Las inversiones en centros de datos e industria se están marchando de Madrid por los cuellos de botella de la red eléctrica, según denuncia el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad, Carlos Novillo. La región, que lidera el autoconsumo en España, sufre una paradoja: el 87% de la red está colapsado por peticiones de acceso, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica guarda silencio. ‘Con ella es imposible, estamos a oscuras’, afirma Novillo sobre la vicepresidenta Sara Aagesen, a la que ha enviado hasta siete cartas sin respuesta.
El asunto no es menor. Madrid ha modificado su regulación para agilizar el despliegue de infraestructura eléctrica, eliminando planes especiales y felicitándose por ser la región que más rápido tramita expedientes de Red Eléctrica. Sin embargo, la planificación estatal sigue atascada, y los inversores internacionales empiezan a perder la paciencia. ‘Ya hay proyectos que se han ido a Portugal’, asegura el consejero. No es una amenaza: son fondos que, con una rentabilidad exigida a corto plazo, no pueden esperar a una planificación que se mide en años.
La Consejería elaboró el año pasado una priorización de los proyectos con mayor impacto económico, pero el Ministerio ni siquiera ha querido sentarse a analizarla. Hemos ofrecido trabajar a tres bandas con Red Eléctrica, pero la comunicación es nula’, lamenta Novillo. Eso sí, reconoce que parte del problema es la especulación: hay peticiones de acceso que multiplican por 2,5 la potencia actual instalada en la región.
El fenómeno se acentúa con los centros de procesamiento de datos (CPD). Madrid, corazón de los troncales de fibra que cruzan la península, se ha convertido en un polo de atracción para la inteligencia artificial y la computación en la nube. Pero desde el Ministerio, según Novillo, esos proyectos ‘no son para nada prioritarios’. Una decisión que el consejero califica de ‘radical’ y que teme que acabe lastrando la competitividad de toda España.
La saturación de la red eléctrica madrileña —con un 87% de las líneas comprometidas— está provocando una fuga de inversiones que traslada empleo e innovación a otros países.
Mientras tanto, Madrid presume de ser la punta de lanza del autoconsumo, con cerca del 7% de la energía que consume producida dentro de sus límites. ‘Es una cifra superior a la de París o Berlín’, apunta Novillo, que defiende la expansión de las renovables con un mapa de acogida que preserva olivares y viñedos. Pero el impulso fotovoltaico choca con la falta de almacenamiento y con el cuello de botella de la red de distribución.
El recuerdo del gran apagón del año pasado —que dejó a media España sin suministro— pesa en la memoria del consejero. Aquel día, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y él tuvieron que correr al 112 desde Guadalix de la Sierra. ‘Fue tremendo, pero comprobamos que nuestros planes de contingencia funcionaron’, relata. Y es que Madrid lleva años preparando protocolos para hospitales e infraestructuras críticas, incluido un plan de supervivencia del 112 de 15 días sin contacto exterior.
Un año después, asegura que se han incorporado lecciones aprendidas, como la mejora de los equipos electrógenos en centros sanitarios o la coordinación de rescates en ascensores —aquel día hubo 500—. Pero la mayor lección es otra: ‘Si por el agua no pudiéramos dar suministro a una casa, me sentiría fatal. Con la electricidad está pasando, y no puede ser’.
La guerra de los centros de datos contra la planificación centralizada
La entrevista con Carlos Novillo deja entrever una pugna soterrada entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por el modelo de desarrollo energético. Mientras el Ministerio apuesta por una transición ordenada que prime la descarbonización industrial, Madrid reclama flexibilidad para no perder el tren de la inteligencia artificial. El resultado es un bloqueo que, a juicio del consejero, perjudica a todo el país.
No es la primera vez que la rigidez de la planificación eléctrica genera tensiones territoriales. Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana han vivido situaciones similares ante la avalancha de proyectos renovables. Pero el caso de Madrid es particular porque no se trata de parques eólicos o plantas solares, sino de infraestructuras digitales que consumen enormes cantidades de energía y exigen una seguridad de suministro casi militar.
Los CPD son, en esencia, fábricas de datos. Y como toda fábrica, necesitan un flujo eléctrico ininterrumpido. La decisión del Gobierno de no darles prioridad puede interpretarse como una medida para evitar la especulación —se han llegado a solicitar conexiones por el doble de la potencia demandada—, pero también como una falta de visión estratégica. La UE acaba de aprobar la Net-Zero Industry Act, que busca atraer la fabricación de tecnologías limpias a Europa. Dejar escapar la inversión en datos hacia Portugal o Marruecos es un lujo que España no puede permitirse.
Creo que el Ministerio debería escuchar a las comunidades y convocar de una vez una mesa de trabajo. La planificación energética no puede ser una losa burocrática. Si Madrid es capaz de tramitar expedientes de Red Eléctrica más rápido que nadie, quizá el problema no está en la región, sino en una normativa que no se ha adaptado a la velocidad de la economía digital. La clave, como apunta Novillo, es separar el grano de la paja con un análisis serio de madurez de proyectos, pero para eso hace falta interlocución.
El día que un gran fondo de inversión decida construir su centro de datos en Lisboa en lugar de en San Fernando de Henares, la pérdida será irreversible. Y entonces ya no valdrá con mandar cartas a Aagesen.
