La Audiencia Nacional ha abierto una investigación que, según el análisis de Juan Ramón Rallo, deja al descubierto una red organizada desde el propio PSOE para perseguir a jueces, fiscales y testigos. En su último vídeo, el economista y divulgador no se anda con rodeos: lo califica como la ‘kitchen’ del partido socialista, un entramado mafioso financiado con fondos del partido para garantizar la impunidad de sus múltiples causas judiciales.
La trama que ordena Santiago Pedraz
El auto del juez instructor Santiago Pedraz, un magistrado que Rallo sitúa lejos de las simpatías conservadoras, detalla una operación sistemática para desestabilizar investigaciones sensibles al PSOE. La cronología se remonta a la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, momento en el que, según Pedraz, se desató una reacción urgente en la cúpula socialista.
La reunión en Ferraz y el encargo a los fontaneros
Rallo reconstruye ese episodio: un cónclave en la sede de Ferraz entre el entonces secretario de organización, Santos Cerdán, el responsable de comunicación Joan Antolín y un grupo de autodenominados ‘fontaneros’, a quienes el economista define como presuntos mafiosos al servicio del PSOE. La más mediática, Leire Díaz, no fue la única presente. En ese encuentro, sostiene Rallo, se dio un golpe sobre la mesa: “hasta aquí hemos llegado con el respeto al estado de derecho”.
Del auto se desprende que Cerdán y Antolín encargaron recopilar información comprometedora de los magistrados que instruían las causas de corrupción del partido, con el doble propósito de chantajear y desacreditar públicamente a esos jueces. La coordinación de estas actuaciones, detalla Pedraz, apuntaba a “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial” que pudiera afectar los intereses del PSOE o del Gobierno.
Sobornos, amenazas y compra de testigos
El relato de Rallo expone la crudeza de los métodos: la banda habría ofrecido beneficios penitenciarios a investigadores y dinero a guardias civiles, fiscales o jueces a cambio de información o actos contrarios a su deber. Las anotaciones recogidas en el auto mencionan cifras concretas, como 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que modificara su declaración como testigo en el caso de las bolsas de dinero en la sede del PSOE.
Pero la parte más inquietante, a juicio de Rallo, es otra anotación textual de Leire Díaz: se habrían ofrecido 300.000 euros a un fiscal con un “problema con una menor”. El economista interpreta que se trataba de una extorsión en toda regla: si colaboraba, cobraba; si no, se haría público ese problema “de cariz sexual”. Un mecanismo de soborno y amenaza simultáneos que ilustra la doble función del entramado.
“Si el PSOE no hubiese participado en múltiples causas de corrupción, este aparato mafioso jamás se habría constituido”.
— Juan Ramón Rallo
Financiación ilegal y facturas falsas
Juan Ramón Rallo subraya otro hallazgo fundamental del auto: la red no operaba por amor al arte. Leire Díaz percibía 4.000 euros mensuales con cargo a fondos del partido, un pago que se camuflaba mediante una estructura paralela. En ella entran en escena dos imputados: Gaspar Zarrías, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, y Ana Fuentes, gerente del PSOE. Según la investigación, Zarrías contrataba a Díaz a través de su empresa y Fuentes le transfería el dinero, justificando la merma con facturas falsas. Una contabilidad clandestina que, en palabras de Rallo, muestra la “kitchen del PSOE” en toda su dimensión.
El zorro al cuidado del gallinero
El análisis de Rallo conecta esta trama con el resto de escándalos que salpican al partido. La necesidad de impunidad, argumenta, surge porque el PSOE sabe que no es inocente: “ha de conseguir su inocencia por medios espurios, comprando o amenazando a jueces, policías y testigos”. Y al frente de esa organización mancillada por múltiples frentes de corrupción masiva sigue estando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y, por tanto, responsable último de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una paradoja que el economista resume con una metáfora contundente: el zorro cuidando del gallinero.
El auto de Pedraz revela un patrón que supera lo delictivo para adentrarse en la erosión del Estado de derecho. Que un partido con responsabilidades de gobierno financie una estructura dedicada a atacar a los tribunales que lo investigan es, a juicio de Rallo, la evidencia más grave de degeneración democrática. Las implicaciones para la confianza ciudadana en las instituciones son difíciles de exagerar.
El vídeo completo del análisis puede consultarse aquí.
