La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España y otros doce Estados miembro por no haber establecido en sus legislaciones nacionales el régimen de sanciones que exige la directiva ReFuelEU Aviation. La norma, clave para la descarbonización del sector aéreo, obliga a los proveedores de combustible, aerolíneas y gestores aeroportuarios a incorporar porcentajes crecientes de combustibles sostenibles (SAF) y, en caso de incumplimiento, a imponer multas. Pero España, Alemania, Bélgica, Portugal y otros nueve países no han notificado a Bruselas sus planes de control ni el cuadro de penalizaciones, a pesar de que el plazo venció el 31 de diciembre de 2024.
El Ejecutivo comunitario envió cartas de emplazamiento a los 13 estados al constatar que ninguno había remitido la información solicitada. Según la comunicación oficial, los países disponen ahora de dos meses para responder al requerimiento, subsanar las deficiencias y detallar las medidas adoptadas. De no hacerlo, la Comisión podría emitir un dictamen motivado —paso previo a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE—, lo que abriría la vía a sanciones económicas y una condena judicial.
Un incumplimiento en cadena: 13 países, ninguna multa
ReFuelEU Aviation entró en vigor en 2023 con el objetivo de impulsar el uso de combustibles de aviación sostenibles, empezando con un 2 % en 2025 y escalando hasta el 70 % en 2050. Para garantizar su cumplimiento, la directiva exigía a los Veintisiete que adoptaran normas sancionadoras antes del 31 de diciembre de 2024 y las comunicaran a Bruselas. La infracción radica precisamente en ese vacío: no se trata de que las aerolíneas hayan incumplido los porcentajes —aunque es posible—, sino de que no existe un régimen punitivo para disuadir el fraude. Sin multas, la regulación es inoperante.
España, pese a los reiterados llamamientos de la Comisión durante más de un año, no ha entregado la información requerida. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de la transposición, no ha detallado si el retraso obedece a falta de acuerdo interno o a dificultades técnicas con las comunidades autónomas. Alemania, Bélgica, Portugal y el resto de los estados señalados están en la misma situación.
Las cartas de emplazamiento suponen el primer paso del procedimiento de infracción. Bruselas otorga ahora un período de dos meses —hasta el 4 de agosto— para que los gobiernos corrijan la omisión. Si no lo hacen, la Comisión emitirá un dictamen motivado, y posteriormente podría denunciar a los estados ante el TJUE, que puede imponer multas coercitivas.
No tener multas es como no tener ley. Sin dientes, el mandato de combustibles sostenibles es papel mojado.
El contenido de la infracción y el calendario inmediato
El mandato de ReFuelEU establece una senda concreta. A partir de 2025, los suministradores de combustible deben garantizar que al menos el 2 % del queroseno utilizado en cada aeropuerto comunitario proceda de fuentes sostenibles. Esa proporción sube al 6 % en 2030, al 20 % en 2035 y al 34 % en 2040, antes de alcanzar el 70 % en 2050. Las aerolíneas están obligadas a repostar ese SAF, y los gestores aeroportuarios a facilitar su distribución. La falta de sanciones, por tanto, no es un asunto menor: sin un sistema de multas creíble, la directiva pierde su elemento coercitivo, y los incentivos para invertir en plantas de producción de SAF —que requieren miles de millones— se desploman.
Para España, la situación es especialmente delicada. El país acoge algunos de los mayores aeropuertos europeos: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca concentran la mayor parte del tráfico. Iberia y Vueling, entre otras aerolíneas, necesitan certidumbre jurídica para planificar sus compras de SAF y cumplir con los objetivos. La ausencia de un marco sancionador deja a las compañías españolas en una posición vulnerable frente a competidores de países que sí han transpuesto la norma.
Mientras tanto, países como los Países Bajos o Suecia ya tienen en vigor sistemas sancionadores para el incumplimiento del SAF. La Comisión ha dejado claro que no tolerará más demoras. En su comunicación, recuerda que «los Estados miembro deben establecer normas sobre sanciones para los proveedores de combustible de aviación, los operadores de aeronaves y los organismos gestores de aeropuertos de la UE en caso de incumplimiento». La cita, casi literal del articulado, subraya la determinación de Bruselas de aplicar la directiva con todo su peso. Si en agosto no hay respuesta, los expedientes se convertirán en dictámenes motivados, y ahí las cosas se pondrán serias.
España y la trampa de la transición: el riesgo de legislar tarde
Este enésimo retraso revela una constante en la política energética española: la dificultad para traducir las directivas europeas al ordenamiento nacional con agilidad. No es la primera vez que Bruselas reprende a nuestro país por incumplir plazos en materia de transición ecológica. Ya ocurrió con la directiva de energías renovables y con la reforma del mercado eléctrico. Ahora, la aviación sostenible se suma a la lista.
Detrás del expediente hay un problema de coordinación entre los ministerios de Transportes y para la Transición Ecológica. La directiva ReFuelEU cruza competencias y exige un esfuerzo conjunto que, a juzgar por los hechos, no se ha producido. Bruselas ha sido clara: o se legisla o se asume el coste reputacional y financiero. El mercado de los combustibles sostenibles no espera; los fondos europeos Next Generation han asignado recursos para proyectos de SAF, pero esos proyectos necesitan un entorno regulatorio predecible para atraer inversión privada.
Cepsa, por ejemplo, anunció en 2025 la construcción de una planta de biocombustibles en Huelva con capacidad para 500.000 toneladas anuales de SAF. Repsol y otros operadores tienen proyectos similares en Tarragona y Cartagena. Sin embargo, el retraso en el marco sancionador genera incertidumbre sobre la demanda futura y podría ralentizar las decisiones de inversión.
Creo que el Gobierno debería aprovechar estos dos meses no solo para diseñar las sanciones, sino para enviar una señal de compromiso con una de las industrias más expuestas al escrutinio climático. De lo contrario, el mensaje que llega a las aerolíneas y a los inversores es que España improvisa en la transición energética. Y eso tiene consecuencias.
