La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra un cártel de 22 consultoras que durante una década se repartieron contratos públicos mediante ofertas de cobertura y el intercambio de información comercial sensible. Las cinco sentencias, dictadas entre el 29 y 30 de junio de 2026, avalan la multa original de 6,3 millones de euros impuesta en mayo de 2021 a firmas como Deloitte, KPMG, PwC e Indra.
La estructura del cártel: dos redes con alcance estatal
La sala de lo Contencioso-Administrativo describe un entramado dividido en dos áreas de influencia. La «red colaboración norte» manipuló licitaciones en País Vasco, Cantabria y Castilla y León, mientras que la «red de colaboración nacional» afectó a adjudicaciones de los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía, así como de las Comunidad de Madrid, Generalitat Valenciana, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares y las Diputaciones de Cádiz y Sevilla.
Los contratos, en su mayoría negociados sin publicidad, permitían que la administración invitara a un grupo reducido de empresas. Una de las consultoras contactaba con sus rivales para que presentaran ofertas deliberadamente perdedoras o declinaran la invitación, en ocasiones llegando incluso a elaborar las propuestas de sus supuestos competidores. La CNMC destacó que la la habitualidad con la que esta forma de actuar se producía generaba una red de colaboración estable.
Las relaciones personales y profesionales entre antiguos compañeros de trabajo fueron el pegamento de estas tramas. El patrón de conducta evidencia, según el tribunal, una multilateralidad en la que una misma empresa actuaba a veces como oferente de cobertura y otras como adjudicataria, consolidando un reparto estable del mercado. La investigación se inició en 2019 a raíz de una denuncia anónima y culminó con la resolución sancionadora de 2021, que ahora ve ratificada gran parte de su contenido.
Las multas: Deloitte lidera la sanción con 3,99 millones
Deloitte asumió la sanción más elevada, con 3,99 millones de euros. Le siguieron PwC (670.000 euros), BMASI (153.529 euros), KPMG (50.000 euros) e Indra, que vio reducida su multa a 27.000 euros tras aplicar un descuento del 10% por activar su programa de compliance. La multa total ascendió a 6,3 millones de euros para las 22 firmas y varios directivos.
Las sentencias, no obstante, matizan aspectos puntuales de la resolución de la CNMC. La Audiencia Nacional anula la sanción de 15.000 euros a GAPS al considerar que la simple mención de su nombre en un correo de terceros no desvirtúa la presunción de inocencia. También estima parcialmente el recurso de un responsable de Idom Consulting (multado con 24.000 euros) porque el periodo de imputación era impreciso: se le sancionó desde un mes antes de asumir el cargo.
Por el contrario, los recursos de KPMG, BMASI e Innovisions 21 fueron desestimados. La CNMC había investigado también a Oesía y su matriz Heisenberg, aunque concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación en el cártel.
El tribunal subraya que la reciprocidad en el intercambio de ofertas perdedoras —a veces redactadas por la propia empresa que buscaba el contrato— no dejaba lugar a dudas sobre la alteración de la competencia.
Análisis: impacto reputacional y el precedente de otros cárteles
La ratificación judicial del cártel de las consultoras no supone un golpe financiero severo para las grandes firmas —las multas son simbólicas frente a sus ingresos—, pero sí un daño reputacional profundo. Las big four (Deloitte, PwC, KPMG y EY) operan en un sector donde la confianza y la independencia son activos clave, y la confirmación de prácticas colusorias durante una década erosiona la credibilidad de cara a la administración pública y al cliente privado.
Este caso se suma a una cadena de expedientes sancionadores en el ámbito de la consultoría y los servicios profesionales. La CNMC ha castigado anteriormente cárteles en el sector de la construcción, distribución de automóviles y servicios funerarios, entre otros, consolidando una jurisprudencia que refuerza la importancia de los programas de compliance. El descuento aplicado a Indra demuestra, precisamente, que un sistema de cumplimiento normativo efectivo puede ser un atenuante relevante.
El fallo también establece un estándar exigente sobre las pruebas necesarias para vincular a una empresa con la infracción: la mera aparición en un correo no basta, como ha quedado demostrado con la anulación de la multa a GAPS. Esto podría obligar a la CNMC a ser aún más meticulosa en la instrucción de futuros expedientes.
Más allá de las multas, las consultoras sancionadas se enfrentan a la posibilidad de quedar inhabilitadas para contratar con la administración pública durante un periodo determinado, un riesgo que, de materializarse, tendría consecuencias económicas mucho mayores que el importe de la sanción económica. La Ley de Contratos del Sector Público contempla la prohibición de contratar para empresas condenadas por falsear la competencia.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: Las posibles consecuencias sobre los contratos públicos futuros de las firmas sancionadas y si la inhabilitación administrativa se aplica de forma efectiva.
- Reacción del valor: Las grandes consultoras afectadas, en especial las big four, operan bajo estructuras de socios que no cotizan en bolsa; Indra, en cambio, sí es cotizada y ya rebajó su exposición con el compliance. Su valor ha descontado en gran medida el impacto.
- Precedente sectorial: El caso sigue la estela del cártel de los coches, donde las sanciones de la CNMC y las posteriores condenas judiciales abrieron la vía a reclamaciones por daños de las administraciones perjudicadas, lo que podría repetirse aquí.
