El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha emitido hoy una guía que cierra la laguna legal que permitía a las filiales de empresas chinas adquirir chips de inteligencia artificial avanzados fuera del territorio de China. La nota, publicada por la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, BIS), aclara que los requisitos de licencia para la exportación de estos semiconductores se aplican a cualquier compañía cuya sede o empresa matriz esté en la República Popular China, sin importar su ubicación geográfica.
He analizado el comunicado y me detengo en las implicaciones inmediatas: se trata de un endurecimiento tangible del régimen de control de exportaciones que Washington ha ido tejiendo desde hace años para limitar el acceso de Pekín a la tecnología más puntera.
La nueva guía del BIS y el cierre de la laguna
La decisión responde a las dudas que surgieron después de que la Administración Trump derogara en mayo de 2025 el Marco para la Difusión de la Inteligencia Artificial impulsado por Joe Biden. Aquel marco preveía un sistema global de licencias con topes de exportación para casi todos los países, salvo los aliados más estrechos. Al retirarlo, quedó la incertidumbre sobre si las restricciones seguían vigentes para empresas chinas con sede en el extranjero.
“The answer is yes.” — Oficina de Industria y Seguridad (BIS), 1 de junio de 2026
La respuesta del BIS es inequívoca: las licencias sí son necesarias. La guía subraya que las compañías con matriz en China deben solicitar autorización para recibir cualquier chip de IA clasificado como controlado, incluso si operan a través de filiales radicadas en terceros países.
Nvidia, cuyas unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de la serie Blackwell figuran entre los productos prohibidos para China, ha afirmado que ya operaba de acuerdo con estas reglas. Un portavoz de la empresa declaró a Al Jazeera que “la guía confirma que el proceso de ventas y verificación de Nvidia es correcto, y que se requieren licencias para enviar productos controlados a empresas con sede en la RPC”. AMD, Intel y TSMC no se han pronunciado hasta el momento.
“Chinese companies have been buying these chips, very likely at scale. And because BIS has not updated export control regulations to clearly state what it IS enforcing, all of this was legal.” — Chris McGuire, ex alto cargo del Departamento de Estado, en X
Chris McGuire, antiguo responsable de política tecnológica en la Administración Biden, ha denunciado en sus redes sociales que la Administración Trump dejó a las empresas chinas un resquicio para comprar chips a gran escala “de forma totalmente legal”. Según McGuire, aunque la aclaración de hoy vuelve a ilegalizar esos envíos, “habrá que ver cuántos se han realizado ya para evaluar el daño”.
Una guerra tecnológica sin tregua
Lo que veo en este movimiento es que el dominio de la IA se juega en los despachos. Cada ajuste normativo reconfigura el tablero global de los semiconductores. El timing es revelador: apenas seis meses después de que la Administración Trump permitiera la venta del chip H200 a China —un modelo seis veces más potente que el H20 anterior, aunque no el más avanzado—, el mismo Gobierno cierra la puerta a que las firmas chinas eludan los controles a través de terceros países.
El episodio evidencia la tensión estratégica que vive Washington: por un lado, necesita que sus campeones tecnológicos sigan haciendo negocio con el mayor mercado mundial; por otro, no puede permitir que Pekín acorte distancias en IA. Las empresas estadounidenses llevan meses pidiendo claridad regulatoria y hoy la han obtenido, aunque a costa de un entorno aún más restrictivo.
🌍 El impacto en España y Europa
Las repercusiones para España y la eurozona llegan por dos vías. La primera es indirecta pero real: cualquier restricción adicional en el comercio global de semiconductores tensiona las cadenas de suministro de las que dependen industrias europeas como la automoción, la farmacéutica o las telecomunicaciones. La segunda tiene que ver con la presión que estas medidas ejercen sobre Bruselas para definir su propia postura en la contienda tecnológica entre EE.UU. y China. El Euríbor no se moverá por esta noticia, pero las empresas españolas que importan equipos con chips avanzados —desde centros de datos hasta maquinaria de precisión— podrían enfrentar retrasos o costes adicionales si los proveedores estadounidenses endurecen todavía más sus vetos. A medio plazo, si la guerra tecnológica escala, el BCE podría verse obligado a evaluar los riesgos de fragmentación comercial en sus proyecciones de crecimiento.
