Rusia ha dado este martes un paso decisivo en su relación con las criptomonedas. La Duma estatal aprobó en segunda y tercera lectura la ley ‘Sobre moneda digital y derechos digitales’, el primer marco integral que regula exchanges, inversores y pagos internacionales con activos digitales. La norma entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y supone un giro estratégico que persigue un objetivo claro: abrir un canal controlado por el Estado para sortear las sanciones occidentales.
El texto consagra lo que hasta ahora funcionaba en la penumbra. Reconoce las criptomonedas como propiedad, otorga licencias a las empresas que las gestionan y permite su uso en comercio exterior. Pero no convierte a bitcoin en dinero de curso legal: el rublo sigue siendo la única moneda para comprar bienes y servicios dentro del país, y la publicidad que promueva ese uso sigue prohibida.
Un mercado regulado en cinco categorías
El Banco de Rusia será el encargado de expedir licencias para cinco tipos de actores: exchanges, sociedades de bolsa, gestoras, depositarias y exchangers. Las firmas que operen de forma sistemática —dos o más operaciones mensuales por encima de 3,5 millones de rublos— deberán inscribirse en un registro especial y contar con un capital mínimo de 15 millones de rublos, unos 190.000 dólares. También tendrán que adherirse a un organismo de autorregulación.
Los operadores ya en activo dispondrán de un periodo transitorio hasta el 1 de marzo de 2027 para adaptarse. Hasta entonces podrán seguir funcionando, pero el reloj corre.
Cuánto podrán invertir los rusos en cripto
La ley divide a los inversores en dos niveles. Los minoristas no cualificados podrán comprar cada año hasta 300.000 rublos (cerca de 3.800 dólares) en criptoactivos a través de un único intermediario licenciado, y transferir al extranjero un máximo de 100.000 rublos. Los inversores cualificados tendrán topes más altos: 3 millones de rublos para compras y 1 millón para envíos al exterior.
Ambos grupos deberán superar un test de concienciación sobre riesgos. El estatus de cualificado podrá basarse, entre otros criterios, en la experiencia previa con cripto. La fiscalidad se equiparará a la de los valores financieros, aunque los tipos concretos se definirán en la normativa de desarrollo.
Un detalle relevante: los legisladores eliminaron la obligación de revelar las direcciones de las carteras. El control se apoyará en los volúmenes de transacciones y los saldos de cuenta, no en la trazabilidad de cada monedero. Las transferencias de gran tamaño hacia cuentas extranjeras o de terceros estarán sujetas a una retención de 48 horas para su revisión.
Rusia no está liberalizando bitcoin para la vida diaria: lo está introduciendo dentro de la valla del Estado para que sirva a sus intereses comerciales y fiscales.
El verdadero motor: comercio exterior fuera del radar del dólar
El corazón comercial de la ley late en el capítulo transfronterizo. La norma blanquea lo que redes grises ya hacían: liquidar operaciones de comercio exterior con cripto, esquivando el sistema bancario en dólares y euros que las sanciones occidentales han bloqueado. Ahora el Banco de Rusia pone su sello oficial a esa práctica.
Ese mismo circuito se ha movido durante años a través de plataformas como Garantex —cerrada por las autoridades estadounidenses en marzo de 2025— o con la stablecoin vinculada al rublo A7A5, señalada por el Reino Unido en sus rondas de sanciones y por la que han fluido decenas de miles de millones de dólares.
El cambio de postura es rotundo. En enero de 2022, semanas antes de la invasión de Ucrania, el Banco de Rusia proponía una prohibición total de las transacciones y la minería de criptoactivos. Esa línea se mantuvo hasta que las sanciones cortaron el acceso a SWIFT y el comercio en divisas tradicionales se complicó. Cuatro años de pulso entre el Ministerio de Finanzas —partidario de legalizar— y el banco central desembocaron en la ley experimental que Putin firmó en agosto de 2024, que autorizaba la minería y los pagos internacionales con cripto. El proyecto aprobado hoy es el armazón permanente que sustituye aquel ensayo.
La ley también establece criterios de capitalización y liquidez para que un activo pueda cotizar en plataformas organizadas: una capitalización media superior a 5 billones de rublos durante dos años y un volumen diario medio por encima de 1 billón de rublos. Esos umbrales dejan fuera a casi todo: solo bitcoin, ether y, como posible tercero, solana pasarían el filtro en el corto plazo. Las monedas de privacidad quedan vetadas.
Una apuesta calculada que no borra los riesgos
Que Moscú construya carriles oficiales para el comercio cripto no convierte a Rusia en un paraíso cripto. El marco está diseñado para que el Estado observe, grave y dirija los flujos, no para que los ciudadanos escapen de su control. La limitación del acceso minorista es baja si se compara con la capacidad de ahorro de un ruso medio, y la obligación de pasar por un intermediario licenciado concentra la actividad en manos supervisadas.
Al mismo tiempo, la ley introduce una herramienta de evasión de sanciones a una escala sin precedentes. La pregunta que queda abierta es cómo reaccionarán Washington y Bruselas cuando el primer cargamento de crudo o el primer lote de fertilizantes se liquiden oficialmente en bitcoin con la bendición del Kremlin. La efectividad del blindaje dependerá tanto de la capacidad de los intercambios para identificar las operaciones como de la voluntad política de actuar sobre ellos.
El proceso legislativo culminará en las próximas dos semanas con el trámite en el Consejo de la Federación y la firma del presidente Putin, un paso que se da por descontado. A partir de septiembre, Rusia dejará de coquetear con las criptomonedas para empezar a gobernarlas.
