El IPC de mayo confirmó lo que el dato adelantado ya anticipaba: la inflación en España se mantuvo en el 3,2% interanual. Sin embargo, la estabilidad es más aparente que real. Las rebajas fiscales del Gobierno —especialmente en el IVA de los alimentos y los carburantes— lograron contener el índice general, pero la inflación subyacente volvió a repuntar al 3%, un nivel que no se veía desde hace casi dos años.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) detalló este jueves 12 de junio los componentes del dato. Los carburantes y la electricidad presionaron al alza, pero el efecto se neutralizó por la prórroga de las medidas fiscales. El problema es que, bajo la superficie, los precios de la cesta básica siguen escalando a ritmos que golpean de lleno a los hogares.
Los huevos lideraron las subidas con un 14% interanual, seguidos del pescado con un 10% y las legumbres y hortalizas frescas, que se encarecieron un 16%. Son productos que no admiten sustitutivos baratos y cuyo peso en el presupuesto familiar es considerable, sobre todo en rentas medias y bajas.
La inflación subyacente regresa al 3% casi dos años después
El regreso de la inflación subyacente al 3% —la que excluye energía y alimentos no elaborados— es la verdadera señal de alerta. Llevaba meses estancada en el entorno del 2,8%, pero en mayo dio el salto. Traducido: los precios de los servicios y los bienes industriales no ceden, y eso apunta a que las presiones inflacionistas están lejos de ser transitorias.
El Banco de España ya advirtió en su último informe que los márgenes empresariales en sectores como la distribución alimentaria y la hostelería seguían absorbiendo una parte del aumento de costes, pero que esa capacidad tiene un límite. Si la demanda aguanta —y los datos de consumo sugieren que sí—, la traslación a precios finales será cuestión de meses.
El IPC general es un espejismo piadoso: la inflación que de verdad nota la gente en el súper y en el bar es la subyacente, y esa ya va por el 3%.
Lo que ha contenido el indicador general han sido, sobre todo, los descuentos fiscales. Sin la rebaja del IVA en alimentos básicos y la bonificación a los carburantes, el IPC de mayo se habría situado cerca del 4%, según estimaciones de Funcas. El Gobierno ha prorrogado estas medidas hasta septiembre, pero su retirada —prevista para el cuarto trimestre— añadirá varias décimas de golpe al índice.
Análisis: un truco fiscal con fecha de caducidad y una cesta cada vez más cara
El mantenimiento artificial del 3,2% gracias a los estímulos fiscales es un clásico de la política económica española en los últimos años. Funciona mientras dura, pero genera un riesgo latente: cuando se retiren, el IPC rebotará con fuerza, justo en un momento en el que la inflación subyacente está recuperando terreno. La combinación es peligrosa.
En términos históricos, no estamos ante un episodio de inflación galopante como el de 2022, pero sí ante un enquistamiento de la carestía en productos cotidianos. Los datos de mayo reflejan una paradoja: la inflación general parece controlada, pero la pérdida de poder adquisitivo de los hogares es real. Una familia que destine 400 euros mensuales a alimentación ha visto cómo su gasto se incrementaba en alrededor de 55 euros en el último año solo por el efecto de los precios.
Creo que el verdadero termómetro no es el 3,2% del INE, sino el comportamiento de la subyacente y, sobre todo, de los alimentos frescos. Mientras los huevos suban un 14% y las legumbres un 16%, ningún discurso sobre contención de la inflación será creíble para la mayoría de los ciudadanos. La cuestión no es si el dato del INE es correcto —lo es—, sino qué mide y qué esconde.
El próximo hito será el IPC de septiembre, cuando se empiecen a revertir las ayudas. Si para entonces la subyacente no ha aflojado, el otoño traerá titulares mucho menos amables. Y, con ellos, una presión política considerable sobre un Gobierno que ha hecho de la estabilidad de precios uno de sus ejes discursivos.
