La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha recortado sus previsiones de producción de crudo ruso para 2026 y 2027. El motivo: los ataques con drones ucranianos contra refinerías y centros de almacenamiento siguen mermando la capacidad exportadora de Moscú, según confirma su último informe mensual.
En 2025, Rusia produjo una media de 9,2 millones de barriles diarios, una cifra que ya reflejaba el impacto acumulado de dos años de sanciones y sabotajes. Sin embargo, la AIE considera que ese ritmo no se mantendrá. Los bombardeos constantes sobre las regiones de Rostov, Krasnodar o la propia Moscú han dañado infraestructura de almacenamiento y refino, reduciendo la capacidad efectiva de bombeo.
El informe, publicado el viernes 10 de julio, no detalla la magnitud exacta del recorte, pero sí subraya que la incertidumbre sobre la capacidad de reparación de las instalaciones dañadas añade un elemento de volatilidad a las proyecciones. La agencia con sede en París advierte de que «los continuos ataques a refinerías, almacenamiento y activos de transporte» están erosionando la base productiva rusa.
La ofensiva ucraniana contra el corazón energético de Rusia
Los ataques con drones de largo alcance se han intensificado en los últimos meses. Los UAV de fabricación ucraniana han alcanzado refinerías oleoductos y centros de almacenamiento en el sur y centro del país, según confirman fuentes de inteligencia de fuentes abiertas. Las instalaciones de la petrolera Rosneft en Tuapse y el nodo exportador de Primorsk han figurado entre los objetivos más recientes, aunque el Kremlin mantiene un hermetismo total sobre el alcance real de los daños.
Esta estrategia de desgaste persigue un doble objetivo militar y económico. Por un lado, busca asfixiar las líneas de suministro que alimentan la maquinaria bélica rusa y, por otro, reducir los ingresos por exportación de hidrocarburos, que representan alrededor del 40% del presupuesto federal. Según analistas consultados, el impacto acumulado de los sabotajes podría haber restado ya entre 200.000 y 400.000 barriles diarios de capacidad nominal, aunque las cifras oficiales rusas siguen sin reflejar esa merma.
La AIE, sin embargo, no cifra el coste económico exacto de los daños. Sí apunta a que las reparaciones en algunas instalaciones podrían prolongarse durante meses, especialmente en aquellas afectadas por ataques repetidos. La dependencia de tecnología occidental para la restauración de ciertos equipos complica aún más la recuperación, dado el régimen de sanciones vigente.
La capacidad productiva rusa se enfrenta a un deterioro estructural que no se revertirá con el fin de los ataques si no se aceleran las reparaciones.
El impacto en los precios y en el mercado español

El recorte de las previsiones de la AIE llega en un contexto de mercado tenso. La demanda mundial de petróleo sigue robusta —se estima un crecimiento superior al 1,2% en 2026— y la oferta de los países de la OPEP+ apenas cubre el déficit heredado de los recortes voluntarios de Arabia Saudí y sus aliados. Una menor producción rusa añade presión a un equilibrio ya frágil, lo que podría traducirse en una escalada de los precios en el segundo semestre del año.
Para España, el séptimo importador de crudo de la OCDE, la situación es especialmente sensible. Las importaciones de crudo ruso representan una parte marginal del mix desde la prohibición comunitaria, pero la reducción de la oferta global afecta directamente a la cotización del Brent, referencia para las compras españolas. En las últimas sesiones, el barril de Brent se ha instalado por encima de los 90 dólares, un nivel que no se veía desde la ola inflacionista de 2023.
El encarecimiento del crudo se traslada con un desfase de dos o tres semanas a los surtidores de gasolina y gasóleo en España. De mantenerse la presión alcista, el litro de gasolina 95 podría superar los 1,75 euros antes de septiembre, según cálculos de la patronal del sector. El impacto en la inflación subyacente sería limitado pero significativo en un año electoral donde la economía ocupa un lugar central en el debate público.
La AIE no ha modificado sus proyecciones de demanda para Europa, pero sí ha señalado que la menor producción rusa obligará a recurrir a más importaciones de Oriente Medio y Estados Unidos, con los consiguientes costes logísticos y de transporte.
Análisis: la guerra energética como nuevo vector geopolítico
El informe de la AIE confirma una tendencia que los mercados llevan meses descontando. Los ataques ucranianos han convertido la infraestructura energética rusa en un campo de batalla más, difuminando las líneas entre un conflicto convencional y una guerra económica de desgaste. La dependencia casi absoluta del presupuesto ruso de los ingresos del petróleo —el sector energético aporta más del 35% de los ingresos fiscales— convierte a cada barril no producido en un golpe directo a la capacidad de gasto militar del Kremlin. Sin embargo, la estrategia no está exenta de riesgos. Un encarecimiento sostenido del crudo beneficia indirectamente a Moscú aunque sus volúmenes de exportación disminuyan, siempre que logre sortear las sanciones y mantener abiertas las rutas de suministro a Asia. La flota fantasma —buques viejos asegurados por compañías opacas— sigue operando y podría amortiguar parte del impacto.
Desde el punto de vista de la seguridad energética europea, la lección es ambivalente. Por un lado, la menor disponibilidad de crudo ruso acelera la diversificación de fuentes y la apuesta por las renovables; por otro, encarece la factura energética de los hogares y la industria en un momento de debilidad económica. Las refinerías españolas, que ya operan con márgenes estrechos, verán presionados sus costes de aprovisionamiento si el Brent se mantiene por encima de los 85 dólares.
La guerra de Ucrania ha trasladado la batalla al corazón del suministro energético global, y los mercados aún no han calibrado del todo sus consecuencias estructurales.
El verdadero riesgo, advierten analistas de casas como Goldman Sachs y Citi, no está tanto en los barriles que Rusia deje de producir hoy, sino en la destrucción de capital fijo. Cada refinería o terminal de almacenamiento inutilizada de forma permanente reduce la capacidad productiva a largo plazo, encareciendo la prima de riesgo geopolítica del crudo y haciendo más volátiles los precios en cualquier escalada del conflicto. La AIE lo ha puesto negro sobre blanco: la ecuación energética rusa ha cambiado, y 2027 puede ser el año en que se materialice un déficit productivo difícil de cerrar sin una desescalada militar o un replanteamiento del tablero de sanciones.
Mientras tanto, la cotización del Brent y los sucesivos informes de la AIE se convertirán en un termómetro de la guerra que se libra a 2.500 kilómetros de Madrid, pero cuyas ondas sísmicas se miden en euros en el bolsillo de los consumidores españoles.




