El Partido Popular ha convertido la crítica a RTVE y al Gobierno de Pedro Sánchez en uno de los ejes de su discurso político. Manipulación, amiguismo, derroche y utilización partidista de los medios públicos son algunas de las acusaciones recurrentes lanzadas desde Génova. Sin embargo, un vistazo a varias radiotelevisiones autonómicas gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo revela una realidad mucho más incómoda para los populares: denuncias de manipulación informativa, conflictos laborales, contrataciones cuestionadas, escándalos empresariales y audiencias que, en algunos casos, apenas justifican el enorme gasto público que suponen.
Mientras el foco político se dirige constantemente hacia RTVE, las cadenas autonómicas controladas por gobiernos populares acumulan sus propias polémicas. En Andalucía, Galicia o Madrid se han sucedido en los últimos meses episodios que cuestionan la gestión de unos medios que deberían estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses de quienes gobiernan.
Uno de los casos más graves ha estallado en el entorno de Canal Sur. El consejo de administración del Grupo Audiovisual Digital Multimedia (ADM), principal productora vinculada a la televisión pública andaluza, acordó el cese definitivo de su consejero delegado, Gustavo Fuentes, después de que trascendiera que está siendo investigado por presunta agresión y acoso sexual a una reportera. Inicialmente se anunció una suspensión temporal de funciones mientras se esclarecía su situación procesal, pero finalmente se optó por su destitución.
El episodio volvió a poner bajo los focos a una cadena que lleva años siendo objeto de críticas por parte de trabajadores, sindicatos y del propio Consejo Profesional de la RTVA. Las denuncias apuntan a una línea editorial favorable al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla y a una falta de pluralidad informativa que ha llevado a algunos sectores a bautizar la cadena como «Tele Bonilla». Los profesionales de la casa han alertado reiteradamente sobre malas prácticas y tratamientos informativos considerados parciales, una situación que ha deteriorado la imagen de una televisión que históricamente aspiraba a ser un referente autonómico.
Condena para el amigo de Feijóo, Rueda y Julio Iglesias
Los problemas tampoco terminan en Andalucía. En Galicia, el Tribunal Superior de Xustiza confirmó recientemente una sentencia contra Destino Bergen, la productora propiedad del presentador Roberto Vilar y responsable del exitoso Land Rober-Tunai Show de la TVG. La resolución obliga a la empresa a pagar 41.748 euros a un guionista por diferencias salariales acumuladas y por un despido declarado improcedente.
Según los tribunales, la productora abonó durante años salarios inferiores a los establecidos en el convenio estatal del sector audiovisual. El trabajador percibía unos 3.415 euros mensuales cuando, de acuerdo con las tablas salariales aplicables al presupuesto del programa, debía superar los 4.170 euros. La importancia del caso aumenta si se tiene en cuenta que el espacio costó a las arcas públicas gallegas 6,84 millones de euros entre enero de 2023 y octubre de 2024.
La justicia también rechazó la explicación ofrecida por la empresa para justificar el despido. Destino Bergen alegó motivos organizativos y una reducción de sketches, pero tanto la jueza como posteriormente el TSXG consideraron poco creíble ese argumento dado que el programa mantenía su continuidad y seguía registrando buenos datos de audiencia.
La figura de Roberto Vilar tampoco ha estado exenta de otras controversias. El presentador se vio obligado a pedir disculpas públicamente después de que en 2021 su programa intentara propiciar el reencuentro entre una joven y una expareja con la que había roto. La iniciativa provocó una fuerte reacción social y obligó al propio conductor del espacio a admitir errores. “No hay excusas” y “nos equivocamos”, reconoció entonces.
Durante años, Vilar ha sido además una de las caras más visibles de la televisión pública gallega, donde sus entrevistas y programas han mostrado una evidente cercanía con dirigentes como Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Rueda, o artistas como Julio Iglesias. Su trayectoria también incluye un intento fallido de salto a la televisión nacional en Antena 3 que no obtuvo los resultados esperados.
Más polémicas que audiencia: Telemadrid
Si hay una cadena autonómica donde las críticas políticas y profesionales se han intensificado especialmente en los últimos años, esa es Telemadrid. La televisión pública madrileña atraviesa una situación paradójica: mientras TVE consigue frecuentemente liderar las audiencias en la Comunidad de Madrid, la cadena autonómica lucha por mantenerse alrededor del 5% de cuota de pantalla. Una circunstancia especialmente llamativa teniendo en cuenta los recursos públicos destinados a su funcionamiento.
A las dificultades de audiencia se suman las acusaciones de sesgo ideológico. Un reciente análisis de sus programas políticos muestran una presencia abrumadora de colaboradores procedentes de medios conservadores. Cabeceras como The Objective, El Debate, El Español, EsDiario, OkDiario, ABC, El Mundo o esRadio concentran centenares de apariciones en espacios como 120 Minutos, Buenos Días Madrid o El Análisis: Diario de la Noche. En cambio, medios progresistas como El País o la Cadena SER apenas tienen presencia.
Los representantes de los trabajadores llevan tiempo denunciando que la selección de tertulianos responde más a criterios ideológicos que periodísticos. Desde la oposición madrileña también se acusa a la cadena de haberse convertido en una plataforma de promoción de las posiciones políticas cercanas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La política de contrataciones de Telemadrid ha alimentado igualmente el debate. Entre los proyectos más recientes figura la serie documental Sabores de la Memoria, producida por El Rugido en colaboración con la Academia Madrileña de Gastronomía. La productora es propiedad de Pedro J. Ramírez y está ligada a El Español, que es uno de los medios más beligerantes contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aunque el programa tiene carácter gastronómico, la adjudicación ha sido interpretada por algunos sectores como un nuevo ejemplo de la estrecha relación entre determinados grupos mediáticos y las televisiones públicas gobernadas por el PP.
Paralelamente, los conflictos laborales se multiplican en distintos entes autonómicos. En Telemadrid continúan las protestas contra la nueva Carta Básica aprobada por el consejo de administración sin acuerdo con la plantilla. Los trabajadores denuncian falta de negociación y una progresiva pérdida de autonomía profesional. Situaciones similares se viven en otros territorios. En Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, la plantilla de la radiotelevisión pública ha convocado movilizaciones para protestar contra una futura ley audiovisual que, según denuncian, favorecería la externalización de contenidos y debilitaría el servicio público.
El denominador común de todas estas controversias es evidente. Las mismas prácticas que el Partido Popular denuncia cuando afectan a RTVE aparecen también en medios públicos gestionados por administraciones controladas por el propio PP.
