La crisis del estrecho de Ormuz ha convertido la dependencia energética en un problema de seguridad nacional. En plena guerra de Irán y con el paso marítimo bloqueado desde hace más de 100 días, un informe de la Fundación Renovables y el Instituto Meridiano lanza una cifra que cambia el debate: España podría ahorrar 1.700 millones de euros en un año si electrificara al ritmo de Noruega.
El estudio, publicado este 11 de junio, es el primer ejercicio que cruza el potencial de electrificación con la mayor interrupción del suministro petrolero que recuerdan los mercados. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) ha descrito el cierre de Ormuz como un shock potencialmente superior al de los años 70. La propia agencia, que lleva años advirtiendo sobre la fragilidad de las rutas marítimas, ha calificado el bloqueo como un punto de inflexión para las políticas energéticas europeas. Y en ese escenario, los números del informe cobran una relevancia que va más allá de los titulares ambientales.
El documento, elaborado de forma conjunta por la Fundación Renovables y el Instituto Meridiano, parte de una premisa sencilla: España no parte de cero en renovables, pero va muy por detrás en electrificación de los usos finales. Para calibrar el potencial perdido, los autores toman a Noruega como referencia.
El espejo noruego: un 100% de ventas de coches eléctricos y 820.000 bombas de calor
La brecha con Noruega no es solo tecnológica. Es una cuestión de escala. El informe estima que, para equiparar el ritmo noruego durante un solo año, España necesitaría alcanzar la práctica totalidad de matriculaciones eléctricas e instalar 820.000 bombas de calor. Con ese despliegue, el ahorro en importaciones de combustibles fósiles oscilaría entre 1.300 y 1.700 millones de euros.
Esa cantidad equivale a algo más del 5% de lo que España gasta anualmente en traer petróleo y gas del exterior. En términos de soberanía energética, es un primer paso tangible, sobre todo cuando el tránsito por Ormuz está cortado y los precios del crudo se mantienen en máximos desde el inicio del conflicto.
Pero el informe también dibuja el escenario completo de la electrificación. Si España electrificase todo su transporte por carretera, la reducción de las importaciones de petróleo y gas alcanzaría el 36%, con un ahorro anual de 16.400 millones de euros. Una cifra que supera con creces las ayudas que la Unión Europea sigue destinando a los combustibles fósiles.
Igualar el ritmo noruego no es una utopía: es una decisión de política industrial que se mide en millones de euros y en años de dependencia evitada.
Menos dependencia del petróleo: el informe apunta a un recorte del 36% en las importaciones
La movilidad es, con diferencia, el principal foco de consumo energético en España: representa el 43% de la energía final y un tercio de las emisiones nacionales. Le siguen los hogares, con un 30% del total, y la industria, que concentra el 27% restante. Electrificar los coches y las calefacciones ataca directamente las dos mayores fugas de divisas hacia los mercados internacionales de crudo y gas.
España, que en 2025 ya generó más del 56% de su electricidad con renovables, se enfrenta a la paradoja de tener una red limpia pero un parque de consumo que sigue quemando combustibles fósiles. Según Red Eléctrica, la electricidad libre de carbono superó el 70% en varios meses de 2025, pero el consumo de derivados del petróleo apenas se movió. La transición eléctrica del transporte y la calefacción es la pieza que falta para convertir esa generación verde en ahorro tangible y en una menor factura de importaciones.
El almacenamiento con baterías complementa la ecuación. Alemania e Italia lideran en Europa con 6,6 GWh y 4,9 GWh instalados en 2025, respectivamente. Si España alcanzara esos niveles de capacidad, podría eliminar entre un 5% y un 10% de la electricidad que hoy se genera con gas cada día. La flexibilidad que aportan las baterías es la llave que permite integrar más renovables sin depender del gas como respaldo. Así se allana el camino hacia un sistema eléctrico más robusto y menos expuesto a los vaivenes del TTF.
Sin embargo, la parte más incómoda del informe es la que mira a Bruselas. La Unión Europea sigue manteniendo ayudas directas e indirectas a los combustibles fósiles para transporte, calefacción e industria por un total de 88.000 millones de euros anuales. Una cantidad que, según los cálculos de los autores, permitiría instalar más de 10,2 millones de bombas de calor o 2,5 millones de vehículos eléctricos cada año. Redirigir esos fondos hacia bombas de calor y puntos de recarga no solo reduciría importaciones, sino que crearía empleo local y mejoraría la balanza comercial.
Esas subvenciones se dispararon en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, y continuaron en niveles altos durante los años siguientes. El informe no ahonda en el debate sobre si esas ayudas están justificadas a corto plazo, pero deja claro que con ese dinero se podría financiar una aceleración de la electrificación que reduciría la dependencia estructural del continente.
Los 88.000 millones de ayudas a los fósiles, el obstáculo silencioso
Desde mi punto de vista, el valor del documento no está tanto en la promesa de los 1.700 millones —una estimación conservadora y limitada a un año— como en el cambio de marco que propone. Hasta ahora, la electrificación se ha presentado como un objetivo climático. Con Ormuz bloqueado, pasa a ser un imperativo de seguridad económica. Y cada barril que no se quema en un coche es un barril que no paga peaje en Ormuz.
Sin embargo, el informe se queda corto al no cuantificar el coste de la inversión necesaria para ese despliegue acelerado. Instalar 820.000 bombas de calor en un año requiere un esfuerzo industrial, de mano de obra cualificada y de permisos que el texto solo insinúa. Tampoco aborda el cuello de botella de las redes de distribución eléctrica, que en muchas zonas de España no soportarían un aumento masivo de la demanda sin refuerzos previos. Son los detalles que separan un ejercicio de prospectiva de un plan de acción real.
La pregunta que deja abierta es si España está dispuesta a redirigir esos 88.000 millones —o al menos una parte— hacia la electrificación. La respuesta, en plena crisis de Ormuz, puede definir la factura energética de la próxima década. Y el debate ya no es entre renovables o fósiles, sino entre dependencia o soberanía.
Mientras tanto, la Fundación Renovables ha incluido en el informe una guía práctica para ciudadanos: un comparador de beneficios del coche eléctrico, información en tiempo real de puntos de recarga y un buscador de bonificaciones fiscales para autoconsumo fotovoltaico. Son migajas frente a los 88.000 millones, pero demuestran que la electrificación no es solo una cuestión de grandes planes: también se juega en la decisión de cada hogar. El próximo informe de la IEA, previsto para julio, podría dar más peso a estas cifras si la crisis persiste.
