EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? EMT Madrid ha desistido del contrato de concesión a 20 años de las cocheras de La Elipa y ha licitado solo la construcción por 134 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
- ¿Qué impacto tiene? El centro albergará 318 autobuses eléctricos y dará certidumbre a los 1.240 trabajadores desplazados tras casi cuatro años de espera.
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha renunciado este martes a externalizar la construcción y explotación del nuevo Centro de Operaciones de La Elipa. Tras quedar desierto el concurso de concesión que preveía un valor de 366 millones de euros, el Ayuntamiento ha optado por una licitación pública de la obra civil con un presupuesto de 134 millones (impuestos no incluidos) y una ejecución en 32 meses.
El plan anterior, recogido en el Plan de Contratación de EMT para 2025, contemplaba un contrato de 20 años de duración y un presupuesto estimado de 400 millones para que una empresa privada construyera, mantuviera y suministrara energía a las cocheras, más un contrato adicional de 1,2 millones para el seguimiento de la concesión. Sin embargo, la falta de ofertas en el proceso de concesión —que la empresa municipal no ha detallado públicamente— obligó a dar un giro radical.
La nueva licitación, anunciada esta mañana por la empresa municipal, se limita a la obra y desliga la explotación, que volverá a manos de EMT. El plazo total de 32 meses incluye cinco meses para la redacción del proyecto, 24 meses para la ejecución de los trabajos y tres meses finales para la puesta en marcha y los permisos administrativos.
Las futuras cocheras, ubicadas junto al cementerio de La Almudena, dispondrán de 32.200 metros cuadrados de estacionamiento cubierto para 318 autobuses 100% eléctricos, 20 de ellos articulados. La instalación contará con 318 pantógrafos de recarga y una subestación eléctrica de hasta 20 megavatios (MW) de potencia, además de 4.732 paneles fotovoltaicos capaces de generar más de 2 MW adicionales, orientados a alcanzar las cero emisiones netas.
La renuncia a la privatización supone también un alivio para los 1.240 empleados que fueron desplazados de La Elipa en marzo de 2022. Tras casi cuatro años de parón —que el Ayuntamiento justificó inicialmente por trabajos de descontaminación del enclave—, los trabajadores pasaron a las cocheras de Fuencarral, en el extremo norte de Madrid, con la promesa de volver cuando concluyera la reforma. Aquella mudanza se alargó sin apenas avances, algo que ahora empieza a despejarse.
Un proyecto que nació con vocación de concesión privada y un presupuesto de 366 millones se ha estrellado contra la realidad de un concurso fantasma, forzando al Ayuntamiento a recuperar la iniciativa pública y a recortar el coste en 232 millones.
La decisión de EMT Madrid es relevante no solo por el ahorro presupuestario inmediato, sino por lo que significa en un momento en que las grandes ciudades debaten si externalizar o mantener bajo gestión pública la infraestructura que sostiene la movilidad eléctrica. En un contexto de inversiones millonarias para electrificar flotas, la falta de interés privado en este proyecto madrileño envía una señal: ciertos contratos, con márgenes ajustados y alto riesgo tecnológico, pueden no ser atractivos para el capital privado.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El nuevo contrato de 134 millones de euros, que excluye la explotación a largo plazo, reduce en dos tercios el coste antes previsto y devuelve a EMT el control de un centro estratégico. La cifra, no obstante, hay que leerla con cuidado: el primer importe incluía la operación durante dos décadas y la factura energética, mientras que el actual solo cubre la obra civil y la infraestructura de recarga. Aun así, el ahorro neto para las arcas municipales es significativo y, sobre todo, el pliego no depende ya de que una compañía asuma el riesgo de construir y gestionar un complejo de estas dimensiones.
Madrid concentra en La Elipa la mayor apuesta por la electrificación de su flota de autobuses. Los 318 vehículos eléctricos que albergará el centro, incluidos 20 articulados, representan casi el 14% de la flota municipal y serán la punta de lanza del objetivo de cero emisiones para 2027. La combinación de pantógrafos, 20 MW de subestación y 2 MW solares propios da una potencia bruta que podría cubrir la recarga nocturna sin apenas tirar de la red general, un modelo que ya ensayan otras ciudades europeas pero que en Madrid gana escala de golpe.
Para los 1.240 trabajadores que llevan casi cuatro años en Fuencarral, la decisión de este martes les devuelve un horizonte temporal. Cabe recordar que no es la primera vez que un gran contrato de concesión de infraestructuras de transporte público se queda sin ofertas en la capital. Ya en 2019, el proyecto de aparcamiento de Serrano encalló por falta de interés, lo que sugiere que la apuesta por la externalización completa no siempre encaja con las expectativas del mercado, sobre todo cuando los márgenes están apretados. De fondo, el regreso a la gestión pública de las obras refuerza la posición de quienes defienden que la EMT debe conservar el control directo de sus centros operativos, una batalla que no es nueva y que en los últimos años se ha dirimido en los despachos del Área de Medio Ambiente y Movilidad.
El calendario marca que, si la licitación avanza sin contratiempos, las nuevas cocheras de La Elipa estarán listas a principios de 2029. A partir de ahí, la EMT podrá desplegar la recarga masiva de su flota cero emisiones y comenzar a amortizar una inversión que, en su momento, iba a recaer sobre el capital privado. De momento, el Ayuntamiento ha logrado sortear el escollo más inmediato: dar salida a un proyecto que llevaba años enquistado y que amenazaba con eternizar el traslado de los empleados.
Lo que no ha cambiado es la hoja de ruta eléctrica. La electrificación de la flota de autobuses sigue siendo la gran prioridad de la movilidad madrileña, pero el fracaso de la concesión de La Elipa demuestra que el sector privado no ve el mismo brillo que la administración en algunos contratos de largo plazo. Cuando las cuentas no salen, la opción pública se convierte en la única salida.
