El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha emitido este jueves un informe favorable a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030. El dictamen, aunque vinculante en lo técnico, deja la decisión definitiva en manos del Gobierno, en un momento clave para las grandes eléctricas españolas —Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la planta— que ven en esta extensión la primera piedra para renegociar el calendario de cierre del parque nuclear.
Un dictamen técnico con 29 informes y dos condiciones excepcionales
El Pleno del CSN ha analizado la solicitud de renovación de los dos reactores de Almaraz apoyándose en 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del regulador. El informe propone mantener los límites y condiciones actuales, salvo dos modificaciones destinadas a precisar el alcance temporal de la nueva autorización y a actualizar las revisiones de los Documentos Oficiales de Explotación.
Entre los aspectos examinados, el supervisor ha evaluado el envejecimiento de estructuras, sistemas y componentes de seguridad, así como los planes de gestión de vida y la calificación ambiental de los equipos. La conclusión es que ambas unidades mantienen un nivel adecuado de seguridad para operar hasta junio de 2030, fecha solicitada por el titular.
El dictamen se produce tras la anterior renovación concedida en 2020, que limitó el permiso a siete años para la unidad I (con cierre previsto en 2027) y a ocho años para la unidad II (cierre en 2028). En aquel momento, el Gobierno de coalición ya estableció un horizonte progresivo de apagado nuclear que ahora, con la nueva prórroga sobre la mesa, quedaría en entredicho.
El peso de Almaraz en la estrategia de las grandes eléctricas
Con 2.017 megavatios (MW) de potencia neta, Almaraz es la mayor central del parque nuclear español. Según los datos de Red Eléctrica, aporta aproximadamente el 7% de la electricidad que se consume en España y sustenta unos 3.000 empleos directos e indirectos en una comarca con escasa alternativa industrial.
Desde el punto de vista corporativo, su continuidad tiene un impacto directo en las cuentas de sus propietarias. La distribución de la potencia —y, por tanto, de los beneficios de generación— es la siguiente:
| Propietario | Participación | Potencia neta atribuida (MW) |
|---|---|---|
| Iberdrola | 52,7% | 1.114 |
| Endesa | 36% | 743 |
| Naturgy | 11,3% | 233 |
Con Endesa como el grupo más expuesto, en términos relativos, al negocio nuclear español, la prórroga le asegura un flujo estable de generación no emisora durante los próximos años, en un contexto de precios mayoristas que, aunque han retrocedido desde los picos de 2022, siguen ofreciendo un margen cómodo para la tecnología atómica.
La decisión del Gobierno sobre Almaraz es la primera ficha del dominó que puede redefinir el mapa nuclear español, con paradas o prórrogas adicionales para las otras cuatro centrales.
En su dictamen, el CSN ha analizado el estado de los sistemas de refrigeración y los planes de contingencia ante eventos extremos, descartando riesgos adicionales. A pesar de la solidez técnica del informe, el regulador insiste en que la autorización final no es automática: debe superar el trámite de consulta pública y la firma del Ministerio para la Transición Ecológica.
El escenario político y el riesgo de la fase final del trámite
La resolución del expediente recae ahora sobre un Gobierno que arrastra desde 2019 un calendario oficial de cierre progresivo, pactado con las empresas propietarias y bendecido por Bruselas. Aquel acuerdo preveía el apagado de Almaraz entre 2027 y 2028, pero la crisis energética desatada por la guerra de Ucrania y la necesidad de garantizar suministro a precios razonables han ido erosionando los plazos.
En la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se abrió la puerta a que las nucleares pudieran seguir operando más allá de 2030 si lo avalan los informes del CSN y si se garantiza la seguridad del suministro. La decisión sobre Almaraz es la primera prueba de fuego de ese nuevo marco. Si el Ejecutivo concede la prórroga, sentaría un precedente para el resto del parque (Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo), propiedad del mismo triunvirato eléctrico.
Por el contrario, una denegación, o la imposición de condiciones tan gravosas que hagan inviable económicamente la operación, aceleraría el desmantelamiento y obligaría a las compañías a provisionar costes de cierre antes de lo previsto. Los analistas de Renta 4 ya habían señalado en un informe reciente que el valor de los activos nucleares en los balances de las eléctricas depende en gran medida de que se supere la barrera política de la prórroga.
Un no del Gobierno a Almaraz pondría en jaque hasta 7.000 MW de potencia firme, justo cuando la electrificación de la economía exige más respaldo para las renovables intermitentes.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: El trámite de consulta pública y la firma del Ministerio para la Transición Ecológica. Un retraso en la decisión más allá del tercer trimestre podría interpretarse como un freno político.
- Reacción del valor: Endesa y Naturgy registraron ligeras subidas en la sesión del jueves, en un movimiento que el mercado interpreta como un descuento parcial de la autorización. La cautela se mantiene mientras no haya visto bueno definitivo.
- Precedente sectorial: La decisión sobre Almaraz definirá el tono para las otras cuatro centrales. El precedente de la prórroga de la central británica de Sizewell B o del francés Fessenheim muestra que la política, más que la técnica, es la que acaba dictando los plazos de cierre.
