EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Canarias lanza un programa que garantiza a los propietarios el cobro de la renta si alquilan su piso vacío a precio asequible, gestionado por la empresa pública Visocam.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Vivienda, con un presupuesto de 1,8 millones de euros para la Bolsa Activa de Vivienda Asequible.
- ¿Qué impacto tiene? Se busca reducir el stock de viviendas vacías, ofrecer alquileres por debajo del mercado y proteger al arrendador frente a impagos, sin consumir nuevo suelo.
El Gobierno canario ha presentado la Bolsa Activa de Vivienda Asequible, un seguro de alquiler que garantiza a los propietarios el pago mensual de la renta si ponen su piso vacío en alquiler a un precio asequible. La medida, dotada con 1,8 millones de euros y actualmente en licitación, será gestionada por la empresa pública Visocam y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para movilizar el parque residencial en desuso sin recurrir a nuevas construcciones.
Cómo funciona el seguro de alquiler: cesión, rehabilitación y pago garantizado
El mecanismo es sencillo pero con varias capas de protección. Los propietarios con viviendas en desuso ceden la gestión del inmueble a Visocam, la empresa pública de vivienda del archipiélago. Esta se encarga de la intermediación con el futuro inquilino, asegurando que la renta sea asequible y fijando el precio según los baremos de la administración. Cada mes, Visocam deposita la renta acordada al propietario, independientemente de si el inquilino paga o no.
Aquí radica la principal novedad: se trata de un seguro de cobro que elimina el principal temor de muchos propietarios —los impagos— y que, según los datos del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA), afectan especialmente a los pequeños arrendadores. Además, al finalizar el contrato, Visocam se compromete a realizar las tareas de rehabilitación necesarias para devolver la vivienda en las mismas condiciones en las que fue entregada, un punto que la consejería ha calificado como “clave para generar confianza”.
Una frase de Pablo Rodríguez, consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, resume la filosofía de la medida: “Es una iniciativa eficiente y sostenible, al priorizar la movilización del parque residencial ya construido frente a alternativas que implican un mayor consumo de suelo, más recursos públicos y plazos de ejecución más largos, una cuestión especialmente relevante en el ámbito territorial de Canarias”.
La iniciativa se apoya en un presupuesto de 1,8 millones de euros que cubre la operativa del programa y las garantías de renta. La consejería espera que la licitación actual permita poner en marcha la bolsa en los próximos meses.
El contexto insular: por qué Canarias apuesta por movilizar pisos vacíos
Canarias arrastra desde hace años una escasez crónica de suelo disponible para nueva construcción, agravada por la protección medioambiental y la alta demanda turística que compite con el uso residencial. El Gobierno regional maneja un parque público de aproximadamente 20.000 inmuebles gestionados por Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda, pero reconoce que la demanda supera con creces esa cifra: hay 30.000 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida.
Un dato que la consejería ha detallado con precisión: de esos 30.000 demandantes, solo un tercio busca vivienda pública de alquiler; otro tercio prefiere vivienda protegida de promoción privada en compra, y el tercio restante se inclina por vivienda protegida de promoción privada en alquiler. Esta radiografía justifica, según Rodríguez, la necesidad de impulsar tanto la construcción de VPO por promotores privados como la movilización de las viviendas ya existentes.
En ese sentido, la legislatura ha dejado avances significativos en obra nueva: se han promovido 4.033 VPO en tres categorías —finalizadas, en ejecución (1.966) y planificadas (1.819)—, aunque el ritmo de licitación de las últimas se mantiene como un punto de tensión. La Bolsa Activa no sustituye a estos programas, sino que añade una vía paralela más rápida para aliviar la presión sobre el alquiler sin esperar años de obra.
La mayoría de los pisos vacíos en Canarias pertenece a pequeños propietarios para quienes el riesgo de impago es la principal barrera para alquilar.
La Ficha del Inversor
El desembarco de esta garantía de cobro es, en el fondo, un intento de alinear los intereses del arrendador privado con los objetivos públicos de contención de precios. La métrica clave aquí no es un yield bruto convencional, sino el diferencial entre la renta que el mercado libre arroja y la que el propietario está dispuesto a aceptar a cambio de certidumbre. Fuentes de la consejería cifran el descuento esperable entre un 15% y un 25% sobre el alquiler de mercado, aunque el programa no fija un límite rígido: cada contrato se negocia dentro de los umbrales de asequibilidad que fija Visocam.
La tendencia a seis meses es de cautela. Programas similares de intermediación pública —como los que existen en el País Vasco o en alguna capital insular— han arrancado con cifras modestas de adhesión mientras se resuelven los tiempos de tramitación y la desconfianza inicial de los propietarios. Sin embargo, el blindaje frente al impago y la promesa de rehabilitación gratuita al final del contrato podrían acelerar la entrada de viviendas en un mercado como el canario, donde el alquiler vacacional compite ferozmente y muchos pisos vacíos son segunda residencia no declarada.
El perfil recomendado para esta Bolsa Activa es claro: propietarios con pisos vacíos en zonas de alta demanda residencial (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arona, Puerto del Rosario) que evitan alquilar por el riesgo de impago y que no quieren asumir la gestión diaria. Para el inversor institucional, el impacto es marginal: las grandes carteras de build to rent operan en otro segmento de precios y la bolsa movilizará viviendas dispersas, no promociones completas.
El verdadero pulso se dará entre la capacidad de la administración para tramitar expedientes con agilidad —un foco histórico de cuellos de botella en Canarias— y la voluntad real de los propietarios de abandonar la vía del alquiler vacacional o la simple inmovilización del activo. La Bolsa Activa es, en el mejor de los casos, un complemento sensato a la política de VPO, pero difícilmente resolverá por sí sola una demanda que dobla la oferta pública disponible. El tiempo dirá.
