El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes su nuevo plan de movilidad, que confirma una medida de calado: la prohibición de circular a los vehículos con etiqueta ambiental B a partir de 2028. La restricción se aplicará en toda la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y afectará a entre el 20 y el 30% del parque móvil metropolitano, según los cálculos del propio organismo. La etiqueta B, de color amarillo, identifica a los turismos diésel matriculados a partir de 2006 y a los de gasolina posteriores al año 2000, un segmento todavía muy numeroso en los accesos a la capital catalana.
La decisión no es una sorpresa: la normativa catalana ya contemplaba este calendario, pero hasta ahora no se había materializado su aplicación estricta. Con la aprobación del plan, la AMB confirma que el plazo de dos años será firme y que la ZBE se ampliará incluso a municipios como Sant Andreu de la Barca, que actualmente quedan fuera del perímetro restringido.
Los detalles de la prohibición: qué vehículos se verán afectados
La etiqueta B agrupa a una parte sustancial del parque automovilístico que circula a diario por el área metropolitana. Se trata de coches que, aunque no son los más contaminantes (los sin etiqueta, los más antiguos, ya tienen vedado el acceso a la ZBE desde 2020), sí emiten niveles de óxidos de nitrógeno y partículas que las autoridades consideran incompatibles con los objetivos de calidad del aire. Entre el 20 y el 30% del parque móvil se verá directamente afectado, lo que supone decenas de miles de vehículos que, de la noche a la mañana, no podrán entrar en la capital catalana ni en las áreas de bajas emisiones ampliadas.
La medida se suma a las restricciones ya vigentes para los coches sin distintivo ambiental y acelera el calendario de descarbonización del transporte urbano. Para los conductores afectados, la alternativa pasará por renovar el vehículo —con el coste que ello implica— o por cambiar de modo de transporte, un giro que el plan precisamente pretende incentivar.
Un plan de movilidad más amplio: bicicletas, autobuses y electrolineras
La prohibición de los coches con etiqueta B no llega sola. El plan metropolitano de movilidad articula un paquete de inversiones destinadas a absorber el trasvase de viajeros hacia medios más sostenibles. En el capítulo de la bicicleta, la AMB prevé ampliar el servicio de bicicleta pública AMBici a cinco municipios del Vallès, la zona norte del Baix Llobregat y una pequeña parte del Maresme. Además, se busca integrar el Bicing de Barcelona en ese mismo sistema, aunque el acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad todavía está por cerrar.
En el transporte público por carretera, el Govern pondrá en marcha un plan de choque para reforzar las líneas de autobuses interurbanos más tensionadas. Este mismo año se contratarán unos 300 autobuses adicionales para cubrir las conexiones entre Barcelona y las zonas con mayores problemas en Rodalies. Asimismo, se prorrogarán hasta seis años las concesiones actuales a las compañías siempre que presenten un plan de descarbonización creíble: el objetivo es que, en enero de 2029, el 75% de la flota interurbana sea sostenible, cuando hoy apenas el 10% es híbrido y poco más del 1% es eléctrico. Las empresas tienen ahora tres meses para entregar sus propuestas.
En paralelo, se desplegarán once estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos en puntos estratégicos de la red viaria metropolitana, con una inversión total de unos 11 millones de euros. Una infraestructura clave si se pretende que la sustitución del parque móvil privado no tropiece con la falta de puntos de carga.
Un golpe a la movilidad privada que redibuja el mercado automovilístico
La confirmación del veto a los coches con etiqueta B en 2028 tiene una lectura que va más allá de la movilidad: impacta de lleno en el mercado de vehículos de ocasión y en la estrategia de los fabricantes. Miles de familias con coches diésel o gasolina de entre 15 y 20 años verán cómo su principal activo de movilidad pierde valor de forma acelerada, empujándolas hacia un mercado de eléctricos o híbridos enchufables que aún no termina de despegar en España por precio y por infraestructura de recarga.
La prohibición de los coches con etiqueta B es más que una restricción circulatoria: es un mensaje sobre el fin del diésel y la gasolina en las ciudades.
Desde el punto de vista industrial, la señal es clara: los fabricantes que aún apuestan por actualizar sus mecánicas de combustión se encontrarán con un mercado metropolitano cada vez más hostil. Barcelona se une así a otras grandes capitales europeas que ya han puesto fecha de caducidad a los vehículos convencionales, y lo hace con un calendario que, aunque anunciado, sorprende por la cercanía: dos años no es mucho para que un hogar medio cambie de coche.
Sin embargo, la ambición del plan convive con incertidumbres nada menores. La integración del Bicing con el servicio metropolitano no está cerrada, la electrificación de la flota de autobuses depende de que las empresas privadas acepten las condiciones del Govern, y la red de recarga ultrarrápida prometida apenas cubre once puntos en un territorio con una demanda que crecerá exponencialmente. Si la oferta de transporte público y de infraestructura de recarga no está a la altura cuando llegue la prohibición, el riesgo de rechazo social y de parálisis de la movilidad metropolitana será real.
El plan es, en cualquier caso, coherente con la hoja de ruta europea de descarbonización y con los compromisos climáticos de Cataluña. Pero el aterrizaje práctico será el que determine si se trata de un impulso hacia una movilidad más limpia o de un nuevo foco de tensión entre la administración y los ciudadanos que, sencillamente, no pueden permitirse cambiar de coche en dos años.
