La sombra de una intervención estatal se cierne sobre el mercado hipotecario español. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene bajo lupa a los seis grandes bancos —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— por presuntas prácticas anticompetitivas en la concesión de hipotecas. La reacción del sector no se ha hecho esperar, y las entidades perciben en este expediente un intento del Gobierno de presionar para una intervención directa que modere los precios.
Según adelantó Vozpopuli, la CNMC sospecha que las entidades coordinaron sus ofertas hipotecarias durante la guerra comercial de los últimos meses. Las fuentes consultadas por este diario señalan que el regulador ha recabado ya documentación interna de las seis firmas. «No hay una acusación formal todavía, pero el expediente está muy avanzado», reconocen desde una de las entidades.
Expediente exprés a los pilares de la banca
El procedimiento de Competencia se abrió de manera sorpresiva, apenas unas semanas después de que los bancos lanzaran hipotecas fijas y mixtas a tipos excepcionalmente bajos. La CNMC investiga si hubo un pacto tácito para limitar la competencia en precios y comisiones, lo que habría perjudicado al consumidor. Los seis bancos investigados concentran más del 70% del crédito hipotecario en España.
El regulador tiene la potestad de imponer multas de hasta el 10% de la facturación, pero las entidades temen algo peor: que el expediente sirva de coartada para que el Ejecutivo de Sánchez active mecanismos de control de precios. «: «Es un sinsentido»
La reacción del sector ha sido contundente. Distintos portavoces de las entidades, recogidos por ABC, califican de «sinsentido» la investigación de la CNMC. Afirman que las declaraciones públicas de los directivos sobre la evolución del mercado no pueden interpretarse como un pacto de precios. «Si hablar en público es delito, que nos lo digan», ironiza un alto ejecutivo.
La patronal bancaria AEB aún no ha emitido un comunicado oficial, pero traslada en privado su «enorme malestar» con el Ejecutivo. Creen que se está utilizando a Competencia como ariete para justificar una intervención que llevaría a la fijación administrativa de diferenciales o, en el peor de los escenarios, a la limitación por ley de los tipos de interés hipotecarios.
La CNMC aprieta a los seis grandes bancos y el Gobierno no descarta intervenir si la investigación confirma un pacto de precios.
Análisis: ¿Más regulación o control de precios?
Conviene mantener la calma y separar los planos. La CNMC es un organismo independiente y tiene obligación de investigar cualquier indicio de colusión. Pero el contexto político carga de intencionalidad cada movimiento. El precio de la vivienda sigue al alza, las hipotecas se encarecen y el Ejecutivo necesita respuestas frente a un electorado cada vez más preocupado por el acceso a la vivienda. Intervenir el mercado hipotecario sería una medida de gran calado que recordaría a los controles de precios de los años ochenta, con efectos secundarios que la historia conoce bien: racionamiento del crédito, desplazamiento de la demanda al mercado negro y pérdida de confianza inversora.
No obstante, hay matices. Si la investigación demuestra que efectivamente los bancos se pusieron de acuerdo para evitar una guerra de precios agresiva, la reacción regulatoria dejaría de ser una opción política para convertirse en una restitución del equilibrio competitivo. La clave es si el expediente se sostiene sobre pruebas sólidas o sobre conjeturas. De confirmarse lo primero, la banca tendrá difícil argumentar que no se merece una sanción ejemplar.
Lo que inquieta al sector es la velocidad con que el Gobierno ha puesto el foco sobre las hipotecas. Hace apenas diez días, la portavoz del Ejecutivo insistía en que «no se tolerarán abusos» en los tipos que pagan las familias. Y ahora la CNMC actúa. Cuesta no ver una coreografía. Desde esta redacción creemos que si el expediente prospera sin fisuras, la tentación de intervenir será casi irresistible. Pero también hay riesgos para la banca: un enfrentamiento abierto con el Gobierno en plena campaña electoral les pasaría factura reputacional.
De momento, lo único cierto es que los seis grandes bancos españoles están bajo la lupa de Competencia. El desenlace puede marcar la relación entre el sector y el Estado durante la próxima década. Todo depende de lo que encuentren los inspectores.
