La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un movimiento que redefine el uso de la política de cohesión: redirigir hasta 34.600 millones de euros de fondos regionales a inversiones energéticas de emergencia. La medida, detallada en una carta firmada por el vicepresidente Raffaele Fitto este 28 de mayo, busca amortiguar el impacto de la crisis del Estrecho de Ormuz sobre los hogares y las empresas europeas.
El mecanismo no es una ocurrencia puntual: se apoya en la flexibilidad introducida en la revisión intermedia de la Política de Cohesión, que permite a los Estados miembros reasignar dinero previsto para desarrollo regional a prioridades como la seguridad energética, la defensa o la competitividad. Fitto ha sido categórico: «El objetivo está claro: redirigir rápidamente los recursos disponibles de Cohesión hacia inversiones que proporcionen un alivio inmediato».
La cifra de 34.600 millones equivale a casi un tercio del presupuesto total del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2021-2027. En la práctica, Bruselas está diciendo que la emergencia energética merece tanta prioridad como la convergencia territorial.
Los fondos regionales se ponen al servicio de la emergencia energética
Según la comunicación, los gobiernos pueden acelerar los programas del Fondo de Transición Justa –pensado originalmente para descarbonizar regiones carboníferas e industriales– y crear nuevos instrumentos financieros o fórmulas de subvención no vinculadas a costes. El FEDER, el Fondo de Cohesión y el propio Fondo de Transición Justa se abren ahora a proyectos que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles y refuercen la estabilidad del mercado energético.
En paralelo, la estrategia Accelerate EU –el plan de Bruselas para acelerar el despliegue de renovables y la electrificación del continente– funciona como paraguas político para justificar el giro. La misiva insiste en que las inversiones deben alinearse con esa hoja de ruta.
No es una maniobra sin precedentes. Durante la pandemia, la Comisión ya relajó las reglas de los fondos estructurales para permitir gasto sanitario urgente. Ahora el enemigo es otro: el bloqueo parcial del tráfico de petroleros en Ormuz ha elevado el precio del crudo por encima de los 95 dólares y ha tensionado el mercado del gas natural licuado, con el TTF holandés superando los 40 euros por megavatio hora en varias sesiones de mayo. Las economías del sur de Europa, más dependientes energéticamente, son las que más están sufriendo.
La Comisión está sacrificando ortodoxia presupuestaria en aras de la estabilidad: 34.600 millones no son calderilla, y moverlos desde proyectos de largo plazo hacia el alivio inmediato puede aliviar facturas, pero pone en cuarentena la promesa de cohesión.
La propia Comisión es consciente de la contradicción. En la misma carta, Fitto subraya que los Estados pueden recurrir al Fondo de Transición Justa «allí donde sea posible y necesario», una fórmula que muchos interpretan como una autorización para usar dinero destinado a cerrar minas de carbón en, por ejemplo, subvencionar paneles solares en zonas industriales. La línea entre transición ecológica y gasto anticrisis vuelve a difuminarse, y esta vez el contexto es aún más delicado: la UE compite con el plan de subsidios estadounidense —la Inflation Reduction Act— y con la agresiva política industrial china.
¿Cohesión o emergencia? El debate de fondo
El replanteamiento de los fondos regionales plantea una pregunta incómoda: ¿está la UE renunciando a la convergencia territorial a largo plazo para apagar un incendio inmediato? La crisis de Ormuz es grave, pero no es la primera ni será la última. Si cada choque geopolítico desvía recursos de la cohesión, regiones como Extremadura, Calabria o el este de Polonia pueden quedarse sin el colchón inversor que necesitan.
Desde el punto de vista de la competitividad, acelerar la electrificación y las renovables es lógico: Europa necesita reducir su exposición al petróleo de Oriente Medio. Pero la misma Comisión que ahora pide «alivio inmediato» lleva años defendiendo que la cohesión es un pilar irrenunciable del proyecto comunitario. El riesgo es que la emergencia se convierta en excusa para desmantelar discretamente una política que, aunque imperfecta, ha funcionado.
Para España, el movimiento es un arma de doble filo. El país es beneficiario neto de los fondos de cohesión, pero también uno de los más golpeados por el encarecimiento energético. Si Madrid logra canalizar una parte sustancial de esos 34.600 millones hacia subvenciones al autoconsumo o redes de distribución, podría compensar la pérdida de inversión en infraestructuras tradicionales. Pero la clave estará en la velocidad: los ciclos políticos y los plazos de ejecución de los fondos comunitarios son famosamente lentos. Una fuente del Ministerio para la Transición Ecológica, consultada para este artículo, reconoce que «la oportunidad es enorme, pero la capacidad de absorción administrativa será el cuello de botella».
Las regiones más afectadas por la subida de precios son las que tradicionalmente reciben más fondos de cohesión: Andalucía, Extremadura o Castilla–La Mancha, entre otras. Si las transferencias del FEDER se dirigen ahora a instalar placas solares en lugar de carreteras o centros tecnológicos, el impacto sobre el terreno será desigual. Las comunidades con mayor tejido industrial y capacidad de absorber proyectos renovables saldrán ganando, pero aquellas con menor masa crítica administrativa pueden quedarse atrás. «Hay riesgo de que la solidaridad entre territorios se rompa por dentro», advierte un alto funcionario comunitario que prefiere no ser citado.
La gran prueba de fuego será si los 34.600 millones acaban en renovables y eficiencia real o se diluyen en parches presupuestarios. De eso depende que la crisis de Ormuz acelere la transición energética o solo la aplace un par de años.
En última instancia, la decisión está en manos de los Estados miembros. La carta de Fitto es una sugerencia, no una orden. Pero en un contexto de precios energéticos disparados y tensiones con los socios comerciales, rechazar la flexibilidad sería políticamente arriesgado y enviaría un mensaje de despreocupación hacia las familias y pymes que sufren las consecuencias del bloqueo a diario. Lo que está por verse es cuántos gobiernos aprovecharán la oportunidad para redefinir sus prioridades energéticas de verdad. El tiempo dirá si la jugada de Bruselas logra su objetivo sin dañar el proyecto de cohesión a medio plazo.
