El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha reactivado por la vía de urgencia el concurso del nudo Mudéjar de renovables con un objetivo concreto: reasignar los 937 megavatios (MW) de capacidad de acceso que han quedado libres tras la drástica reducción del proyecto de Enel Green Power en Teruel. La consulta pública estará abierta hasta el 17 de junio, apenas dos días desde su lanzamiento, y busca cerrar una laguna regulatoria que amenazaba con dejar sin uso infraestructura clave en una de las comarcas más castigadas por el cierre del carbón.
La iniciativa parte de una realidad incómoda: el megaproyecto de Enel, que prometía instalar 1.844 MW entre fotovoltaica, eólica y baterías, se ha quedado en apenas 265 MW tras la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en febrero de 2026. Es decir, solo el 14% de la potencia inicialmente prevista. Los 937 MW de evacuación que sobran necesitan un nuevo dueño antes de que el nudo Mudéjar 400 kV, asociado al cierre de la central térmica de Andorra, pierda su razón de ser.
El proyecto que se quedó en el 14% de lo planeado
El concurso Mudéjar, convocado en 2021, fue el primer procedimiento de transición justa diseñado en España. Su objetivo era doble: adjudicar 1.202 MW de capacidad renovable y, al mismo tiempo, vincular esa potencia a compromisos de desarrollo económico, empleo y actividad industrial en los municipios que rodean la antigua central de Endesa. La adjudicación a Enel Green Power, formalizada en 2022, se perfilaba como un modelo a seguir.
Enel presentó una propuesta sobredimensionada: 1.069 MW fotovoltaicos, 695 MW eólicos y 80 MW de baterías, con la idea de optimizar la infraestructura eléctrica existente. Sin embargo, la DIA de febrero de 2026 recortó de raíz el alcance. De los 1.844 MW proyectados, solo autorizó 265 MW, dejando a la empresa con un proyecto que equivale a poco más de una cuarta parte del acceso que tenía asignado.
Lo que está en juego no son solo megavatios. Es la credibilidad de un modelo que prometió desarrollo económico a cambio de renovables, y que ahora afronta su primer gran test en Teruel.
La reducción no solo afecta a Enel. Pone en peligro los objetivos de transición justa para la comarca de Andorra, donde se esperaban inversiones, puestos de trabajo y una reindustrialización vinculada a la energía limpia. Una capacidad de evacuación bloqueada supone perder meses o años en un proceso que ya acumula retrasos.
Una consulta urgente para evitar el bloqueo de la red
La modificación de la Orden TED/1182/2021 que plantea el MITECO es quirúrgica. Se trata de añadir un mecanismo específico para reasignar la capacidad que quede liberada cuando un proyecto adjudicatario sufra cambios sobrevenidos, ya sea por resoluciones ambientales o por otros motivos administrativos. La orden original no preveía ese escenario.
La consulta, tramitada por vía de urgencia, propone una solución inmediata: ofrecer los 937 MW liberados a los participantes que fueron admitidos en el concurso de 2021 pero que no resultaron adjudicatarios, respetando el orden de prelación obtenido entonces. También se abre la puerta a otros mecanismos de reasignación que los actores del sector puedan sugerir durante estas 72 horas de debate público.
Desde el Ministerio insisten en que cualquier nuevo proyecto deberá mantener los compromisos sociales, económicos y ambientales que motivaron la convocatoria original. No se trata solo de ocupar megavatios vacantes: se busca garantizar que la reactivación del nudo Mudéjar siga siendo un proyecto de transición justa con arraigo local.
Un test para la transición justa que no admite más demoras
Este episodio deja al descubierto una tensión que va a repetirse en otros nudos de la red: la colisión entre la planificación energética y la realidad ambiental. Los proyectos de gran escala, necesarios para cumplir con el PNIEC, se topan con resoluciones de impacto que reducen su tamaño o los descartan por completo. Sin un protocolo claro para reasignar la capacidad liberada, el sistema se atasca.
El nudo Mudéjar no es un caso aislado. Es el espejo de lo que puede ocurrir en otros diez nudos de transición justa que están en distintas fases de desarrollo. La rapidez con la que el MITECO ha movido ficha demuestra que el ministerio es consciente del riesgo reputacional y económico que supondría dejar sin uso una infraestructura pensada para revitalizar una cuenca minera.
He escrito en otras ocasiones que la transición energética española necesita algo más que anuncios de capacidad: necesita contratos, conexiones reales y plazos que se cumplan. El concurso Mudéjar era la joya de la corona de ese discurso. Ahora, su segunda oportunidad dependerá de que las empresas que quedaron a las puertas en 2021 estén dispuestas a retomar sus proyectos con las mismas condiciones de arraigo territorial y compromiso social.
La pregunta incómoda es si esos inversores siguen interesados tras cinco años de cambios normativos, subidas de tipos y un escenario de precios eléctricos mucho más volátil que el de 2021. El Ministerio necesitará algo más que una consulta de tres días para despejar esa incógnita. Pero al menos, la capacidad ya no se perderá por un vacío legal.
