Estados Unidos ha puesto la primera piedra legislativa para convertir a bitcoin en un activo de reserva nacional. Un grupo de congresistas ha presentado este jueves la American Reserve Modernization Act (ARMA), un proyecto de ley que obligaría al Tesoro a crear y mantener una reserva estratégica de un millón de bitcoins durante al menos 20 años, con una prohibición total de venta durante ese periodo. La iniciativa pretende centralizar todas las monedas que el gobierno ya custodia —provenientes de incautaciones o compras— bajo un mismo techo y blindarlas frente a decisiones políticas futuras.
Según el borrador conocido, la norma no solo impide vender ni un solo bitcoin, sino que ordena consolidar las tenencias dispersas en distintas agencias federales en una sola cartera bajo control directo del Tesoro. El objetivo declarado es ofrecer estabilidad a largo plazo y evitar que cambios de administración liquiden el patrimonio digital adquirido por el Estado. “Es como si Fort Knox tuviera una versión digital, pero en lugar de lingotes, guarda claves criptográficas”, explican fuentes cercanas a la propuesta.
Qué propone exactamente la ley ARMA
La American Reserve Modernization Act se estructura en tres pilares. Primero, fija el mandato de acumular progresivamente 1 millón de bitcoins, una cifra que equivale a cerca del 5% de todo el suministro máximo de la criptomoneda (21 millones). Segundo, blinda esa reserva durante un mínimo de 20 años: ni el presidente, ni el Congreso, ni el Tesoro podrían autorizar su venta. Tercero, crea un marco de transparencia para que la reserva sea auditada periódicamente por una entidad independiente.
A día de hoy, Estados Unidos posee unos 200.000 bitcoins procedentes de operaciones contra el cibercrimen o de decomisos como el del mercado Silk Road. Con esta ley, esas monedas pasarían a formar parte del nuevo fondo, y el Tesoro debería adquirir los 800.000 restantes de forma progresiva, aprovechando los excedentes fiscales o mediante emisiones de deuda si fuera necesario. La prohibición absoluta de venta lo convierte en un vehículo de ahorro forzoso, no en un instrumento de mercado.
Por qué un millón de bitcoins y quién se beneficiaría
El número no es casual. Un millón de bitcoins representa una posición de dominio casi inalcanzable para cualquier otro actor soberano. Si la ley sale adelante, Estados Unidos controlaría una porción del activo digital más escaso del planeta similar a la que tiene con las reservas de oro. La señal para los inversores institucionales sería rotunda: bitcoin se consolida como reserva de valor estratégica respaldada por la principal potencia económica mundial.
“Cuando Estados Unidos dice que no venderá en 20 años, el mercado entiende que hay un comprador permanente que retira oferta de la circulación”, explica un analista de fondos consultado por Merca2. Esto podría acelerar la apreciación del precio y animar a otros países a replicar la medida, especialmente aquellos que ya han mostrado interés, como Emiratos Árabes o Suiza. Sin embargo, también introduce un riesgo de concentración: si el mayor tenedor es un Estado, la descentralización que dio origen a bitcoin se diluye al menos en su gobernanza indirecta.
El análisis de Merca2: ¿un blindaje definitivo o un gesto simbólico?
La propuesta llega en un momento en que el gobierno ya custodia una cantidad significativa de criptomonedas, pero carece de una política clara sobre qué hacer con ellas. Hasta ahora, la práctica habitual era subastar los bitcoins confiscados, inyectando liquidez esporádica al mercado y generando incertidumbre. La ley ARMA pretende sustituir ese goteo de ventas por una acumulación ordenada y transparente.
Desde esta redacción creemos que, tras varios intentos fallidos de crear una reserva estratégica bajo la anterior administración, la presentación de este proyecto de ley supone el movimiento legislativo más serio hasta la fecha. El apoyo bipartidista que mencionan sus promotores es una ventana de oportunidad, pero el camino parlamentario es estrecho: el calendario electoral y las tensiones presupuestarias pueden relegar la votación al cajón de las promesas incumplidas. Aun así, el mero hecho de que un grupo de congresistas respalde una reserva blindada de bitcoin durante dos décadas refleja que la narrativa ha cambiado dentro del establishment financiero.
El mayor interrogante es si el mercado interiorizará la prohibición de venta como una certeza jurídica o como una cláusula que podría modificarse con otra ley futura. Por ahora, la señal es inequívoca: el debate sobre la reserva estratégica de bitcoin ha pasado de los foros libertarios a las salas del Congreso. El resto dependerá de los votos, no de la voluntad.
