, al mezclarse en la red, el gas pierde toda trazabilidad. España, receptora de GNL ruso, se encuentra en primera línea de esta opacidad energética.

El gas ruso que España compra en forma de GNL termina en cualquier factura europea, y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) acaba de admitir que no hay forma de evitarlo. El informe publicado el 1 de julio, en cumplimiento del Reglamento (UE) 2026/261, lo dice sin rodeos: una vez que el combustible entra en la red comunitaria, pierde toda trazabilidad. Ni el consumidor español, ni la industria alemana, ni la central de ciclo combinado en Italia pueden saber si las moléculas que queman salieron de un yacimiento siberiano.

El regulador europeo dedica incluso un apartado entero a explicar por qué. En el modelo de entrada y salida que rige el mercado interior, el punto por el que el gas se introduce en el sistema se separa por completo del lugar donde se consume. Cuando el gas natural licuado llega, por ejemplo, a la regasificadora de Barcelona, se inyecta, se mezcla físicamente con el resto —de Argelia, Noruega, Azerbaiyán o producción nacional— y pasa a formar parte de un único flujo. A partir de ahí, aunque la propiedad comercial cambie varias veces en los hubs, no hay correspondencia con moléculas concretas.

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ACER es tajante: “generalmente no es posible concluir que el gas que entra en un país A sea consumido físicamente en un país B, o que un consumidor final determinado haya consumido moléculas de gas de un origen específico”. Es decir, podemos seguir comprando GNL ruso a mansalva, pero nadie podrá demostrar que ese gas llega a nuestros hogares. Y la paradoja es que, precisamente, España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de ese combustible que mañana estará vetado.

La imposibilidad del rastreo: así funciona el mercado único del gas

La arquitectura del mercado único europeo del gas, diseñada para aumentar la competencia y la seguridad de suministro, esculpe este limbo de la trazabilidad. El llamado modelo entrada-salida separa el punto de inyección de la red de transporte del punto donde el gas finalmente se consume. Una vez el GNL regasificado o el gasoducto se incorpora al sistema nacional, las moléculas se mezclan sin remedio, y la propiedad comercial puede seguir cambiando en las plataformas mayoristas.

Esto implica, según detalla ACER, que un Estado miembro puede recibir físicamente gas en un punto de entrada mientras la titularidad salta de un operador a otro, y el combustible termina almacenado, exportado a un tercer país o quemado en una central eléctrica situada a cientos de kilómetros. La dependencia del gas ruso, por tanto, no se mide solo por los contratos bilaterales: un país con nulos lazos contractuales con Gazprom puede estar consumiendo moléculas rusas si el mercado así lo decide.

La trazabilidad del gas ruso es una quimera que la propia arquitectura del mercado europeo hace imposible.

El informe identifica contratos autorizados de importación de gas ruso con una capacidad anual de entre 45.000 y 55.000 millones de metros cúbicos durante el periodo transitorio que establece la normativa. De ese volumen, entre 20.000 y 32.000 millones corresponden a GNL, que entra en la Unión a través de terminales situadas en España, Francia, Bélgica y Países Bajos. Son cifras que, aunque no implican necesariamente que todo ese gas se importe, dibujan la escala del desafío.

¿Qué significa para España y sus consumidores?

España ocupa una posición incómoda en este tablero. La península ibérica es el principal receptor de GNL ruso del sur de Europa, con terminales estratégicas que han disparado las importaciones durante los primeros meses de 2026. Entre enero y mayo, las entradas de gas ruso por gasoducto crecieron un 7% respecto al mismo periodo del año anterior, y las de GNL, un 11%. Tras la entrada en vigor de las primeras restricciones el 18 de marzo, el incremento fue del 5% y el 17% respectivamente.

El regulador apunta a que este repunte responde a un adelanto de entregas, a ajustes contractuales y al contexto geopolítico internacional, marcado por la búsqueda de suministros alternativos tras el cierre del estrecho de Ormuz. Pero la realidad es que, mientras Bruselas avanza hacia el veto total, el gas ruso sigue fluyendo con fuerza hacia nuestro país, y el consumidor español no tiene manera de saber si su recibo mensual encierra una contradicción con la política energética comunitaria.

Yo llevo años siguiendo los mercados y diré algo que en Bruselas no se atreven a verbalizar: la opacidad no es una avería del sistema, es su rasgo. El modelo entrada-salida se diseñó para que el gas fuese un commodity intercambiable, no para que el ciudadano supiese de dónde viene cada molécula. Y ahora, sin querer, esa arquitectura se convierte en el mejor aliado de quienes quieren seguir vendiendo gas ruso —o comprándolo— sin asumir el coste reputacional.

Más allá del veto: un horizonte sin trazabilidad hasta 2027

ACER recuerda que el proceso de eliminación del gas ruso tiene dos fechas clave. A partir del 1 de enero de 2027 quedarán prohibidas todas las importaciones de GNL ruso, y desde el 30 de septiembre de 2027 se aplicará el cese definitivo de las importaciones por gasoducto, salvo excepciones temporales. Hasta entonces, el mercado seguirá operando con la misma dinámica de mezcla y, por tanto, con la misma imposibilidad de rastrear el origen.

Pero incluso con el veto plenamente en vigor, el problema no desaparecerá del todo. El gas que llegue de otros orígenes —como el que España recibe de Argelia o el que pueda traerse en forma de GNL de Estados Unidos o Qatar— seguirá perdiendo trazabilidad física una vez inyectado en la red. La prohibición evitará nuevas moléculas rusas, pero no resolverá el vacío de transparencia que ACER acaba de reconocer.

La pregunta que queda en el aire es si un modelo de mercado que impide saber de qué grifo beben los consumidores es compatible con las exigencias de una transición energética que se supone democrática y responsable. Probablemente no, pero tampoco parece que vayamos a desmontarlo a corto plazo. Por ahora, cada vez que encendamos la calefacción o el fogón, habrá una probabilidad no despreciable de que estemos quemando gas que empezó su viaje en Yamal.


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