Donald Trump ha lanzado un ultimátum al Senado de Estados Unidos. Este lunes, 13 de julio, el presidente ha instado a los legisladores a aprobar la CLARITY Act, la ley que pretende reordenar por completo la supervisión de las criptomonedas en el país. Quedan cuatro semanas para el receso de agosto y, con las matemáticas ajustadas, los analistas ya empiezan a descontar que esta es la última ventana realista de la legislatura.
¿Qué cambiaría la CLARITY Act?
El corazón del proyecto es una división de poderes entre los dos grandes policías financieros estadounidenses. La CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos) asumiría la jurisdicción exclusiva sobre los mercados al contado de ‘materias primas digitales’, una categoría que incluiría a activos como bitcoin. La SEC (Comisión de Bolsa y Valores) se quedaría con los activos que funcionan como contratos de inversión, una línea que durante años ha generado una inseguridad jurídica casi permanente.
En la práctica, si eres un exchange que opera con bitcoin o ether, pasarías a rendir cuentas ante la CFTC, un regulador acostumbrado a supervisar mercados de derivados y materias primas como el oro o el petróleo. La norma aspira a acabar con la situación actual, en la que una misma empresa puede estar bajo la lupa de dos organismos distintos sin criterios claros.
Los escollos que amenazan la votación
El proyecto no es nuevo. Salió de la Cámara de Representantes en julio de 2025 con un amplio apoyo bipartidista (294-134) y avanzó en el Comité Bancario del Senado en mayo de este año por un margen de 15-9. Pero los números en el pleno son mucho más ajustados, y los apoyos demócratas resultan ahora imprescindibles.
Uno de los frenos más delicados es la Sección 604, heredada de la Ley de Certeza Regulatoria para Blockchain, que protegería a los desarrolladores de software no custodiado para que no sean considerados transmisores de dinero. Los cuerpos de seguridad advierten de que esa redacción, tal cual, podría entorpecer las investigaciones sobre delitos con criptomonedas. Varios senadores demócratas han condicionado su voto a que se introduzcan enmiendas en este punto.
Encima de la mesa pesa también un conflicto ético explosivo. Las revelaciones sobre los más de 1.000 millones de dólares que Trump ingresó el año pasado a través de negocios vinculados a criptoactivos han disparado las exigencias de que la ley incluya salvaguardas claras contra conflictos de interés. Una coalición de más de doscientas empresas ha pedido al Senado que actúe, pero sin cerrar los ojos ante esos vínculos.
Y luego está la aritmética parlamentaria. El fallecimiento del senador Lindsey Graham y la baja prolongada de Mitch McConnell dejan a los republicanos sin margen para perder un solo voto propio. Con el umbral de los 60 votos como meta, cada ausencia se convierte en un problema. La CFTC da por hecho que el acuerdo está ‘muy cerca’, pero la firma Galaxy Digital ha rebajado sus probabilidades de aprobación al 50%, citando el calendario comprimido y las disputas sin cerrar.
Un espejismo regulatorio o la última oportunidad
Que el Congreso estadounidense se plantee aprobar una ley de estructura de mercado para criptoactivos habría sonado a ciencia ficción hace apenas tres años. En 2022, el sector se desangraba con la caída de Terra/LUNA y FTX, y la mayoría de los legisladores preferían no acercarse a un negocio que olía a pólvora. La CLARITY Act es, en buena medida, hija de aquel terremoto: una reacción institucional para evitar que el vacío legal siguiera alimentando desastres.
Sin embargo, el contexto de 2026 es muy distinto. Con los grandes fondos de pensiones incorporando bitcoin en sus carteras y los ETF al contado funcionando a pleno rendimiento, el coste de la inacción ya no se mide solo en términos de innovación; se mide en capital institucional que se va a jurisdicciones más predecibles. La paradoja es que la ley que podría dar certidumbre llega envuelta en las mismas dudas que pretende disipar: ¿quién supervisa a los supervisores cuando el presidente tiene intereses directos en el sector?
Más allá del ruido, lo que está en juego es si Estados Unidos dibuja una cancha de juego clara antes de que otras potencias lo hagan. China, Australia o la propia Unión Europea llevan meses afinando sus marcos. Si el Senado no mueve ficha en las próximas cuatro semanas, el relevo legislativo de septiembre puede enterrar la iniciativa definitivamente. No será por falta de avisos, pero el reloj ya ha empezado a correr.
Con la baja de Graham y McConnell, conseguir 60 votos se ha convertido en un ejercicio de funambulismo político.
