Incautación récord: el FBI confisca 8.000 millones en criptomonedas en una redada global

La operación, denominada 'Operación Blackout', desmanteló centros de estafa en Camboya, Dubái y Tailandia, arrestando a casi 300 personas. El director del FBI, Kash Patel, advierte que cualquier red que apunte a ciudadanos estadounidenses será desarticulada.

El FBI ha asestado el mayor golpe de la historia contra el fraude con criptomonedas. En una serie de redadas coordinadas en varios países, ha confiscado más de 8.000 millones de dólares en activos digitales, principalmente bitcoin, y ha detenido a casi 300 personas. La operación, bautizada como ‘Operación Blackout’, desmanteló centros de llamadas fraudulentos que estafaban a ciudadanos estadounidenses mediante sofisticados esquemas de inversión falsa y romance.

El epicentro de la incautación fue la detención de Chen Zhi, CEO del conglomerado camboyano Prince Holding Group, a quien las autoridades vinculan con una milicia armada conocida como el Ejército Benevolente Karen Democrático (DKBA). Durante el arresto, el FBI incautó más de 127.000 bitcoins, valorados en más de 8.000 millones de dólares en el momento del decomiso – aunque en fechas anteriores la cifra habría superado los 15.000 millones. Esta cantidad supera cualquier confiscación previa del gobierno estadounidense.

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La operación multinacional que desmanteló el entramado

La ‘Operación Blackout’ se gestó a partir de las más de 72.000 denuncias que el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió en 2025, relacionadas con pérdidas que superan los 7.500 millones de dólares. El FBI estima que esas cifras infravaloran las pérdidas reales, que podrían ascender a 64.000 millones de dólares anuales según estimaciones del Instituto de la Paz de Estados Unidos.

Las redadas se llevaron a cabo en Camboya, Dubái y Tailandia, donde los agentes confiscaron miles de teléfonos inteligentes y equipos informáticos. En Dubái, la policía local y el FBI arrestaron a 275 personas, seis de las cuales serán extraditadas a Estados Unidos. Cada uno de los nueve complejos allanados generaba unos 6 millones de dólares anuales en beneficios fraudulentos, según las autoridades.

La colaboración con Starlink, la empresa de satélites de Elon Musk, fue clave: el FBI proporcionó datos de geolocalización que permitieron identificar a los estafadores que utilizaban terminales de la compañía. Como resultado, Starlink suspendió más de 7.000 terminales en Myanmar, cortando las comunicaciones de las redes criminales.

Más de 127.000 bitcoins: la mayor confiscación cripto de la historia

La detención de Chen Zhi, líder del Prince Group, expuso la magnitud del fraude. Según la acusación federal, Zhi y su organización operaban compuestos vigilados en los que empleaban a trabajadores víctimas de tráfico humano, a los que forzaban mediante palizas y torturas a realizar estafas. El esquema combinaba la suplantación de agentes de la ley, las falsas inversiones en criptomonedas y el ‘romance scam’, en el que los delincuentes fingen relaciones sentimentales para pedir dinero.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los centros de estafa no eran simples call centers, sino empresas criminales organizadas diseñadas para robar, blanquear dinero y explotar a personas a escala industrial. El director del FBI, Kash Patel, declaró: ‘Si apuntas a estadounidenses, te encontraremos, desmantelaremos tu red y usaremos todas las herramientas del gobierno federal contra ti’.

FBI 8000 millones crypto

Además del caso Prince, la operación incluyó otras acciones como Operation Sand Dollar en Dubái, contra compuestos operados por el crimen organizado que victimizaban a estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos; Operation Haochen en Myanmar, donde se incautaron 30 millones de dólares vinculados al complejo Tai Chang; y el desmantelamiento del Shunda Compound en Tailandia, que utilizaba Telegram para reclutar mano de obra forzada.

No son simples centros de llamadas: son empresas criminales diseñadas para robar, blanquear y explotar a escala industrial.

El factor humano de la operación es especialmente crudo: se calcula que casi 2.000 trabajadores fueron liberados de condiciones de tráfico laboral. Muchos habían sido captados con promesas de buenos salarios y visados, para luego ser retenidos en en condiciones de explotación. El FBI también activó la iniciativa Operation Level Up, que notificó a 8.935 víctimas potenciales, el 77% de las cuales ignoraba que estaba siendo estafada, y logró evitar pérdidas por valor de 562 millones de dólares.

Una llamada de atención para el inversor en criptomonedas

Esta operación sin precedentes arroja luz sobre una realidad que el inversor minorista a menudo subestima: el blanqueo de capitales y el fraude masivo siguen siendo una de las mayores lacras del ecosistema cripto. Aunque los activos digitales han madurado con la llegada de los ETF y la regulación MiCA en Europa, la otra cara de la moneda son redes criminales que mueven decenas de miles de millones de dólares al año.

El FBI ha demostrado que la trazabilidad de las blockchains, combinada con la cooperación internacional, puede desmantelar incluso a los grupos más sofisticados. Sin embargo, la incautación de 8.000 millones no resuelve el problema de fondo: los centros de estafa se multiplican en regiones con escaso control estatal y la ingeniería social sigue siendo el vector más efectivo para robar criptomonedas, porque apunta al eslabón más débil: la confianza humana.

Para el ahorrador español que se inicia en el mundo de las criptomonedas, la lección es clara: promesas de rentabilidades garantizadas, perfiles desconocidos que contactan por redes sociales o aplicaciones de mensajería, y cualquier presión para invertir rápido son las señales de alarma más fiables. La tecnología blockchain no es en sí misma el problema; es el uso que hacen de ella los delincuentes, igual que ocurre con el dinero en efectivo o las transferencias bancarias tradicionales.

Mientras, la colaboración entre agencias de inteligencia y empresas como Starlink abre una vía interesante para la prevención, aunque plantea interrogantes sobre la privacidad y la vigilancia masiva. El éxito de esta operación refuerza la idea de que la lucha contra el cibercrimen se ha convertido en una prioridad geopolítica, y que los próximos capítulos se escribirán tanto en los juzgados como en la cadena de bloques.


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