Analizada al detalle la decisión del Departamento de Estado de incluir al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organization). El secretario Marco Rubio ha justificado el paso como necesario para proteger a los ciudadanos estadounidenses del narcotráfico y de sus flujos financieros. La designación, que entrará en vigor el próximo 5 de junio, abre la puerta a un bloqueo inmediato de activos en Estados Unidos y al posible castigo de cualquiera que interactúe con estas bandas.
Las implicaciones financieras de la designación
El PCC y el Comando Vermelho ya habían sido calificados como «terroristas globales especialmente designados» (Specially Designated Global Terrorists) en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Sin embargo, la etiqueta de Foreign Terrorist Organization resulta mucho más restrictiva porque no solo congela los bienes que estos grupos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, sino que también penaliza a cualquier entidad —bancos, empresas o particulares— que les preste apoyo material. Para un país como Brasil, donde ambas bandas tienen ramificaciones en la economía legal, el riesgo de sanciones colaterales sobre firmas locales o extranjeras es muy real.
Lo que me parece clave es que la medida otorga a Washington la capacidad de perseguir financieramente a terceros países cuyos sistemas bancarios procesen fondos asociados al PCC o al Comando Vermelho. Esto aumenta la presión sobre los grandes bancos internacionales con presencia en Brasil, desde Santander y BBVA hasta entidades estadounidenses como Citibank, que tendrán que extremar sus controles para evitar verse atrapados por sanciones unilaterales de la administración Trump.
«La Administración Trump seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestra seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y cortando los flujos de ingresos que financian a los violentos narcoterroristas.» — Marco Rubio, secretario de Estado, 29 de mayo de 2026.
La sintonía entre Trump y la familia Bolsonaro
La decisión no se produce en el vacío. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había intentado disuadir repetidamente a Washington de aplicar la etiqueta terrorista, temiendo que esta se convierta en un pretexto para injerencias externas en asuntos brasileños. Las alarmas en Brasilia se dispararon especialmente tras la reunión de esta semana en la Casa Blanca entre Trump y el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival de Lula en las elecciones de octubre. El propio senador confirmó a la prensa que había pedido activamente la designación de ambas bandas como terroristas.
La injerencia no es nueva. El año pasado, Trump elevó los aranceles a Brasil casi al 50% en un gesto de apoyo al patriarca Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar subvertir la democracia. Ahora, en plena campaña electoral, el mensaje es inequívoco: la etiqueta terrorista sobre las bandas criminales se convierte en un arma de doble filo que puede usarse contra Lula si Washington decide que el Gobierno brasileño no coopera lo suficiente.
«El crimen organizado es un mal que debe ser combatido. La cooperación internacional es bienvenida, especialmente en materia de lavado de dinero y tráfico de armas, pero cualquier pretexto para una intervención sería inaceptable.» — Celso Amorim, asesor de Asuntos Exteriores de Lula, 29 de mayo de 2026.
🌍 El impacto en España y Europa
Para la Unión Europea y, en concreto, para España, la decisión de Washington introduce un vector de riesgo nada desdeñable. Los dos mayores bancos españoles, Santander y BBVA, obtienen en Brasil una parte sustancial de sus beneficios. Cualquier sospecha de que sus sistemas puedan estar manchados por flujos financieros de las bandas ahora designadas como terroristas podría exponerlos a multas y sanciones del Tesoro de EE.UU. Además, la UE siempre ha rechazado las sanciones extraterritoriales que castigan a empresas europeas por hacer negocios legítimos en terceros países. Si la administración Trump usa la etiqueta terrorista para presionar a bancos europeos, Bruselas podría verse obligada a reaccionar, como ya hizo con el bloqueo de sanciones contra Irán.
A nivel geopolítico, la medida añade un nuevo capítulo a la Doctrina Donroe con la que Trump revindica una esfera de influencia hemisférica. España, con fuertes lazos comerciales y diplomáticos en Brasil, se encuentra en una posición incómoda: apoyar la lucha contra el crimen organizado es innegociable, pero hacerlo bajo el paraguas de una medida que Lula considera injerencista puede complicar la sintonía con un socio estratégico en un momento en el que la polarización electoral brasileña se dispara.
