Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible siguen dando largas a la petición del Senado de volver a su antigua normativa de puntualidad. Y sus propios informes dejan los motivos claros. Y es que el informe de puntualidad que la empresa publica todos los meses muestra una situación especialmente delicada, pues el porcentaje de sus trenes que no cumplen con el estándar antiguo de puntualidad sigue siendo una cifra que, si se ven obligados a pagar las indemnizaciones que pide el PP en el Senado, puede ser dolorosa.
Según el informe del mes de junio, el retraso medio de los trenes de Renfe es de unos 16 minutos, lo que quiere decir que, con esa media de demoras, la operadora pública tendría que indemnizar con el 50% del precio del billete a los pasajeros. El mismo informe muestra, además, que el 9,3% de los trenes de alta velocidad de la operadora sufre un retraso de más de 30 minutos para llegar a su destino. Si se cumpliera la vieja política de puntualidad, que se incluye en la Ley de Movilidad Sostenible aprobada por el Congreso, significa que tendrían que devolver el importe completo de casi una décima parte de los asientos operados en el mes de junio.
Óscar Puente considera la medida un «suicidio económico».
Es un problema evidente para una empresa que quiere volver a consolidarse en números verdes. No es un detalle secundario, y de momento tanto la empresa pública como el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, siguen buscando estrategias para evitar asumir esta medida. El argumento de ambos ha sido precisamente que la llegada de los operadores privados al sistema de alta velocidad hace inviable cumplir con su vieja política de indemnizaciones, pues hay más factores externos que pueden afectar a su capacidad de respetar sus compromisos temporales.
El propio Puente ha asegurado que volver a esta vieja política de puntualidad sería un «suicidio económico». Es cierto que la empresa sigue teniendo una política de indemnizaciones que cumple con los estándares europeos, ya que ofrece compensaciones para aquellos trayectos que lleguen a su destino 60 minutos después de lo previsto (algo menos del 2% de los viajes en el mes de junio), pero para algunos de sus usuarios históricos no es suficiente, y el cambio es una simple respuesta a la incapacidad de la empresa pública de cumplir con los tiempos prometidos.
Una mejora tras el accidente, pero lejos de la normalidad
Es cierto que, a pesar de la negativa de Renfe a cumplir con la medida propuesta desde el legislativo, su situación se ha normalizado. La empresa pública inició el año cancelando por completo su política de indemnizaciones, alegando que era inviable asumir el pago de todos los retrasos generados por el accidente de Adamuz y las medidas posteriores de revisión en las vías por parte de Adif. De hecho, en los dos primeros meses del año, el retraso medio de la pública rondaba los 26 minutos, por lo que los 16 del último mes son una mejora importante.
El problema es que el dato del retraso de junio se publica justo al principio de la temporada alta de Renfe y el resto de las operadoras de alta velocidad, y justo antes de un nuevo día de huelga en la operadora pública. El verano es su fecha clave, tanto por el auge del turismo en la época estival como por las promociones no solo de la empresa pública, sino también de sus competidores como Ouigo e Iryo.
No es un detalle menor, y puede marcar la opinión de los usuarios alrededor del sistema de alta velocidad justo cuando desde Europa se está haciendo lo posible por atraer a los usuarios del avión o el vehículo particular al tren, al considerarse un medio de transporte más limpio.
Renfe y el reto reputacional
Lo cierto es que la negativa de Renfe y del ministro a cumplir con su vieja política de puntualidad, incluso si hay una explicación, marca la reputación de la empresa de cara a los usuarios. Es una situación que es incluso más compleja si se toma en cuenta el funcionamiento de servicios como los de Cercanías y Rodalies, sistemas mucho más usados por viajeros que lo necesitan en su día a día, y que sufren de problemas similares, con un retraso medio de algo más de 11 minutos en el mes de junio.
Esto ocurre aunque la empresa señala que la mayoría de sus retrasos se deben a causas externas. Según el informe mensual de mayo, el último en actualizar este dato, el 78% de los «minutos de retraso» de la alta velocidad de la empresa pública se debe a causas externas, que abarcan desde daños en las vías, sabotajes (como los recientes robos de cable) hasta retrasos de los trenes de la competencia que generan embotellamientos en las vías.
Es una realidad delicada. Para la empresa es importante que los usuarios cuenten con la puntualidad de sus servicios si quieren mantener los resultados positivos de 2025, pero es cierto que asumir una indemnización del 100% del coste de los billetes en casi el 10% de los viajes en un mes de alta ocupación, como junio, puede ser especialmente doloroso para la empresa pública.
