La compra de Delivery Hero, la empresa alemana matriz de Glovo, por parte de Uber sigue en el aire. Aunque la empresa de transporte ha mejorado la oferta para hacerse con el gigante del delivery, la realidad es que el precio sigue en disputa y hay posibilidades de que las instituciones europeas, que ya han aplicado sanciones a ambas empresas en el pasado, se movilicen para evitar una medida que afectaría a los usuarios.
Pero no solo se trata de los usuarios. Fuentes sindicales del unicornio español ven con preocupación la fusión, primero por el efecto que puede tener sobre los trabajadores y, segundo, porque temen que sea una distracción para las dos empresas, que en España acumulan una larga lista de problemas laborales desde que asumieron el modelo de contratación que les exige la Ley Rider para operar en el país.
UNA FUSIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y LOS RIDERS EN CONTRA
«Uber creo que va a tener un problema también con la Unión Europea, que está muy encima de ellos, y van a necesitar, desde luego, la aprobación de las autoridades de competencia antes de poder incrementar su participación en Delivery Hero. Creo que la Comisión está siguiendo este tema y, bueno, ya les han advertido que es una actividad que puede llegar a ser un monopolio; ellos están en eso y parece que no van a tolerar ninguna conducta anticompetitiva. Ellos hablan de que perjudica a los consumidores, pero bueno, quizá también deberíamos decir nosotros que perjudica a las personas que trabajan en el reparto», ha comentado una sindicalista que ha pedido no publicar su nombre.
No sé a qué juegan con tanta inversión. Creo que se deberían centrar, desde luego, en los trabajadores y trabajadoras que tienen, para resolver todas las cuestiones de laboralidad. Después, realmente pueden construir un sector que sea competitivo, pero que tenga unas condiciones laborales dignas y como debe ser. Y quizás de esa manera, en vez de tantos juegos de inversión, puedan tener unos beneficios mejores», ha sentenciado.
Será interesante ver cómo se mueve Uber en su propio laberinto. La empresa de transporte ha recibido una negativa esperada a la primera oferta, pero ha subido la apuesta hasta los 40 euros por acción, lo que acerca el valor de la empresa de delivery a los 10.000 millones de euros. Se trata de una inversión por encima de lo que acostumbra la plataforma que, además, se puede topar con la negativa tanto de las instituciones europeas como de los trabajadores clave de la propia empresa.
LOS DESPIDOS SE MANTIENEN EN GLOVO
Pero desde el sindicato han dejado claro que la compra no es el único motivo por el que los repartidores se preocupan por el futuro de su puesto de trabajo. La realidad, insisten, es que incluso antes del anuncio del ERE había una estrategia de despidos encubierta, marcada por los excesos de sanciones y las asignaciones de recorridos demasiado largos, que no solo les obligan a rechazarlos —poniéndose en la mira de posibles sanciones—, sino que daña más rápido el vehículo, que sigue siendo propio de los riders.
«En Glovo hemos hecho huelgas, hemos hecho de todo. Centrados en principio en el tema del ERE, que tenemos un poco cubierto, y que, en fin, al final no deja de ser extraño y deberían, como lo que te he dicho, centrarse más en cómo tienen las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, y dejar sentarse a las mesas a hablar con el sindicato», sentencia la dirigente.
No menciona, de momento, la situación de Uber. El que puede ser el futuro dueño de Glovo no contrata a los riders directamente, sino que lo hace a través de flotas externas; esto puede generar otra larga serie de complicaciones y, además, hace más difícil el proceso de formar un sindicato, pues las empresas dueñas de estas flotas tienen cada una condiciones distintas y peticiones propias para sus trabajadores.
PASE LO QUE PASE, TENDRÁN QUE CUMPLIR CON LA LEY RIDER
Si en algo insisten desde el sindicato de Glovo es en que, pase lo que pase con la compra, el unicornio sigue obligado a cumplir lo que dice la «Ley Rider». Esto quiere decir que cualquier empresa que opere en España como resultado de la fusión tendrá que seguir manteniendo los contratos actuales o bien despedir a los trabajadores con las consecuencias económicas y legales que esto conlleve. Es un equilibrio complicado, que recuerda la piedra en el zapato que los de Óscar Pierre han sido para su matriz en las últimas presentaciones de resultados.
Es un cambio que para los sindicatos no puede echarse atrás, incluso si hay un cambio en los vientos políticos que aleje a Yolanda Díaz, arquitecta de la ley, del Gobierno. Mientras tanto, están buscando otros avances que protejan a los riders, sea la revisión de los algoritmos de las plataformas o bien la creación de un convenio colectivo del sector que avance en la profesionalización y elimine los convenios antiguos a los que se amarran algunas empresas.
