Plus Ultra maquilló cuentas para rescate de 53 millones

La ratificación del perito apuntala la imputación de Zapatero. Las dudas sobre la Fiscalía y el desbloqueo de fondos en vacaciones complican la defensa del rescate.

El perito judicial que destapó las irregularidades en las cuentas de Plus Ultra, Pedro Martín Molina, ha ratificado este jueves en el Senado que la aerolínea no reunía los requisitos para recibir el rescate de 53 millones de euros del fondo SEPI. La comparecencia refuerza la instrucción del ‘caso Plus Ultra’ y añade nuevas dudas sobre la gestión del rescate durante la pandemia.

La radiografía contable: insolvencia y maquillaje

Martín Molina, abogado y economista, fue tajante ante la comisión del Senado: ‘Se maquillaron, se utilizaron cambios de criterios contables no admitidos por el plan de contabilidad’. El perito ya había concluido en 2021 que la compañía se encontraba en situación de insolvencia y no superaba los estándares de viabilidad financiera exigidos por el Consejo de Ministros y la Unión Europea para acceder al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas.

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El rescate, aprobado en la pandemia, ascendió a 53 millones de euros. Según el perito, no solo no se cumplían las condiciones: ve ‘inviable’ que Plus Ultra pueda devolver el préstamo. ‘Tenía que haber motivos que no fueran económicos’ para la concesión, aseguró, apuntando a decisiones de otra naturaleza.

Además, el perito detectó una transferencia de fondos a una sociedad radicada en un paraíso fiscal y ajena a la actividad aérea. El hallazgo añade otra capa al sumario que investiga la Audiencia Nacional, aunque Martín Molina precisó que rastrear ese dinero no era su cometido.

Las sombras judiciales: desbloqueo en vacaciones y amistades

La comparecencia ha servido también para profundizar en las dudas sobre la actuación judicial. Martín Molina mostró su ‘sorpresa’ porque una de las vistas donde compareció como perito no se grabara, algo que considera inédito en su larga carrera como perito forense.

El episodio más controvertido se refiere al desbloqueo de los 34 millones de euros que aún permanecían retenidos. Según explicó, la jueza titular Esperanza Collazos había paralizado cautelarmente ese pago con el apoyo inicial de la fiscal María Luisa Llop. Sin embargo, estando la magistrada de vacaciones, un juez sustituto liberó los fondos el 30 de julio de 2021.

La actuación de la fiscal Llop está ahora bajo lupa después de que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, abriera expediente tanto a ella como a Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial. Ambas aparecen mencionadas en conversaciones recogidas por la UDEF. En uno de esos diálogos, un abogado de los investigados afirmaba que ‘la fiscal jefa es amiga’ y hablaba abiertamente de ‘cortar’ la investigación judicial.

La liberación de 34 millones estando la jueza de vacaciones y el intento de ‘cortar’ la investigación comprometen a la Fiscalía.

Zapatero imputado y la credibilidad del fondo de rescate

SEPI fraude

La trama de Plus Ultra ha colocado a José Luis Rodríguez Zapatero como el primer expresidente del Gobierno imputado en democracia. La dirección del caso apunta a conexiones entre altos cargos del anterior Ejecutivo y el rescate concedido en marzo de 2021, cuando la aerolínea ya atravesaba graves tensiones financieras. El testimonio del perito judicial independiente añade ahora un refuerzo probatorio de peso sobre el maquillaje contable y la inviabilidad del retorno de los fondos públicos.

En paralelo, la SEPI se enfrenta a una erosión de su reputación como gestor de rescates estratégicos. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda defendió en su momento la legalidad del préstamo, pero los hechos acumulados —desde los cambios contables irregulares hasta las conexiones con paraísos fiscales— rebaten cualquier lectura complaciente. La comparecencia de este jueves no ha hecho más que acentuar la idea de que algo se decidió mal.

Más allá de la vía penal, el caso deja una lección sobre los filtros de los rescates públicos durante la pandemia. Los 53 millones de Plus Ultra son solo una fracción del fondo de 10.000 millones que manejó la SEPI, pero el escándalo amenaza con empañar todo el mecanismo si se demuestra que no fue un error aislado. Quedan en el aire preguntas incómodas: ¿cómo se evaluaron realmente los requisitos de solvencia? Y, sobre todo, ¿cuántos Plus Ultra puede haber sin que lo sepamos?


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