Tubos Reunidos encara una doble crisis. A la asfixia financiera de 263 millones de euros de deuda y el concurso de acreedores se suma ahora el escándalo judicial: Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente, presentó este viernes su dimisión tras ser imputado por la Audiencia Nacional por presunto tráfico de influencias en el rescate público de 112,8 millones de euros.
La dimisión se comunicó mediante un escrito a la CNMV apenas unos días después de que el juez Santiago Pedraz le atribuyera formalmente la condición de investigado. La compañía vasca justifica la salida por la situación financiera y la dedicación que exige el proceso concursal, pero la coincidencia temporal con la imputación judicial convierte la decisión en inevitable.
En el centro de la causa está la reunión que mantuvo Pérez Rodríguez-Urrutia en noviembre de 2024 en la sede de Ferraz con Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE, y Leire Díez, la conocida como “fontanera” del partido. La investigación apunta a que en aquel encuentro se habría negociado el pago de comisiones ilícitas vinculado al rescate de la SEPI, solicitando además un aplazamiento de 10 millones de euros pendientes de devolución.
Un dato clave que maneja la Audiencia Nacional es la detección de un pago de 40.000 euros al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien compartía sociedades con Cerdán y Díez. Junto al ya exconsejero, también ha sido imputado el director general de la compañía, Carlos López de las Heras, tras los registros de la UCO en las sedes de Bilbao y Amurrio.
Para sustituirle, el consejo ha nombrado como nueva consejera independiente a Carmen Motellón García, quien asumirá además la presidencia de la Comisión de Auditoría. Motellón, ingeniera de Caminos y MBA por el Instituto de Empresa, es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y atesora experiencia en órganos de gobierno corporativo.
El caso Leire Díez amenaza con arrastrar la credibilidad de la empresa justo cuando necesita ofertas urgentes para sobrevivir.
El contexto financiero y la sombra de la intervención
Tubos Reunidos recibió en 2021 una ayuda pública de 112,8 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI y creado durante la pandemia para respaldar compañías consideradas estratégicas. Cuatro años después, la empresa no ha conseguido enderezar sus cuentas y afronta un concurso de acreedores con una deuda acumulada de 263 millones.
La jueza mercantil de Vitoria podría designar este próximo lunes a PKF Attest como administrador concursal de la sociedad matriz, un paso previo para que en julio se abra el plazo de recepción de ofertas por el conjunto del grupo. El proceso de venta es la última oportunidad para que los activos industriales (plantas en Amurrio y otras localizaciones) mantengan empleo y capacidad productiva.
Sin embargo, la judicialización del rescate enturbia cualquier negociación. Varios fondos y competidores han mostrado interés, pero la incertidumbre sobre posibles responsabilidades penales y el coste reputacional disuaden a más de un inversor. La compañía, considerada estratégica para la cadena de suministro siderúrgico, necesita liquidez inmediata y un comprador con músculo financiero.
Análisis: cuando el salvavidas público se convierte en lastre reputacional
La secuencia de acontecimientos en Tubos Reunidos coloca al Gobierno en una posición delicada. El rescate con fondos públicos a través de la SEPI —diseñado para preservar tejido industrial— se ha transformado en un caso judicial que salpica a la cúpula del PSOE y, según la investigación, al PNV. La trama de comisiones y la reunión en Ferraz erosionan la confianza en la gestión de las ayudas públicas, precisamente cuando Bruselas exige mayor transparencia y condicionalidad en los mecanismos de apoyo.
Desde el punto de vista empresarial, la dimisión forzada del consejero investigado era inevitable para intentar contener el daño. Pero el verdadero problema no es de gobernanza en el consejo, sino de credibilidad ante los potenciales compradores. Cualquier oferta que llegue en julio deberá ponderar el riesgo de que la investigación derive en sanciones, reclamaciones de reintegro de ayudas o bloqueos administrativos. En paralelo el director general imputado mantiene sus funciones operativas, lo que añade una capa de inestabilidad al día a día de la empresa.
He seguido de cerca varios procesos concursales con perfiles similares —empresas estratégicas con rescates públicos— y la experiencia indica que el factor judicial puede alargar las negociaciones y reducir el precio final. Las prisas por vender en caliente para garantizar la continuidad nunca son buena compañera de un balance judicial sólido. La próxima audiencia del caso Leire Díez y la evolución de la imputación de los directivos serán un termómetro fiable del apetito inversor. Mientras tanto, los 1.500 empleados de Tubos Reunidos esperan que ni el juez ni el mercado les fallen.
