Seis años después del despliegue masivo de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para salvar al tejido productivo de la pandemia, la factura empieza a asomar con cifras de infarto. Los últimos datos del Banco de España revelan que, al cierre de 2025, el saldo vivo de estos préstamos ascendía a 24.100 millones de euros. De ellos, el 31,1% ya es dudoso —es decir, más de 12.000 millones en una situación que la banca considera de impago probable—. Una losa que pone a prueba la solvencia de las entidades financieras y la viabilidad de miles de pymes justo en el año en que empiezan a acumularse los vencimientos más complejos.
Las cifras del supervisor no dejan margen a la interpretación: de los 24.100 millones pendientes, un 19,7% se encuentra en vigilancia especial por su elevado riesgo y el mencionado 31,1% ya ha cruzado la línea de la morosidad. En total, más de la mitad de la cartera viva —el 50,8%— está bajo algún tipo de alerta. Puestos en contexto, esos 12.000 millones equivalen a casi la mitad de la morosidad total que soporta el conjunto de la banca española, según los registros de la autoridad monetaria. El problema no solo es de volumen, sino de calendario: la gran mayoría de esos préstamos de difícil cobro vence a partir de este mismo 2026, después de que varias prórrogas extendieran el plazo máximo hasta los diez años.
La paradoja es que muchas de las empresas afectadas no son zombis, sino compañías que han conseguido recuperar cierta rentabilidad operativa, pero sin margen de caja para absorber de golpe una devolución que, en muchos casos, llega tras años de carencia. Sergio Gutiérrez, socio del departamento de Reestructuraciones de Lener, lo resume así: «Son operativamente viables, pero no generan caja suficiente para afrontar esos vencimientos acumulados». Su despacho ya detecta «un incremento muy significativo» de las conversaciones entre empresas y entidades financieras para anticipar soluciones antes de que se materialice el impago.
Francisco de Borja Ruiz-Mateos Albarrácin, responsable de Reestructuración e Insolvencia de López-Ibor DPM Abogados, añade otro matiz relevante: la propia configuración de los avales ha convertido lo que nació como liquidez a corto plazo en «deuda casi estructural» para aquellas compañías de sectores más golpeados o de recuperación más lenta. «Según las circunstancias financieras actuales, pueden tener dificultades para atender el vencimiento —explica—, y la causa de fondo es en gran parte consecuencia de la propia línea de avales ICO».
Detrás de cada expediente hay una empresa que se enfrenta al dilema de seguir viva y no poder pagar. Sin una solución de calado, el muro de vencimientos amenaza con convertir la cartera dudosa en un quebradero en en el sistema bancario muy superior al que reflejan los balances actuales.
Más de 12.000 millones de euros en créditos dudosos representan casi la mitad de la morosidad total del sistema bancario y la mayor parte vence entre este año y 2030.
Las vías para resolver el embrollo chocan a menudo con las características del programa. La refinanciación bilateral parece la salida más obvia, pero tiene un inconveniente de peso: si el banco renegocia sin el paraguas público, pierde la garantía y asume el riesgo por completo. Fuentes del sector reconocen que esa opción solo se aplica cuando la viabilidad de la empresa está fuera de toda duda, algo que no abunda precisamente entre quienes arrastran estos créditos.
La alternativa que gana terreno en los despachos de abogados es la reestructuración integral del pasivo, incluida la deuda ICO, al amparo del nuevo marco concursal. Juan José Nieto, presidente y socio fundador de NK5, advierte, sin embargo, de que «esta opción opera con condicionantes estrictos, entre ellos la necesidad de solicitar autorización a la Agencia Tributaria para evitar riesgos sobre la validez futura del aval público». En la práctica, muchas empresas se encuentran atrapadas entre la urgencia del vencimiento y los plazos que exige un plan de reestructuración homologado judicialmente.
Por su parte, el ICO insiste en que aún existe margen de maniobra sin necesidad de llegar a soluciones traumáticas. Recuerdan que la normativa permite extender el período de amortización dentro de los límites del marco temporal europeo —8 o 10 años según la tipología de la operación— y ajustar el calendario de cuotas para aliviar la tesorería. «El objetivo es facilitar una gestión ordenada y acompañar a empresas y autónomos en la devolución», señalan fuentes de la entidad pública, aunque esos plazos ya están cerca de alcanzar su techo.
