La Comisión Europea ha decidido aflojar el corsé fiscal para responder a la crisis energética. Los Estados miembros podrán sumar a su presupuesto un margen extra de hasta el 0,3% del PIB anual en 2026 y 2027 para financiar medidas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles importados. La decisión, confirmada por fuentes comunitarias, llega tras semanas de presión por parte de España e Italia y extiende al ámbito energético la flexibilidad que ya se había concedido al gasto en defensa.
El mecanismo es una ampliación de la cláusula nacional de escape que permite a los países desviarse temporalmente de la senda de ajuste fiscal cuando se enfrentan a una crisis. Dentro del límite global del 1,5% del PIB ya autorizado, Bruselas habilita ese 0,3% específico para partidas energéticas durante los dos próximos ejercicios. La condición: que los fondos se destinen a actuaciones que reduzcan la exposición a los hidrocarburos de terceros países.
Las fuentes consultadas insisten en que la medida no altera las salvaguardas de sostenibilidad fiscal. El margen energético se suma al existente para defensa, pero el techo agregado del 1,5% no se modifica. Básicamente, los gobiernos que ya hayan comprometido casi toda su capacidad fiscal en seguridad podrán pedir en diciembre que se recalcule su espacio para incluir inversiones en redes eléctricas, almacenamiento de energía, medidas de electrificación y ayudas a hogares y empresas. La Comisión evaluará cada solicitud.
Entre las actuaciones incluidas figuran las inversiones en redes de transporte y distribución de electricidad, la construcción de nuevos sistemas de almacenamiento, y y los incentivos a la electrificación de la industria y el transporte, además de programas de ayudas a colectivos vulnerables para reducir su factura energética. También se contemplan las actuaciones de eficiencia energética y la ampliación de la capacidad de generación limpia, siempre que estén vinculadas a la descarbonización del mix.
La decisión de la Comisión no se entiende sin la ofensiva diplomática que España e Italia han orquestado en las últimas semanas. El presidente Pedro Sánchez puso el asunto sobre la mesa en la cumbre informal de líderes de la UE celebrada en abril. Su argumento: así como la guerra ha obligado a revisar el gasto en defensa, la lucha contra la dependencia energética exige idéntico tratamiento fiscal.
La flexibilidad fiscal no resolverá por sí sola la dependencia energética si los Estados no la acompañan con proyectos maduros y reformas que aceleren la ejecución.
El margen fiscal es necesario, pero su eficacia dependerá de la ejecución
Desde esta redacción creemos que la decisión de Bruselas es, sobre todo, un reconocimiento explícito de que la crisis energética no ha terminado. Después de dos años en los que la inflación del gas y la electricidad obligó a desplegar escudos sociales por valor de centenares de miles de millones de euros, la Comisión admite ahora que la descarbonización y la seguridad de suministro exigen inversiones de calado que los presupuestos nacionales no pueden sufragar en solitario sin poner en riesgo la senda de consolidación fiscal. Dicho de otro modo: la transición energética necesita dinero público, y las reglas fiscales actuales no la facilitan.
Sin embargo, el 0,3% del PIB no es una cifra vistosa. Para España equivaldría a unos 4.200 millones de euros adicionales cada año (aproximadamente, según el PIB estimado para 2026), una cantidad relevante pero lejos de las necesidades de inversión en redes que el propio operador del sistema, Red Eléctrica, ha cifrado en decenas de miles de millones hasta 2030. Es decir, el margen alivia pero no resuelve. Y ahí está el riesgo: que algunos gobiernos lo utilicen para tapar agujeros presupuestarios con subsidios temporales en lugar de canalizarlo hacia proyectos estructurales de almacenamiento o interconexiones, que son los que de verdad reducen la dependencia.
Tampoco conviene ignorar el precedente. La cláusula de escape se diseñó para shocks simétricos y temporales. Extenderla a la defensa y ahora a la energía, con horizontes de dos años, abre la puerta a que surjan nuevas demandas sectoriales. ¿: sin suministro fiable, todo lo demás se tambalea. El acierto de la Comisión está en acotar el margen extra a la dependencia de combustibles fósiles importados, lo que define un objetivo claro: autonomía estratégica.
La verdadera prueba de fuego llegará en diciembre, cuando los países presenten sus solicitudes y Bruselas deba evaluar si los planes son creíbles. La experiencia con los fondos europeos Next Generation muestra que no todos los Estados absorben al mismo ritmo. Italia, por ejemplo, arrastra retrasos notables en la ejecución del Mecanismo de Recuperación. Si este nuevo margen fiscal se suma a una capacidad de gestión ya tensionada, corremos el riesgo de que el 0,3% se quede en un anuncio bonito pero inejecutado.
Mi pronóstico: veremos a España mover ficha rápido. El Gobierno tiene experiencia en la gestión de fondos europeos y el apoyo parlamentario para orientar el gasto hacia redes y renovables. Si logra concretar proyectos ya maduros —como las interconexiones con Francia o los grandes almacenamientos de bombeo—, este margen fiscal puede marcar un punto de inflexión en la aceleración de la transición energética. Si no, habrá servido para lo mismo de siempre: un parche temporal sin impacto duradero.
