La ONU ha hecho público este 24 de junio que 655 millones de personas viven sin electricidad en el mundo, una cifra que expone la urgencia de acelerar el acceso universal como pilar de la transición energética global. El dato, procedente del último informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), llega cuando apenas quedan cuatro años para la meta de 2030 y revela que el progreso se ha estancado en las comunidades más vulnerables.
El dato que desmonta el progreso: 655 millones sin luz a dos pasos de 2030
La brecha energética, lejos de cerrarse, se ha enquistado en el África subsahariana y en las zonas rurales de Asia meridional, donde la falta de infraestructuras de red y la pobreza extrema convierten el acceso a la electricidad en un lujo. Según el informe de Naciones Unidas, la asequibilidad se ha convertido en la principal barrera, por encima incluso de la disponibilidad técnica: el coste de la conexión y del consumo eléctrico supone un porcentaje insoportable de los ingresos para millones de familias.
El retroceso no es nuevo. La pandemia de COVID-19 ya frenó en seco los avances de la década anterior, y las crisis energéticas y de precios de los últimos años han desviado la inversión y la atención hacia la seguridad de suministro en los países ricos, relegando otra vez la electrificación del Sur Global. 655 millones de personas sin electricidad no es una estadística más: es la prueba de que el modelo de acceso energético basado en grandes redes centralizadas no llega a las periferias.
La paradoja: la solución renovable nunca ha sido tan barata
Mientras la cifra de los excluidos se mantiene, el coste de las energías renovables descentralizadas —paneles solares, minirredes, sistemas domésticos— ha caído en picado. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) estima que los sistemas solares autónomos son ya la vía más económica para electrificar a 4 de cada 10 personas que hoy viven sin luz. Sin embargo, la inversión anual necesaria en electrificación rural en los países en desarrollo sigue siendo seis veces inferior a la requerida, según los datos que maneja el sector.
La urgencia de la ONU se centra, precisamente, en la necesidad de de movilizar capital privado y fondos multilaterales hacia esos territorios. El argumento no es solo social: cada euro invertido en generación renovable descentralizada evita la quema de queroseno y diésel en lámparas y generadores, reduciendo emisiones de CO2 y contaminantes locales que dañan la salud de las mujeres y los niños, los más expuestos en los hogares sin electricidad.
Las alianzas público-privadas y los instrumentos de deuda verde, como los bonos sostenibles ligados al ODS 7, aparecen como la herramienta para cerrar la brecha. El informe de la ONU subraya que, sin un cambio de escala en la financiación, el número de personas sin electricidad apenas bajará de 600 millones en 2030, incumpliendo de forma flagrante la promesa del acceso universal.
La energía no es solo un bien de consumo: es la puerta de entrada a la sanidad, la educación y la actividad productiva. Sin electricidad, millones de personas quedan condenadas a la pobreza.
El espejo de la pandemia y la oportunidad que no puede esperar más
El estancamiento del acceso eléctrico no es un fenómeno aislado. Ya en 2022, el Banco Mundial y la AIE advertían de que, por primera vez en una década, el número de personas sin electricidad había vuelto a crecer, borrando los avances logrados en Asia y Latinoamérica. La subida de los precios de los combustibles fósiles tras la invasión de Ucrania agravó la situación, haciendo aún más inalcanzable la conexión para las economías domésticas más precarias.
Desde la óptica ESG, la lectura es clara: el acceso universal a la energía limpia no es un apéndice ambiental, sino un vector social de primer orden. Las empresas energéticas y los fondos de inversión responsable que incluyen el ODS 7 en sus métricas de impacto deben ahora redoblar sus compromisos, no con declaraciones, sino con proyectos de electrificación con renovables que lleguen al último kilómetro. La Taxonomía Verde europea ya considera como elegibles las inversiones en generación renovable en países en desarrollo, siempre que cumplan criterios de no causar daño significativo.
Lo que está en juego no es solo un objetivo estadístico. Cada hogar que se conecta a una minirred solar deja de respirar el humo tóxico de las cocinas y las lámparas de queroseno, reduciendo en un 70% las enfermedades respiratorias infantiles, según la Organización Mundial de la Salud. Además, la electricidad permite alimentar bombas de agua, conservar vacunas y dar luz a las escuelas, creando un círculo virtuoso que saca comunidades enteras de la pobreza.
El dato de los 655 millones es, por tanto, una llamada de atención para el sector privado: la transición energética no será justa, ni será transición, si deja atrás a una de cada doce personas del planeta. La tecnología existe, los costes la respaldan y los marcos de financiación verde están listos. Falta, como de costumbre, la voluntad política y la alineación de incentivos.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: La electrificación renovable universal eliminaría más de 1.000 millones de toneladas de CO2 al año al sustituir combustibles contaminantes en iluminación y generación, según las estimaciones de IRENA.
- Modelo que cambia: El acceso a la electricidad mediante minirredes solares desplaza a los combustibles fósiles y a los generadores diésel, creando un modelo de desarrollo energético descentralizado y resiliente.
- Para las próximas generaciones: Garantizar que cada hogar tenga luz limpia en 2030 es la llave para que las comunidades más pobres no se vean atrapadas en un modelo de desarrollo sucio, heredando un planeta con menos desigualdad y menos emisiones.