24.100 millones pendientes y un aluvión de vencimientos en 2026
Los números que maneja el Banco de España confirman que la llamada «deuda Covid» no se ha evaporado. De los más de 100.000 millones que se llegaron a movilizar con aval público durante la pandemia, 24.100 millones seguían vivos a finales de 2025. La parte más preocupante se concentra en el tramo dudoso: 7.500 millones (el 31,1% del saldo) ya están reconocidos como morosos, y otros 4.700 millones (19,7%) permanecen bajo vigilancia especial. Sumados, el 50,8% del remanente presenta un perfil de riesgo elevado, lo que equivale a unos 12.200 millones de euros.
Este volumen de crédito problemático no solo compromete las cuentas de las entidades —que ya han dotado provisiones, pero deberán aumentarlas si la mora se consolida—, sino que amenaza con ralentizar la concesión de nueva financiación a las pymes. Los bancos se ven atrapados entre la obligación de sanear sus balances y la presión para no estrangular a empresas que, con un poco de oxígeno, podrían seguir siendo clientes viables a medio plazo.
La encrucijada de las pymes: viables pero sin caja para pagar la deuda
El perfil de empresa que más inquieta a los analistas no es el del negocio fallido, sino el del que ha sobrevivido a la pandemia pero no ha podido reconstruir un colchón de liquidez suficiente. Muchas de estas compañías arrastran, además, una mayor carga financiera porque su recuperación fue más lenta o porque pertenecen a sectores que normalizaron tarde sus márgenes —hostelería, comercio minorista, ocio nocturno—. La deuda ICO, que originalmente se pensó como un salvavidas temporal, se ha enquistado en su balance y ahora vence de golpe.
Sergio Gutiérrez, de Lener, apunta que el escenario «evolucionará desde simples refinanciaciones hacia auténticos procesos de reestructuración financiera al amparo de la nueva Ley Concursal, mediante planes de reestructuración homologados judicialmente». Estos instrumentos permiten ordenar el pasivo en su conjunto, extender vencimientos y, si es necesario, arrastrar a los acreedores disidentes. Pero la herramienta exige tiempo, diagnóstico financiero riguroso y, en muchos casos, dinero fresco, tres ingredientes que no siempre están al alcance de una pyme que ya llega con el agua al cuello.
La banca ante el muro de los 12.000 millones: ¿ola de concursos o reestructuraciones ordenadas?
El verdadero test para el sistema financiero español no consiste solo en absorber pérdidas, sino en gestionar una crisis de crédito con un volumen de afectados tan atomizado. A diferencia de la crisis inmobiliaria de 2008, ahora el problema no se concentra en el ladrillo, sino en un tejido de pequeñas y medianas empresas que emplean a millones de trabajadores. Un repunte desordenado de concursos de acreedores no solo erosionaría la solvencia bancaria; se llevaría por delante empleo, proveedores y consumo en muchas comarcas.
La palanca más prometedora está, como sostiene Ruiz-Mateos, en utilizar «el marco español tras la reforma concursal, que permite homologar acuerdos transversales con reparto del sacrificio —incluido el tramo con aval— y proteger el dinero nuevo». Si los agentes logran anticipar los vencimientos y articular soluciones antes de que los créditos se consideren fallidos, España podría atravesar este muro de vencimientos sin un pico de insolvencias que dañe la confianza en el sistema. La clave estará en la anticipación, una cualidad que no siempre abunda cuando el calendario aprieta y las oficinas de los juzgados mercantiles siguen congestionadas.
Mientras tanto, los despachos de abogados y las entidades financieras se preparan para un 2026 y un 2027 cargados de negociación. Por cada empresa que logre reestructurarse con éxito, habrá otra que no encuentre más salida que el concurso. La diferencia entre ambos desenlaces puede medirse, en última instancia, en la capacidad de la banca para ser selectiva y acompañar con nuevo crédito a quienes demuestren un proyecto de viabilidad creíble. Aunque para eso haga falta lo que muchos no tienen: tiempo.
