La CNMC ha identificado la falta de transparencia en tarifas y el exceso de burocracia como los principales frenos a la competencia en la recarga de vehículos eléctricos. Este 24 de junio, el regulador ha publicado un informe con una docena de propuestas para corregir estos desequilibrios antes de que lastren el despliegue del vehículo eléctrico en España.
El mercado de la recarga pública ha crecido de forma exponencial en los últimos dos años, pero la fragmentación de operadores, la disparidad de precios y la complejidad administrativa amenazan con ralentizar la adopción masiva. Según datos del sector, la red de recarga pública supera ya los 30.000 puntos, aunque la mayoría son de baja potencia, y el parque de vehículos eléctricos ronda las 400.000 unidades. La cuota de mercado del eléctrico puro se situó en el 5,4% en 2025, lejos de Portugal, que supera el 20%. La CNMC advierte de que, si no se actúa con celeridad, España podría quedarse rezagada frente a los objetivos de electrificación fijados por Bruselas.
Las medidas clave anunciadas por la CNMC
Entre las propuestas más destacadas figura la obligación de que los operadores publiquen sus tarifas de recarga de forma clara y comparable. El objetivo es que el usuario pueda elegir punto de carga conociendo de antemano el coste por kilovatio hora (kWh), algo que hoy sigue siendo opaco en muchas estaciones. Además, la CNMC pide la creación de ventanillas únicas administrativas que reduzcan los trámites para instalar nuevos puntos de recarga, un proceso que actualmente puede llevar meses en según qué comunidades autónomas.
Otro eje fundamental es la neutralidad de las ayudas públicas. El regulador considera que los programas de subvención, como los fondos del Plan MOVES o las ayudas a la instalación de puntos de recarga vinculada a vehículos, deben evitar favorecer a determinados operadores frente a otros. En la práctica, esto implicaría revisar los criterios de elegibilidad para que grandes y pequeños competidores puedan acceder en igualdad de condiciones.
La CNMC también reclama para sí misma nuevas herramientas de investigación de mercados. Quiere poder detectar a tiempo prácticas anticompetitivas, acuerdos comerciales que limiten la interoperabilidad entre redes o estrategias de precios predatorios. El modelo de negocio de la recarga ultrarrápida, con inversiones millonarias, puede llevar a movimientos empresariales que terminen por concentrar el mercado en pocos operadores.
Los obstáculos que han llevado a la CNMC a actuar
El informe detalla una serie de barreras que, si no se eliminan, podrían frenar el desarrollo de una red de recarga competitiva. La primera es la fragmentación normativa: cada comunidad autónoma y, a menudo, cada ayuntamiento, impone sus propios requisitos para la instalación de puntos de carga. Esto genera costes adicionales y retrasos que desincentivan a nuevos entrantes.
La competencia no se construye solo con más puntos de recarga, sino con reglas claras que impidan que unos pocos operadores controlen el acceso del usuario a la energía.
La segunda barrera es la falta de transparencia en los precios. Aunque la mayoría de los operadores publican sus tarifas, la CNMC ha constatado que la información no siempre es fácil de comparar. Algunos incluyen el coste de la energía, otros añaden tarifas de conexión o suscripciones, y la fórmula de precios dinámicos en estaciones ultrarrápida resulta opaca para el consumidor medio.
Por último, el regulador señala el riesgo de captura del mercado por parte de los grandes operadores energéticos, que pueden empaquetar puntos de recarga con otros servicios (electricidad en el hogar, paneles solares) y crear ecosistemas cerrados. Si no se vigila, la interoperabilidad entre redes podría verse comprometida, y el usuario se vería forzado a usar una sola app o tarjeta de recarga propiedad de un grupo concreto.
El largo camino hacia una movilidad eléctrica competitiva
A nivel europeo, el Reglamento AFIR ya obliga a que los puntos de recarga sean accesibles sin suscripción previa y con precios transparentes. España tiene hasta finales de 2026 para transponerlo, por lo que las medidas de la CNMC se alinean con una tendencia continental. Pero la clave estará en la coordinación con las comunidades autónomas, que poseen las competencias en ordenación del territorio y en la concesión de ayudas.
Las propuestas de la CNMC llegan en un momento delicado. España se ha fijado el objetivo de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y para ello necesita multiplicar por seis la red de recarga ultrarrápida. Pero sin una competencia efectiva, el riesgo es que los precios se inflen artificialmente y que la experiencia de recarga se convierta en un desierto de opciones limitadas.
Creo que el acierto de estas medidas está en su carácter preventivo y no meramente reactivo. La CNMC aprendió la lección en otros sectores, como las telecomunicaciones, donde actuó tarde ante la concentración de mercado. Ahora quiere evitar repetir errores con la movilidad eléctrica. Sin embargo, la eficacia de cualquier recomendación reside en su aplicación. El organismo necesita dotarse de los medios y la determinación para sancionar con contundencia si aparecen prácticas restrictivas.
Las ayudas públicas, por su parte, son un arma de doble filo. Si no se diseñan con criterios de neutralidad, pueden acabar financiando la dominancia de unos pocos. El Plan MOVES ha sido criticado por su complejidad y por beneficiar a fabricantes y operadores con más capacidad para gestionar los trámites. La CNMC pide ahora que las reglas del juego sean iguales para todos. Es una demanda sensata, pero exigirá un cambio de mentalidad en las administraciones autonómicas, que a menudo ven en estas ayudas una oportunidad para atraer inversión a cualquier precio.
En última instancia, el éxito de la recarga eléctrica en España dependerá de que el usuario pueda enchufar su coche en cualquier lugar sin preocuparse por qué aplicación descargar ni por tarifas ocultas. Las propuestas de la CNMC van en la buena dirección, pero el camino hasta 2030 está sembrado de fechas límite y de la tentación de proteger mercados locales. Mi impresión es que, sin un seguimiento constante, las buenas intenciones se quedarán en papel mojado. Y eso sería una mala noticia para la movilidad sostenible.
Puedes consultar el informe completo en la web de la CNMC.
