Javier Milei ha anunciado su intención de reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina para atar en corto su capacidad de generar inflación. En su último análisis, Juan Ramón Rallo desmenuza las modificaciones que el presidente argentino quiere introducir en los artículos 3 y 20 de los estatutos del banco central y reconoce que se trata de una medida positiva. Pero, al mismo tiempo, lanza una pregunta incómoda: ¿qué fue de la promesa electoral de cerrar —incluso dinamitar— esa misma institución?
Los artículos 3 y 20, el origen de la inflación argentina
Para entender el alcance de la reforma, Rallo explica primero el contenido de esos dos artículos. El artículo 3, tal como quedó redactado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obliga al Banco Central a perseguir no solo la estabilidad monetaria, sino también la estabilidad finaciera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Según Rallo, se trata de un mandato contradictorio: «es como pedir a un médico que cure enfermedades y acabe con el hambre en el mundo». El instrumental de un banco central es la moneda, y si se le exige que luche contra el desempleo a costa de debilitar el peso, el resultado será inflación, desempleo y desigualdad.
El artículo 20, por su parte, permite que la autoridad monetaria financie los déficits del Tesoro mediante adelantos transitorios: hasta un 12% de la base monetaria, un 10% de los recursos obtenidos por el gobierno en el año anterior y otro 10% adicional en circunstancias excepcionales. Rallo advierte que, cuando se combinan ambos artículos, el Banco Central puede verse empujado a monetizar el gasto público bajo el pretexto de estimular el empleo o la equidad social. Ese mecanismo, sostiene el economista, convierte a la institución en «un siervo del Tesoro» y carga la factura a todos los argentinos a través del impuesto inflacionista.
La reforma: un ancla de expectativas, pero frágil
La propuesta de Milei consiste en modificar ambos artículos para que el único mandato del Banco Central sea la estabilidad de precios y para prohibir cualquier financiación directa al gobierno. Rallo subraya que no es una reforma radical: el Banco Central Europeo opera bajo ese mismo principio y también tiene vedada la monetización de déficits. A su juicio, alinear la carta orgánica argentina con esos estándares contribuiría a anclar las expectativas de inflación porque reduce drásticamente el margen jurídico para que la autoridad monetaria vuelva a las andadas inflacionistas.
Sin embargo, el analista añade un matiz crucial. A diferencia de Europa o Estados Unidos, en Argentina no existe un consenso político amplio que deslegitime el uso de la maquinita. La carta orgánica es una ley ordinaria que no requiere mayorías calificadas para ser modificada. Por tanto, del mismo modo que Milei puede mejorarla, un futuro gobierno peronista podría revertirla con la misma facilidad. Rallo lo resume con una frase que merece la pena destacar:
«Mucho mejor que un banco central saneado es un banco central dinamitado.»
— Juan Ramón Rallo
Esa reversibilidad, apunta, introduce una prima de riesgo en el peso semejante a la que ya incorporan los bonos argentinos en dólares: si los mercados anticipan el regreso del peronismo, las expectativas de inflación volverán a dispararse por mucho que hoy se blinda la carta orgánica. En otras palabras, el riesgo «kuka» no desaparece, solo se adormece mientras Milei mantenga el poder.
El verdadero blindaje que se quedó en el tintero
Aquí es donde Rallo pasa de la valoración técnica a la crítica política. Recuerda que Milei llegó al poder prometiendo el cierre del Banco Central, una medida que no es un capricho libertario sino una solución institucional especialmente pertinente para Argentina. Cerrar la entidad no la haría irreversible —todo puede reabrirse—, pero encarecería enormemente la maniobrabilidad política necesaria para volver a emitir moneda de forma irresponsable. «El auténtico blindaje institucional vendría de la mano del cierre del Banco Central», insiste el economista, porque obligaría a quien quisiera restaurar la inflación a superar un coste político y legislativo mucho mayor que el de modificar una simple ley.
Rallo no oculta su decepción: ya sea porque Milei cree no tener mayoría suficiente en el Congreso o porque ha cambiado de opinión, el resultado es que los argentinos se quedarán con un banco central saneado pero en pleno funcionamiento. Un parche, en definitiva, en lugar de la reforma estructural que se había prometido.
¿Qué significa para el peso y para los argentinos?
Desde el punto de vista práctico, limitar por ley la inflación futura es una señal tranquilizadora para los inversores, pero su eficacia depende de que la clase política interiorice ese consenso. Mientras la amenaza populista siga viva, el peso argentino no alcanzará la credibilidad de las divisas que respaldan bancos centrales verdaderamente independientes. La reforma de Milei, por tanto, puede ser un alivio temporal, pero difícilmente enterrará el miedo a una nueva espiral inflacionaria.
La reflexión que plantea Rallo trasciende la coyuntura argentina: ¿de qué sirve diseñar instituciones sólidas si basta una mayoría simple para desmontarlas? La experiencia de las últimas dos décadas demuestra que la inflación no se vence solo con leyes, sino con un entramado político que haga muy costoso el retroceso. En eso, la reforma se queda corta, y el debate sobre el cierre del banco central sigue abierto.
Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube.
