Fedea lanza una advertencia incómoda: España puede ganar la partida de los centros de datos en Europa, pero solo si deja de regalar recursos escasos a cambio de promesas difusas. El nuevo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, liderado por Judith Arnal, propone una ‘apuesta condicionada’ que vincula el acceso al suelo, la electricidad, el agua y la fibra a retornos industriales medibles y reglas transparentes. De lo contrario, advierte, el país cederá sus mejores activos sin capturar el verdadero valor de la economía digital.
La explosión de la inteligencia artificial ha convertido los centros de datos en infraestructuras estratégicas de escala industrial. Un campus de IA de última generación puede superar los 100 megavatios de demanda eléctrica, el equivalente a una ciudad de 200.000 habitantes. España reúne condiciones envidiables (suelo abundante, recurso eólico y solar, una red de fibra capilar) y se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos de Europa. Sin embargo, el informe de Fedea subraya que la mera instalación de servidores no garantiza que el territorio retenga los eslabones más valiosos de la cadena: el cómputo de alta densidad, los servicios cloud y los modelos de IA.
La clave, según Arnal, está en el diseño de las condiciones. Las comunidades autónomas y los municipios, que gestionan los recursos críticos, deberían impulsar la rapidez administrativa y la cesión de activos escasos solo a cambio de compromisos verificables: formación de talento local, adopción tecnológica por parte del tejido productivo, retorno fiscal y planes de uso del agua. ‘Pero mediante reglas públicas y transparentes, no en negociaciones opacas caso por caso que abran la puerta al trato desigual’, insiste el texto. La transparencia es el antídoto contra la discrecionalidad que, a juicio de Fedea, ya se ha colado en el nuevo marco regulatorio.
El polémico atajo del Real Decreto-ley 7/2026
El estudio pone el foco en el Real Decreto-ley 7/2026, una norma que intenta frenar el acaparamiento de permisos de acceso a la red eléctrica. Hay concedidos muchos más megavatios de los que llegarán a construirse, y Fedea aplaude la intención de poner coto al fenómeno especulativo. El problema, advierte, es que el texto crea una vía rápida con criterios ‘vagos’ y, por primera vez, convierte la escasez de red en un instrumento de política industrial.
Hasta ahora, la ley solo permitía denegar el acceso a la red por falta de capacidad física. El RDL 7/2026 añade el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad como condición específica para los centros de datos. Si un campus no los cumple, puede perder el permiso y quedarse sin operar. Esta exigencia recae únicamente sobre los centros de procesamiento de datos y no sobre otros grandes consumidores eléctricos, como una acería o una cementera. La CNMC ha criticado abiertamente este giro, al considerar que invade competencias autonómicas y transforma un recurso esencial en moneda de cambio administrativa.
A los grandes campus de IA (por encima de 100 MW) se les obliga a situarse entre el 15% más eficiente del sector. Es un umbral relativo: un centro puede perder el permiso sin haber empeorado su eficiencia, simplemente porque otros actores hayan mejorado. Para Fedea, esta regla introduce una inseguridad jurídica difícil de justificar y desincentiva inversiones a largo plazo. ‘La norma hace bien en frenar el acaparamiento, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad si la discrecionalidad sustituye a la predictibilidad’, resume el análisis.
La captura de valor de los centros de datos se juega en las condiciones que pone el territorio, no en el número de megavatios concedidos.
¿Quién se queda el valor del dato? El reto de las comunidades
El informe de Fedea va más allá de la crítica regulatoria y plantea una reflexión de fondo: el mayor valor de la cadena de los centros de datos está en el cómputo y los servicios cloud e IA, y es justo el más difícil de retener. Si España acierta en las reglas de acceso a la red y en las condiciones territoriales, los centros de datos pueden reforzar su posición en la economía digital europea. Si falla en cualquiera de los dos, habrá cedido recursos escasos a cambio de mucho menos de lo que esta inversión puede ofrecer’, sentencia el documento.
