El cierre de la edición de este año de los cursos de verano de la APIE ha quedado en manos de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. En un momento delicado para el Gobierno, por las investigaciones de figuras cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que su cartera se ve especialmente presionada por la crisis de la vivienda que atraviesa el país y de la que se desprende una larga lista de problemas.
Ha insistido, desde el principio de su intervención, en la necesidad de expandir el parque público de vivienda. «Cuando hablamos de vivienda, creo que ya no se puede hablar en otra dimensión que no sea la del derecho, por mucho que también sea un bien que interfiere en el mercado», ha señalado, e insistió en que, incluso si es considerada un activo económico o un bien de mercado, la situación no permite darle prioridad a este aspecto.
Ha insistido en que hay una lista de soluciones que varían entre las de largo y corto plazo. La primera de ellas pasa por la construcción de un nuevo parque público de vivienda, que, admite, es importante para reducir el problema en el tiempo a nivel estructural, pero no funciona como una solución para quienes hoy tienen un problema de acceso a la vivienda, o bien se encuentran con dificultades para ello.
Según la ministra, tratar la vivienda como un derecho responde al «sentir mayoritario de la ciudadanía» y al «marco constitucional de nuestro país». En este sentido, afirma tajantemente que «la vivienda es un derecho, con la vivienda no se mercadea», al señalar que esta es una idea esencial que debe ser transmitida a la ciudadanía, sobre todo a los que se han visto más afectados por este tipo de medidas.
Al equipararla con otros pilares del bienestar, la ministra argumenta que, al igual que la sanidad o la educación, el acceso a la vivienda no puede abandonarse a las leyes del mercado: «Como todos los derechos, no se pueden dejar al libre mercado». Apoyada en esta idea, ha insistido en defender las medidas para intervenir en los precios y los contratos, en particular en el sector.
El peso de los precios turísticos en la vivienda
No solo ha señalado el problema de la compraventa, sino también el de la falta de oferta para el alquiler residencial. Ha señalado la necesidad de seguir de cerca la cantidad de viviendas de uso turístico (VUT) que operan sin licencia en algunas de las grandes ciudades del país. No es un detalle menor, sobre todo al revisar los datos de la oferta de este tipo de negocio en el país.
Ha señalado que, según los datos del Banco de España, hay 900.000 viviendas en España que no se utilizan como residencia, sino que están ofertadas como VUT a pesar de no contar con la licencia correcta o bien que están en manos de grandes inversores no residentes en España. Para ella, si se recupera este parque residencial, no solo se cubriría el déficit de unas 750.000 viviendas en el mercado español, sino que serviría también para sumar el resto al parque de vivienda pública del país.
Sin embargo, ha insistido en que la solución de este problema pasa también por llegar a acuerdos con los ayuntamientos y los gobiernos de las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne. Es una necesidad, pero acepta que ha sido un reto. «En este caso o acordamos o hay fracaso, porque cada parte de la administración tiene una encomienda y si esas encomiendas no están engrasadas, no conseguimos el objetivo. Por tanto, aquí no es optativo acordar, es obligatorio acordar», ha sentenciado.
Isabel Rodríguez y la vivienda en Madrid
Ha insistido en que el problema ha empeorado en la Comunidad de Madrid por la falta de voluntad política. Sostiene que la decisión de no congelar los precios del alquiler en zonas tensionadas es una decisión política de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ante este «boicot», el Gobierno central busca alternativas como incentivos fiscales para que los propietarios madrileños bajen los precios de forma voluntaria a cambio de deducciones de hasta el 90%.
«La presidenta de la Comunidad de Madrid es la única que se atreve con total desparpajo a hacer el llamamiento a esos fondos a que vengan a comprarse el barrio de Salamanca, cuando la mayoría de las Administraciones públicas en los países europeos estamos intentando ver de qué manera ponemos trabas a ese tipo de inversiones», ha sentenciado.
Pero igualmente muestra preocupación por lo que ocurre en la capital y por la decisión de no aplicar la ley. «No porque no quieran aplicar una ley que salió de este Gobierno, sino porque yo creo que es malo para los madrileños y las madrileñas; lo que espero es que cuando llegue el momento de las elecciones autonómicas, los madrileños reaccionen», concluyó.
