Iberdrola pasa al ataque. La compañía ha recurrido ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las circulares que fijan la retribución de las redes eléctricas y, en paralelo, ha contestado a los expedientes sancionadores que el regulador abrió tras el apagón masivo del 28 de abril de 2025.
Así lo confirmó este martes Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, durante el seminario sobre inteligencia artificial, energía y vivienda organizado por la APIE en Santander. El directivo aseguró que los recursos ya se han presentado «porque los plazos vencieron y lo hicimos», y subrayó que los procedimientos sancionadores «no están vinculados» con el incidente que dejó sin suministro a gran parte del país.
Las circulares de retribución, en el punto de mira
El recurso de Iberdrola contra las circulares de retribución de redes se apoya en un informe del Consejo de Estado que, según Ruiz-Tagle, «es muy claro respecto a que las circulares no cumplen con la legalidad vigente». La razón principal es que el modelo actual incorpora riesgo a la actividad de distribución sin retribuirlo adecuadamente, lo que afecta a la rentabilidad de las inversiones en la red.
Aunque los plazos para recurrir ya han vencido, Iberdrola ve margen para corregir la situación. Entre las posibles soluciones, el directivo apuntó a buscar alternativas en el marco del real decreto de inversiones pendiente, como fórmulas que reconozcan explícitamente el riesgo o incentivos adicionales para la digitalización y el refuerzo de las redes. «Hay que dar certidumbre a quienes invertimos miles de millones en la red», defendió.
Dos tipos de expedientes, sin vínculo con el apagón
Respecto a los expedientes incoados por la CNMC, Ruiz-Tagle distinguió dos categorías. La mayoría se refieren al control de tensión y abarcan un horizonte de dos años. La CNMC los ha calificado como posibles infracciones graves. Iberdrola ha solicitado al regulador que explique cómo ha sido posible que la compañía estuviera operando durante ese periodo sin haber recibido ninguna advertencia previa de incumplimiento, y ha pedido los datos utilizados para elaborar los expedientes con el fin de cotejarlos con su propia información.
«Nos llama la atención que no se nos avisara antes», comentó Ruiz-Tagle, dejando entrever que la empresa podría alegar falta de supervisión activa.
La eléctrica asegura que los expedientes sancionadores no están vinculados al apagón, pero pide a la CNMC que aclare por qué no emitió ninguna alerta previa en los dos años anteriores.
El segundo grupo de procedimientos, calificados como «muy graves», no tiene relación alguna con el apagón, según subrayó el directivo. Se trata de tres centrales nucleares que pararon en su momento por reglas de mercado: sus ofertas no casaron en el mercado eléctrico y, por tanto, dejaron de producir. «Se informó a la CNMC y a Red Eléctrica de que esas centrales, que no resultaban casadas, pararían durante un periodo de tiempo, como puede hacerlo cualquier otra central hidráulica o de ciclo combinado», explicó. Para Iberdrola, imponer sanciones muy graves por un comportamiento plenamente legal y comunicado es desproporcionado y carece de justificación técnica.
Análisis: la batalla regulatoria de Iberdrola
El movimiento de Iberdrola es mucho más que una respuesta defensiva: es una declaración de intenciones. La compañía, liderada en España por Ruiz-Tagle, está marcando distancias con el regulador en un momento en que la CNMC en el diseño del modelo retributivo ha intensificado su escrutinio tras el apagón de abril de 2025. Aquel incidente, que dejó sin suministro a millones de hogares y empresas durante horas, se convirtió en un punto de inflexión para la supervisión del sistema eléctrico. Pero Iberdrola intenta ahora separar la investigación técnica del apagón de lo que considera un celo sancionador excesivo.
El recurso contra las circulares de retribución de redes tiene un calado estratégico. Si los tribunales dan la razón a Iberdrola, la CNMC podría verse obligada a rehacer el esquema retributivo, lo que afectaría a todas las distribuidoras. En un contexto en el que la transición energética exige inversiones récord en redes —digitalización, integración de renovables, almacenamiento—, la rentabilidad de la distribución es un asunto capital. La compañía sostiene que el modelo actual no cubre el riesgo real, y eso desincentiva el despliegue de capital. La respuesta del regulador será clave: sin cambios, podría frenarse parte de la inversión que España necesita.
En el frente sancionador, la estrategia de Iberdrola es doble: negar el vínculo con el apagón y cuestionar la metodología de la CNMC. Pedir los datos internos que el regulador usó para abrir los expedientes es una forma de ganar tiempo y exponer posibles debilidades en el procedimiento. Además, el hecho de que los expedientes por control de tensión abarquen dos años sin que se emitieran advertencias previas plantea serias dudas sobre la eficacia de la supervisión. Si una empresa operó de forma supuestamente irregular durante tanto tiempo sin ser corregida, ¿por qué se actúa ahora? La respuesta puede estar en la presión política y mediática posterior al apagón, que empujó al regulador a buscar responsabilidades.
El caso de las nucleares es aún más delicado. La normativa permite a las centrales no casar sus ofertas si el precio no cubre sus costes, y es una práctica común en el mercado mayorista. Sancionar como muy grave una parada por motivos económicos, cuando además fue comunicada a Red Eléctrica y al propio regulador, podría ser jurídicamente insostenible. Iberdrola no solo se defiende; está desafiando la autoridad de la CNMC para calificar infracciones en un terreno fronterizo entre lo técnico y lo comercial.
Creo que Iberdrola tiene argumentos sólidos en ambos frentes, pero la batalla será larga y costosa. El riesgo es que este conflicto distraiga a la compañía y al sector de las inversiones urgentes en redes. Mientras, el regulador se enfrenta a una decisión incómoda: ceder y corregir sus circulares a costa de elevar la retribución, o mantener el pulso y arriesgarse a un fallo judicial adverso. La tensión entre Iberdrola y la CNMC no es nueva, pero ahora ha alcanzado un punto de inflexión. ¿Será la justicia quien acabe definiendo el marco retributivo de las redes? La respuesta tardará meses, pero marcará el rumbo del negocio eléctrico en España en los próximos años.