La propuesta de Fedea es pragmática: cada autorización debería atarse a un plan de retorno local con hitos medibles —formación dual, centros de I+D, contratos con pymes del entorno— y no a un mero anuncio de inversión. Las comunidades que hoy compiten por atraer gigantes tecnológicos con rebajas fiscales y agilidad administrativa deberían, según Arnal, incluir en el paquete cláusulas de revisión periódica. Si el inversor no cumple, los recursos escasos se reasignan.
Este enfoque choca con la práctica habitual de negociaciones bilaterales donde la opacidad campa a sus anchas. Varias autonomías han sellado acuerdos con operadores internacionales sin detallar las contrapartidas. Fedea pide que esas condiciones sean públicas, para que el conjunto de la sociedad sepa qué se entrega y qué se recibe. La idea de fondo es que el suelo, el agua y la capacidad de red no son infinitos, y su cesión debe responder a una estrategia-país, no a una subasta de favores.
La advertencia llega en un momento en que la demanda eléctrica de los centros de datos podría duplicarse en España antes de 2030, según proyecciones del sector. La red de transporte, operada por Red Eléctrica, ya empieza a notar tensiones en los nudos más solicitados, como los corredores de Madrid, Aragón y Cataluña. Si a la escasez física se le suma una regulación imprevisible, el riesgo de fuga de inversiones hacia otros polos europeos es real. Países como Irlanda o Países Bajos ya han impuesto moratorias de facto a nuevos centros por la saturación de sus redes. España tiene margen, pero no infinito.
Lo que está en juego: más allá de los megavatios
El debate trasciende la energía. Los centros de datos son la fábrica del siglo XXI, pero también son grandes consumidores de agua para refrigeración y ocupan superficies equivalentes a polígonos industriales enteros. En un contexto de cambio climático, las decisiones sobre qué suelo se califica y qué agua se asigna tienen un impacto territorial de primera magnitud. Fedea recuerda que la planificación debe hacerse con visión de largo plazo, no al calor de cada anuncio corporativo.
La IA generativa está acelerando la carrera. Los modelos de lenguaje masivos requieren centros de datos con densidades de potencia inéditas, muy por encima de los hyperscalers tradicionales. Esa demanda creciente puede ser una oportunidad para España si se gestiona con inteligencia, o un coste hundido si se entrega sin condiciones. El informe de Fedea no pide frenar la inversión; pide condicionarla para que el valor se reparta.
En el fondo, la propuesta conecta con una vieja reivindicación de la economía industrial: que las ventajas competitivas de un país (energía renovable barata, suelo disponible, fibra) no se conviertan en un mero subsidio implícito a las cuentas de resultados de los gigantes tecnológicos. La diferencia es que ahora el activo más valioso no es el acero ni el hormigón, sino el dato. Y el dato, como recuerda Arnal, se procesa en la nube pero se disputa en el territorio.
La oportunidad es real. España tiene la posibilidad de convertirse en el hub digital del sur de Europa, atrayendo inversiones que generen empleo cualificado y fortalezcan el ecosistema innovador. Pero el camino no pasa por competir a la baja en exigencias, sino por elevar el estándar de transparencia y condicionalidad. ‘Conviene que el Estado ofrezca reglas de acceso a la red claras, predecibles y no discriminatorias, y que el territorio fije, con transparencia, las condiciones que convierten la inversión en valor local’, concluye Fedea.
La pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas y del Gobierno. El RDL 7/2026 ha abierto un melón regulatorio que va a requerir un desarrollo reglamentario muy vigilado por el sector. Mientras, la CNMC ya ha dejado clara su postura: no se pueden usar los cuellos de botella de la red para hacer política industrial. La partida de los centros de datos se juega en varios tableros a la vez, y España, por una vez, tiene fichas y posición. Solo necesita jugar con cabeza.
